El presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunció ayer sábado la imposición del estado de excepción en Bolivia “para liberar las carreteras del país”, tras siete semanas de protestas y bloqueos de carreteras de sectores afines al exmandatario Evo Morales, que exigen su renuncia.
Paz anunció la medida con un mensaje en sus redes sociales y otro televisado, horas después de firmar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para “pacificar” el país, que fue rechazado por los otros dos sectores en conflicto: los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores del populista Morales.
“He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, escribió el gobernante en sus redes sociales.
Paz aseguró que esta medida “no pretende quitar la normalidad, sino devolverla”, y que su Gobierno mantendrá las puertas “abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe”.
“Mientras tanto, Bolivia necesita recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad”, agregó el presidente.
En el mensaje televisado, Paz explicó que instruyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas que ejecuten “las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”.
El presidente reiteró su acusación de que detrás de esto hay “estructuras políticas organizadas” que operan desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Evo Morales en el centro del país.
La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideraron desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente sumando luego el respaldo de sectores afines a Morales. El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.
Militares de Bolivia comenzaron ayer sábado, junto a la policía, a levantar las barricadas de los manifestantes en virtud del estado de excepción decretado por el presidente Paz. El estado de emergencia de 90 días restringe el derecho a manifestar y permite desplegar al ejército.
A primera hora del sábado, periodistas de la AFP en la ciudad de El Alto vieron cómo la policía antimotines y las excavadoras intervenían para despejar una barricada de piedras, troncos y escombros.
Dos tanquetas militares se sumaron al convoy policial para avanzar en una ruta que conecta con el sur del país y el norte chileno e ir limpiando escombros, piedras y troncos dejados por los manifestantes. Algunos residentes aplaudieron a los escuadrones de agentes armados que llegaron a bordo de camionetas.
En La Paz, un puñado de policías y personal de la Armada custodiaban el palacio presidencial, mientras que unidades de la policía se encontraban apostadas en varios puntos de la ciudad.
Proponen llevar a Evo Morales a un juicio
El gobierno de Bolivia dijo ayer sábado que el expresidente izquierdista Evo Morales deberá enfrentarse a la justicia por promover las movilizaciones antigubernamentales que durante más de seis semanas han paralizado el país. La administración del centroderechista Rodrigo Paz culpó al exgobernante por las protestas y bloqueos de carreteras en las que se exigen la dimisión del mandatario.
“Con Evo Morales, la ley, con el narcoterrorismo, la ley. Ya haremos las operaciones que sean necesarias en el momento debido”, afirmó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, entrevistado por el canal Unitel.
Con información de EFE y AFP
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