España ya impone multas por dejar perros y gatos en balcones y terrazas durante un tiempo prolongado

En un esfuerzo por garantizar el bienestar de las mascotas, el Gobierno de España estableció condiciones específicas para la tenencia de animales en el hogar. La Ley de Bienestar Animal española es la legislación que marca las pautas para proteger a perros, gatos y otros animales domésticos, y en este marco, los infractores pueden estar expuestos a sanciones económicas severas.

Hay aproximadamente 15 millones de animales de compañía en el territorio español, detalló un estudio llevado a cabo en 2026 por el Ministerio de Derechos Sociales. Según el informe, los perros siguen siendo el animal de compañía más habitual en España, con más de siete millones y medio de caninos (7.562.893) que representan el 50 % de todos los animales de compañía registrados en 2025.

Desde la aprobación de la Ley de Bienestar Animal en 2023, el ilegal en España mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos.

La ley establece que, cuando los animales de compañía se mantengan en espacios abiertos, sus responsables deben garantizar condiciones adecuadas para su cuidado. Esto implica proporcionar refugios que los protejan de las inclemencias del tiempo y ubicarlos de manera que no estén expuestos de forma prolongada al sol, la lluvia o el frío extremo. Además, estos espacios deben ser acordes al tamaño y las necesidades del animal, y se debe asegurar en todo momento el acceso a agua, alimento y condiciones higiénico-sanitarias apropiadas.

Por otro lado, la normativa también pone el foco en la seguridad, especialmente en el caso de perros considerados de manejo especial tras evaluaciones de comportamiento. En esos casos, los espacios privados donde viven deben contar con medidas suficientes para evitar fugas o posibles agresiones, con el objetivo de proteger tanto al propio animal como a terceros.

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La normativa instauró un sistema de sanciones en función de la gravedad de la infracción. Las faltas leves pueden ser castigadas con un apercibimiento o multas que van desde 500 hasta 10.000 euros, mientras que las graves implican sanciones económicas más elevadas, entre 10.001 y 50.000 euros. En el caso de las infracciones muy graves, las multas pueden alcanzar entre 50.001 y 200.000 euros. Además, si una infracción leve se repite o es continuada, ya no se admite el apercibimiento como sanción y se pasa directamente a la multa.

La normativa también prevé que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas puedan ajustar o precisar el sistema de sanciones mediante reglamentaciones, sin modificar su esencia. Asimismo, establece que el dinero recaudado por las multas debe destinarse a políticas y acciones orientadas a la protección animal.

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Más allá de las multas, la ley contempla una serie de sanciones que pueden aplicarse según la gravedad de los hechos. Entre ellas se incluyen la retirada del animal y su traslado a un centro de protección, la confiscación de instrumentos utilizados en la infracción o la retirada de armas y licencias. También pueden imponerse suspensiones temporales de permisos, la clausura de establecimientos o la inhabilitación para trabajar con animales o tenerlos durante varios años, con plazos más largos en los casos más graves o en situaciones de reincidencia.

Por último, la ley incorpora medidas de carácter educativo y social, como la obligación de realizar cursos de formación en bienestar animal o trabajos en beneficio de la comunidad. En los casos en que se hayan utilizado armas o explosivos, se da intervención a la Guardia Civil.