De despachar nafta y trabajar en un bar a ejercer como médico: el duro camino de la migración sanitaria en España

Ofreuddys Daniel Estrada Leal se había desempeñado como médico en Venezuela antes de emigrar a España, donde su carrera quedó en pausa durante casi dos años debido a trámites administrativos. Mientras aguardaba la homologación de su título, trabajó como despachante de combustible en estaciones de servicio, como auxiliar administrativo en CaixaBank y también como camarero en horario nocturno. “Fueron años de esfuerzo, adaptación y perseverancia”, recuerda. El día que recibió el correo que confirmaba la validación de su título se encontraba en el banco, en Navarra. “Ese mensaje representó la oportunidad de volver a ejercer mi profesión”, señala.

Como él, son muchos los médicos migrantes que pasan por un largo proceso para poder ejercer en España y se han convertido en una pieza cada vez más importante del engranaje del sistema sanitario. Según cifras de la Organización Médica Colegial (OMC) aportadas a El País de Madrid, ya son más de 30.000 colegiados (de los 331.864 actuales) los que nacieron fuera de España, un número que se queda corto porque no todas las provincias tienen el dato desagregado. Esto supone prácticamente uno de cada 10 facultativos, una proporción que se duplica en Madrid y Cataluña, las comunidades con más médicos foráneos. La gran mayoría de ellos proceden de fuera de la Unión Europea. Sobre todo de América Latina, con Venezuela, Colombia y Cuba a la cabeza.

No existen cifras oficiales que permitan medir con rigor la evolución a lo largo de los años. Pero todas las fuentes consultadas —sindicatos, OMC y médicos de la pública y la privada— coinciden en señalar un aumento creciente desde la pandemia. Hay, además, varias cifras que apuntalan la tesis: hace tan solo tres años, en el Sistema Nacional de Salud había poco más de 15.000 médicos nacidos fuera de España, según un informe del Ministerio de Sanidad. Y, según las estadísticas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las homologaciones favorables de Medicina pasaron de 3.152 en 2017 a 8.845 en 2023; fueron 8.865 en 2024 y alcanzaron su récord histórico el año pasado, con 30.303 (se puede homologar sin llegar a ejercer en el país, pero a menudo es un primer paso). Muchos de esos profesionales reclaman el reconocimiento, pero no necesariamente acaban trabajando o viviendo en España.

El mismo informe de Sanidad también reflejaba un déficit de facultativos en España que el año que viene llegará a los 9.000. Sobre todo, médicos de familia. Y es esa una de las especialidades donde más frecuentemente se recurre a los extranjeros. Pero hay un problema: muchos entran a trabajar en el sistema público sin la especialidad homologada.

La homologación del título de Medicina no resuelve todo. Permite ejercer como médico, pero no equivale automáticamente al reconocimiento de una especialidad, teóricamente imprescindible para ejercer en el sistema público. Pero en la práctica está sucediendo. Desde la pandemia se autorizó la contratación por necesidades extraordinarias de profesionales sin especialidad, y desde entonces, esto no ha parado de crecer, según denuncian tanto los sindicatos como las organizaciones médicas.

La doctora Rami Ahmadi, estadounidense de origen iraní, conoce bien ese laberinto. Se formó como pediatra en Estados Unidos, de donde decidió salir junto a su familia en 2020, preocupada por la violencia en los colegios de ese país. Ahora trabaja en un centro de salud público de la Comunidad Valenciana donde ejerce de pediatra sin tener homologada su especialidad, a pesar de haber ejercido durante 20 años.

Foto: Santi Burgos/El País de Madrid.

El problema es que la residencia en buena parte de América para un pediatra es de tres años, y en España de cuatro. “Poder homologar mi especialidad sería casi imposible. Es un proceso bastante complicado y largo. Y eso dificulta poder trabajar en ciertos sitios”, explica Ahmadi, que también es portavoz de la plataforma Homologación Justa Ya.

Consultadas por este diario, la mayoría de las comunidades no han concretado el número de médicos sin especialidad que tienen contratados. País Vasco y Cantabria aseguran que no tienen ninguno. Castilla-La Mancha lo cifra en un 4,73% de los alrededor de 10.000 de su sistema público. “Es un porcentaje enormemente dinámico al engrosar estos profesionales muchos de los contratos de sustitución, ya que, en línea con el mandato del Tribunal Supremo consolidado en la jurisprudencia, es prioritario mantener la asistencia”, justifica un portavoz. Se refiere a una sentencia de los noventa que determina que “circunstancias extraordinarias pueden justificar la contratación de un médico no especialista para un puesto que requiera especialidad”.

