Un juez de la Audiencia Nacional española imputó ayer lunes a 25 personas, entre ellas Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el principal grupo empresarial estatal, por el caso que investiga una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez o al partido socialista (PSOE).
La investigación que lleva a cabo el juez Santiago Pedraz se conoce como “caso Leire” en alusión a la principal investigada, la exmilitante socialista Leire Díez, encausada por posibles maniobras contra fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), un grupo de élite de la Guardia Civil que investigan casos relacionados con el Gobierno y el PSOE, y por presuntas coimas en contratos públicos.
Díez fue detenida en diciembre de 2025 y después fue puesta en libertad condicional junto al empresario Antxon Alonso y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, una sociedad estatal que tiene participación total o mayoritaria en catorce empresas públicas, entre ellas la Agencia EFE, Correos o el astillero Navantia, y minoritaria en otras once, como Airbus, Indra, IAG o Telefónica.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los tres habrían llevado a cabo “acciones tendentes al otorgamiento” de una ayuda de 112,9 millones de euros a la empresa industrial Tubos Reunidos durante la pandemia del coronavirus. EFE
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