El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este miércoles una norma que elimina las restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de una escalada de protestas y bloqueos de rutas que ya llevan 22 días. La decisión se produce en un contexto de creciente tensión social, desabastecimiento y denuncias por muertes vinculadas a la crisis. La ley fue publicada en la Gaceta Oficial horas después de su aprobación en la Cámara de Diputados, que la debatió de forma virtual. La iniciativa ya había recibido el visto bueno del Senado durante el fin de semana.
"El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo", dijo este miércoles el mandatario en un acto público en La Paz.
Con esta medida, el gobierno deja sin efecto la ley 1341 sobre estados de excepción, vigente desde octubre de 2020, que establecía límites claros para el uso de militares en el control de disturbios civiles.
La derogación de la ley 1341implica que el Ejecutivo recupera mayor margen para disponer de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflicto, aunque la promulgación no activa automáticamente un estado de excepción.
Según legisladores oficialistas, el presidente ahora puede recurrir a ese mecanismo constitucional si la situación lo requiere, especialmente ante los focos de tensión en regiones andinas como La Paz, Oruro y Potosí.
El marco legal anterior establecía que las Fuerzas Armadas solo podían intervenir cuando la Policía hubiera sido superada y no existiera otro medio efectivo para restablecer el orden, además de limitar a 60 días la duración del estado de excepción.
La Constitución boliviana vigente permite declarar esta medida en casos de conmoción interna, pero exige aprobación legislativa en un plazo de 72 horas y prohíbe la suspensión de derechos fundamentales.
Paz apuesta por un consejo multisectorial para enfrentar la crisis
El mandatario boliviano invitó este miércoles a sindicatos, empresarios, mineros y organizaciones religiosas a sumarse al nuevo Consejo Económico y Social, una instancia con la que busca abrir una vía de diálogo.
En su discurso, Paz sostuvo que "no es correcto" que no se permita trabajar a su gobierno, que lleva seis meses en el poder frente a los "245 meses" que tuvieron las Administraciones anteriores, aludiendo a los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
"Quiero invitar a todas las organizaciones sociales (a) que sean parte del Gobierno nacional, a todos, porque solo en el encuentro entre bolivianos podemos dejar nuestras diferencias", enfatizó, sin dar mayores detalles al respecto.
El mandatario destacó que los bolivianos siempre deben dialogar antes de la confrontación y subrayó que el consejo creado este miércoles será el escenario para escuchar a la diversidad de los sectores.
No obstante, también advirtió que tiene "instrumentos constitucionales", en alusión a la promulgación de la ley.
Protestas en Bolivia y presión sobre el gobierno
Las protestas Bolivia son impulsadas por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Morales. Las movilizaciones comenzaron en La Paz y se extendieron a Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.
Miles de campesinas marcharon este miércoles por las calles del centro de La Paz, donde se unieron en una sola protesta con choferes en huelga que paralizaron el transporte público.
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas.
Desde el Ejecutivo se ha señalado que el estado de excepción será una “última opción” si fracasa el diálogo con los sectores movilizados. Sin embargo, la tensión continúa en aumento. La Fiscalía investiga la muerte de un hombre por un disparo durante un operativo para despejar una ruta. Además, autoridades denunciaron que los cortes provocaron la muerte de cuatro personas, incluido un niño de 12 años, al impedir el acceso a atención médica.
Con información de EFE y AFP
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