El caso de Víctor Rodrigues, traumatólogo venezolano en Euskadi, muestra otra cara de la misma moneda. Se formó en la Universidad Central de Venezuela, hizo medicina rural, cinco años de residencia en Traumatología en el Hospital Universitario de Caracas y un año adicional de fellowship en cirugía artroscópica y reemplazos articulares. Llegó a España en 2019 para trabajar en la Clínica Santa María de la Asunción, en Tolosa, un centro concertado cuya actividad, según explica, es casi por completo pública, atendiendo a pacientes de Osakidetza, el sistema sanitario público del País Vasco. Desde 2021 es jefe del servicio de Traumatología y Ortopedia.

Durante años, sin embargo, ejerció en la práctica como traumatólogo sin tener aún reconocida oficialmente la especialidad en España. El reconocimiento llegó en 2024, después de un proceso largo y de una rotación de nueve meses en el Hospital Donostia, en una pasantía de ocho horas diarias y sin remuneración, que compaginó con su jornada completa en Tolosa. Para entonces, asegura, había realizado unas 1.200 cirugías en España. “Venimos a trabajar duro para sostener y mejorar el sistema de salud. Al resolver estos casos complejos a nivel local, ayudamos a descongestionar la red principal y garantizamos una atención pública cercana y de alta calidad”, asegura.

Foto: Javier Hernández/El País de Madrid.

Su caso sirve para ilustrar la zona gris en la que se está moviendo una parte del sistema. Para los profesionales migrantes, el reconocimiento llega tarde, mientras que para los sindicatos médicos, el problema es que las administraciones están usando esas situaciones para cubrir necesidades estructurales con fórmulas que deberían ser excepcionales y que no garantizan la competencia de los profesionales que se incorporan al sistema.

“Tenemos una normativa española y europea que exige a los médicos tener, además de la formación de grado, una especialización vía MIR o reconocida como equivalente para trabajar como especialistas en la sanidad pública. Es obligación vigilarlo y respetarlo”, sostiene Víctor Pedrera, representante de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Según su organización, el fenómeno de médicos sin especialidad reconocida en España que están ejerciendo en servicios públicos de salud “va creciendo año tras año” y se concentra sobre todo en medicina familiar y comunitaria, urgencias hospitalarias y pediatría de atención primaria.

Pedrera señala especialmente a Cataluña, aunque asegura que el fenómeno también se observa en comunidades y zonas muy tensionadas, como Murcia, Baleares, Andalucía o áreas de costa. “Apenas un par de comunidades pueden garantizar que no tienen médicos contratados sin formación MIR”, afirma.

Las “necesidades del servicio” en las que se escudan las administraciones “deberían ser una excepción, se convierten en norma”, critica Pedrera. A su juicio, la contratación de médicos sin especialidad homologada se debe, en primer lugar, a una mala planificación de plazas MIR durante años. Después, a la jubilación de la generación del baby boom. Y ahora, añade, un tercer factor cada vez más determinante: la incapacidad de la sanidad pública para retener a sus propios especialistas jóvenes, que ante la presión asistencial y los salarios prefieren irse al extranjero o a la privada antes que cubrir determinadas plazas, especialmente las de medicina familiar en la España vaciada.

Sea por lo que fuere, la realidad es un sistema sanitario tensionado —tanto el público como el privado— que se está apoyando en médicos extranjeros para funcionar. Sin ellos, las listas de espera y las demoras para las citas se multiplicarían.

Rodrigues lo vivió de una forma paradójica: mientras el sistema no terminaba de reconocerle como traumatólogo, se beneficiaba de su trabajo como traumatólogo. “Seguimos haciendo esa labor porque no venían médicos de acá”, cuenta. En su hospital comarcal de Tolosa, dice, se operaban prótesis de cadera y rodilla, revisiones complejas y casos que de otro modo habrían acabado en hospitales de referencia. “En zonas más retiradas no vienen los médicos españoles. Quieren grandes ciudades”, concluye.

La otra salida frecuente para los médicos sin especialidad es la privada, donde la especialidad no es un requisito imprescindible, no ya en la práctica, sino tampoco en la teoría. Es donde terminó Ofreuddys Estrada que, tras pasar por la gasolinera, el banco y el bar, acabó como médico general en una clínica privada de Madrid, después de haber pasado por Andalucía.

Ya sea viendo pacientes privados, como Estrada; operando rodillas, como Rodrigues, o atendiendo a niños, en el caso de Ahmadi, la presencia de los médicos extranjeros en España es una realidad creciente. La cuestión es cómo integrarlos sin improvisación y con todas las garantías, tanto para ellos como para los pacientes.

Pablo Linde, El País de Madrid