La Ciudad de Buenos Aires presentó ayer martes una denuncia penal contra los funcionarios que incumplan el fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la restitución de fondos federales, anunció el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Presentamos una denuncia penal contra todos los funcionarios responsables de efectivizar el fallo. Es un antecedente gravísimo para el país que el presidente se salga con la suya de no cumplir un fallo de la Corte”, dijo Rodríguez Larreta, que se perfila como candidato opositor a las presidenciales del 2023.

“La Justicia es la que tiene que determinar quiénes son los funcionarios responsables. En el fallo está mencionado explícitamente el Banco Nación, y por lo tanto en la denuncia nosotros mencionamos el Banco Nación”, agregó.

El pasado miércoles, el máximo tribunal dictó por unanimidad una medida cautelar que obliga al Estado nacional a restituir al gobierno porteño el 2,95% de los fondos de la denominada coparticipación federal frente al 2,32% actual, por lo que la ciudad debe recibir 180.000 millones de pesos (997 millones de dólares) adicionales a los que ya percibe.

Tras un primer rechazo al fallo, el presidente Alberto Fernández, que contó con el apoyo de 14 gobernadores provinciales, anunció el lunes que finalmente acatará esta resolución judicial, pero a pagar con una serie de bonos del Tesoro durante los próximos 90 días.

En este contexto, Rodríguez Larreta acusó al Gobierno nacional de “hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo”, puesto que, en su opinión, los fondos deben restituirse mediante transferencias directas del Banco Nación y no a través de bonos.

“El fallo es clarísimo: el Gobierno nacional tiene que transferir a la ciudad (...) a través del Banco Nación como con todas las provincias argentinas. En ningún lugar se habilita el pago en bonos, esto no es interpretable”, subrayó.

Durante su intervención, el político opositor cargó duramente contra el presidente, acusándolo de incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia, algo de lo que “no hay antecedentes desde la vuelta a la democracia” en 1983.

“Con esta decisión, el presidente quiebra todo el orden institucional, viola el estado de derecho, la división de poderes... Es realmente un atentado contra la democracia (...). Vamos a ir a fondo con esto, a fondo hasta que se cumpla con la ley, hasta que los funcionarios públicos cumplan con su deber”, aseveró.