El próximo 26 de abril entrarán en vigencia las reformas a la Constitución que aprobó la Asamblea Legislativa de El Salvador. Entre otras medidas, se incluye la posibilidad de sentenciar a cadena perpetua a menores a partir de los 12 años, en caso de que sean condenados por delitos como homicidio, femicidio o violación.
La reforma establece "la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil" que existía para graves delitos pero contempla "revisiones periódicas" de la pena perpetua para determinar nivel de rehabilitación y de riesgo para recibir "libertad controlada".
La medida va en una línea de endurecimiento de las penas que ha tenido el gobierno de Nayib Bukele. Según consignó la cadena CNN, el Comité de Derechos del Niño y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia expresó "profunda preocupación" por la aprobación de la reforma.
Desde la organización señalaron que los adolescentes que están en conflicto con la ley deben recibir un trato que priorice su rehabilitación y reintegración a la sociedad, y que la prisión debe mantenerse como último recurso.
"Guerra sin cuartel contra los terroristas"
La reforma fue aprobada a mediados de marzo, frente a un parlamento en el que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, es mayoría.
"Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas", dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.
La propuesta fue entregada en su momento por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, a la Asamblea Legislativa.
“Nuestra guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene (...) Es por eso que estamos solicitando la cadena perpetua para este tipo de criminales”, dijo el ministro, al mencionar también a “homicidas y violadores”.
La enmienda había sido presentada a pocos días de que se cumplan cuatro años de un régimen de excepción que ha dejado 91.500 detenidos, acusados de ser pandilleros.
El estado de excepción es la piedra angular de la política de seguridad de Bukele, que redujo a mínimos históricos los homicidios.
Villatoro arremetió contra las ONG de derechos humanos. "Son unos demonios que representan la maldad y la pobreza y la inseguridad", dijo. "Ya se quitaron recientemente la máscara, ya no son las ovejas” como se “vendían", agregó el ministro.
Con información de AFP
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