GOBIERNOS

Los presidentes de Perú y Ecuador están contra las cuerdas y les podría costar el cargo, incluso en los próximos días. Este lunes, el mandatario de Perú, Pedro Castillo, decidió no recibir a una comisión del Congreso que investiga a una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo. Mientras, la Asamblea Nacional de Ecuador retomará este martes el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso, quien el pasado viernes denunció un intento de golpe de Estado en su contra.

La decisión de Pedro Castillo se conoció un día después de que suabogado, Benji Espinoza, declarase que iba a recomendar al mandatario que no recibiera a los legisladores, a pesar de que Castillo aseguró durante la semana pasada que sí lo haría.

Espinoza llegó durante la mañana de este lunes al Palacio de Gobierno de Perú, donde declaró que el gobernante no se puede someter a una comisión investigadora que ya tiene listo un informe final, que presentará en los próximos días.

Afirmó, además, que el presidente de ese grupo de trabajo legislativo, el fujimorista Héctor Ventura, ya declaró que tienen "vínculos contundentes" de la participación del presidente Castillo en esa presunta organización criminal.

Castillo "no va a recibir a la comisión porque esta es una comisión que, lamentablemente, no busca la verdad ni actúa objetivamente, lo que busca es levantar cargos", declaró el abogado al Canal N de televisión.

Espinoza consideró que, en las actuales circunstancias, esa declaración "sería una puesta en escena, una apariencia de un proceso para luego decir que el presidente ha sido escuchado y se ha respetado el debido proceso". "¿De qué debido proceso hablamos si es que el lunes se le toma la declaración y el miércoles se presenta el informe final?", remarcó.

Consideró, por ese motivo, que no es necesario que los miembros del grupo legislativo lleguen este lunes hasta el Palacio de Gobierno e informó que enviarán un oficio al Congreso explicando las razones de la decisión que tomó Castillo.

El congresista Ventura declaró, por su parte, que la decisión del gobernante es un "total desaire para todo el país" y recordó que Castillo se había comprometido a recibir al grupo legislativo. "Esos mensajes que luego se convierten en mentira tienden a recaer en un error político y nada saludable para el país, puesto que se habían comprometido para hoy no solo de palabra, sino en documentos", declaró en la emisora Radio Exitosa.

El legislador adelantó que los miembros de la comisión van "a cumplir lo que se ha acordado de manera formal" y acudirán hasta el Palacio de Gobierno.

La investigación del Legislativo se desprende del caso abierto en la Fiscalía de la Nación contra Castillo por la presunta comisión del delito de organización criminal, bajo la hipótesis de que lideraba una mafia en el interior del Ministerio de Transportes para adjudicar contratos públicos a diversos empresarios con el fin de obtener beneficios ilegales.

Colaboradores de la Fiscalía han señalado que en esta presunta organización delictiva están involucrados el exministro Juan Silva, el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario, quienes se mantienen prófugos de la Justicia.

El pasado jueves un tribunal supremo rechazó un recurso de "tutela de derechos" presentado por el abogado de Castillo para que se ordene la suspensión de cualquier investigación contra el gobernante, ya que su defensa considera que goza de inmunidad absoluta durante su mandato.

Al respecto, Espinoza anunció este domingo que acudirá a fueros superiores, como el Tribunal Constitucional, e incluso supranacionales, para apelar la decisión judicial que dio marcha libre a la investigación fiscal contra el mandatario y conseguir que se anule esas pesquisas.

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador retoma mañana, martes, el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso, quien el pasado viernes denunció un intento de golpe de Estado en su contra en el marco de las manifestaciones indígenas por el alto costo de la vida.

Una fuente de la Asamblea confirmó que la sesión está convocada para este martes a las 11:00 hora local (13:00 hora uruguaya), luego de que fuera suspendida el domingo, tras la intervención de varios legisladores.

En la sesión que se instaló el sábado, ya expusieron sus puntos de vista varios asambleístas y en ella, el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, leyó un documento a nombre del jefe de Estado, en el que tildaba de "absoluta irresponsabilidad" con la ciudadanía la solicitud presentada en el Parlamento por legisladores afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

La petición de la destitución se presentó bajo la causal degrave conmoción interna debido a las manifestaciones contra el alto costo de la vida y las políticas económicas del Ejecutivo, que este lunes cumplen quince días.
La bancada Unión por la Esperanza (Unes), afín a Correa, invocó el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, sobre la posibilidad de destitución en caso de "grave crisis política y conmoción interna".

En el documento leído por Pozo, Lasso señaló que la Asamblea "tiene la obligación constitucional de probar y justificar que han ocurrido dos condiciones diferentes y simultáneas para proceder con la destitución", dijo al considerar que "ninguna de las dos se cumple ni se ha probado".

"Los solicitantes no han presentado ningún sustento o documento de soporte y, peor aún, una motivación jurídica que fundamente este pedido, y lo han hecho a través de una carta de cinco párrafos", con la que los 47 asambleístas correístas "buscan desestabilizar la democracia", dijo.
De su lado, la opositora asambleísta Pierina Correa consideró que Lasso se ha burlado de la Asamblea al no acudir a la sesión a presentar las respectivas pruebas de descargo.

"Hoy, una vez más, el presidente de la República se burla de la Asamblea Nacional al irrespetar y pasarse por encima de la misma ley y la Constitución", dijo el sábado la legisladora, hermana del exgobernante Rafael Correa, que puntualizó que el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que "no hay delegación para la presencia del presidente de la República" para presentar sus pruebas de descargo y ejercer su legítimo derecho a la defensa.

La ley orgánica de la Asamblea obliga a que la sesión para debatir la destitución presidencial se convoque en menos de 24 horas desde la presentación de la solicitud. Luego del debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y otras agrupaciones promotoras de las protestas contra el Gobierno aceptaron este lunes la invitación a reunirse con el Ejecutivo, cuando se cumplen 15 días de protestas contra la Administración del presidente Guillermo Lasso por la carestía de la vida.

En su cuenta de Twitter, la Conaie informó que la reunión "con los cinco poderes del Estado" se desarrollará a las 14.00 hora local (19.00 GMT), pero no precisó más detalles más allá de pedir a sus bases "estar en vigilia".

Este encuentro se produce después de que el Gobierno y los líderes del movimiento indígena tuvieran una primera toma de contacto el sábado, y luego de que ambas partes hicieran gestos para rebajar la tensión de un conflicto que, según organizaciones de derechos humanos, registra 5 fallecidos y más de 200 heridos.

Guillermo Lasso bajó precios de combustibles, el origen de las protestas indígenas, pero sin satisfacer a los manifestantes que este lunes cumplen 15 días de bloqueos de vías en el país, lo que ha puesto la producción petrolera en una situación crítica.

"Esta decisión no es suficiente, es insensible", expresó la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), después de que Lasso anunciara el domingo por la noche una reducción de 10 centavos de dólar que deja el diésel en 1,80 dólares y la gasolina en 2,45.

Los manifestantes exigen al gobierno que baje los precios a 1,50 dólares para el galón de diésel y a 2,10 dólares para el de gasolina corriente.
La decisión del Ejecutivo "no se compadece de la situación de pobreza que afrontan millones de familias", indicó el lunes la Conaie en un comunicado firmado por su titular, Leonidas Iza, añadiendo que "nuestra lucha no cesa (...) y la protesta sigue vigente".

La organización analiza también si acepta conversar con el Ejecutivo tras un primer acercamiento el sábado.