Con la llegada del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el gobierno argentino reconfiguró su agenda reformista: dejó atrás la idea de presentar un nuevo Código Penal, con cambios de alto impacto político y social, para avanzar con ajustes parciales. En esa reformulación aparecieron cambios significativos. Por ejemplo, se reducirían las penas para funcionarios condenados por delitos de corrupción.
También se elevaría el piso para los delitos de lavado de dinero a 5000 millones de pesos (unos 4 millones de dólares). Se eliminaría, además, el capítulo que aparecía en la reforma sobre genocidio y delitos de lesa humanidad que estaba y desaparecería o se debilitaría el castigo para los delitos contra el medio ambiente, según fuentes con acceso al nuevo borrador.
Los cambios resultan sustanciales y alteran el espíritu original de las reformas que fueron trabajadas por una comisión de juristas y luego revisadas por el exministro Mariano Cúneo Libarona y la hoy senadora Patricia Bullrich.
Los nuevos cambios están alineados con los deseos de Javier Milei que la semana pasada trabajó en la Quinta de Olivos los ajustes con el ministro Mahiques y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
El contenido
El texto de ahora plantea una nueva condición objetiva de punibilidad del lavado de dinero, es decir, un criterio que debe cumplir para ser considerado delito. La ley de 2024 fijó el piso para perseguir el lavado en 150 salarios mínimos. Por debajo de eso quedan exentos de investigación. Ahora se analiza elevar ese número a 5.000 millones de pesos (US$ 4 millones), lo que impediría perseguir importantes casos en trámite.
El eje ordenador de los ajustes ya no sería librar la “batalla cultural” sino avanzar sobre lo seguro: agravamiento de penas y nuevos tipos penales. En cambio, el oficialismo abandonó por ahora la idea de volver a penalizar el aborto, eliminar la figura de femicidio -que establece la pena máxima para el hombre que asesine a una mujer por cuestiones de género- y declarar como imprescriptibles a los delitos de corrupción.
El paquete de reformas penales en elaboración combina una ampliación de derechos para las víctimas con un endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas que reflejan modalidades criminales en expansión.
El proyecto introduce un “criterio de interpretación pro-víctima”, que obligará a jueces y fiscales a ponderar sus derechos con mayor amplitud, y les otorga un rol más activo en decisiones. En paralelo, se busca tipificar conductas que hasta ahora no estaban contempladas de manera específica en el Código Penal. Entre ellas, las estafas piramidales, que pasarán a tener penas de entre tres y doce años de prisión, con agravantes cuando se acredite que la víctima no podrá recuperar el dinero invertido.
La misma lógica se aplicará a nuevas modalidades de robo. El proyecto incorpora figuras como las “viudas negras”, las salideras y entraderas, y los denominados “motochorros”.
En estos casos, además de fijar escalas penales específicas -que en algunos supuestos van de los dos a los 12 años- se introducen agravantes vinculados al uso de sustancias o cuando ocurren al ingreso o salida de bancos o escribanías.
También se avanzará sobre delitos vinculados al sistema migratorio. La iniciativa incorporaría al Código Penal figuras ya existentes en la legislación vigente -como el tráfico ilegal de personas o el fraude migratorio- y suma nuevas conductas punibles, con penas que pueden alcanzar hasta los 20 años en los casos más graves.
El proyecto incluiría un capítulo sobre incumplimiento de deberes familiares, con penas que pueden llegar a los seis años de prisión por evasión de obligaciones alimentarias. Y una reformulación integral de los delitos vinculados al maltrato animal, entre otros puntos. H. Cappiello, D. Celichini - La Nación (GDA)