UN PAÍS EN CRISIS

Colombia se asoma a un precipicio. Lleva 12 días paralizada por unas protestas que se han extendido a lo largo de todo el territorio en diferentes grados e intensidades. Un fuego soterrado, de múltiples causas, que cuando se apaga en un lado se reaviva en otro.

La inconformidad con Iván Duque, un presidente muy impopular, explica que la gente se echara a la calle el 28 de abril para protestar por la reforma tributaria que pretendía sacar adelante en el Congreso. Los economistas le aconsejaban a Duque una subida de impuestos con la que cuadrar las cuentas después del mazazo que había supuesto la pandemia. Tras cinco días de clamor en las calles y cuando se empezaban a conocer los primeros casos de represión policial, el presidente retiró la reforma y dejó caer al ministro de Hacienda que la había ideado. Era un llamado a la tregua.

Sin embargo, la protesta subió unos grados más. Regiones y ciudades enteras quedaron bloqueadas. Los manifestantes levantaron retenes y barricadas. La policía intentó dispersar a las multitudes con violencia. Por ahora han muerto 27 personas, la mayoría jóvenes, según datos oficiales, y los heridos se acercan al millar. Está probado que los agentes dispararon a gente desarmada. La comunidad internacional ha pedido a Colombia que cese la represión y lleve a los culpables a los tribunales. El Gobierno se escuda en que se producen disturbios y las fuerzas de seguridad repelen agresiones.

Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, trata de descifrar el origen de este estallido social: “Es una causa próxima a la indignación, al inconformismo, al desprecio al Gobierno nacional, sumado a un enorme descontento social. La pandemia añadió, además, un gran sufrimiento a la población”. Restrepo, también director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), considera que hay chispas que avivan el conflicto como la brutalidad policial, el hecho de que el Gobierno esté en manos de un partido minoritario y fragmentado, con agentes radicales en su interior. “Es una multiplicidad de chispas que terminaron encendiendo un fuego de pradera”.

Colombia vivió uno de los encierros más largos del mundo por la pandemia. Se cerraron medio millón de negocios. La pobreza aumentó en 6,8 puntos, hasta el 42,5% de la población. Supuso una década de retroceso. En ese escenario, la gente creyó que una subida de impuestos era injusta, aunque los expertos económicos la consideren necesaria para no aumentar la deuda y redistribuir la riqueza. El 80% de la población se opuso. Duque, que necesitaba del apoyo de partidos independientes para sacarla adelante en el Congreso, ha visto a sus socios desentenderse de una medida muy impopular. Incluso Uribe, su mentor, le ha dado la espalda. Más solo que nunca, Duque decidió de todos modos seguir adelante, convencido de que era lo mejor para el país.

Esa confrontación con la calle ha enardecido al país. Los choques entre manifestantes y policías han sido especialmente intensos en ciudades como Cali, en el Valle del Cauca. La urbe de 2,2 millones de habitantes ha quedado durante días bloqueada por aire y por tierra. Escasean los productos, la gasolina. Los precios de las cosas se han multiplicado por 10. Ha habido saqueos de comercios y quema de bancos y oficinas gubernamentales. Se han abierto corredores humanitarios por los que pasar medicinas y artículos de primera necesidad.

La vicepresidenta del Gobierno, Marta Lucía Ramírez, reconoce al otro lado del teléfono que el Ejecutivo no ha estado muy afortunado a la hora de explicar sus políticas. Dice, por ejemplo, que hay descontento en los jóvenes porque dicen que no pueden acceder gratuitamente a la universidad, pero la realidad es que se le ofrece sin costo a los estudiantes de los estratos uno, dos y tres (el país se divide socialmente en seis).

El Gobierno ha abierto una ronda de diálogo con la oposición y con los organizadores del paro ?centrales obreras a las se han sumado estudiantes, taxistas, camioneros, agricultores, indígenas? con la que espera rebajar la tensión y traer de vuelta la normalidad al país. “Tenemos que darle una oportunidad a la población informal”, continúa. “La que trabaja en la calle, que se organicen en cooperativas. No es realista darle una renta básica a 20 millones de colombianos (una de las exigencias), pero hay que apoyar a ese sector de la población y cerrar la brecha social”.