Manual para entender la causa Vialidad y las evidencias que llevaron a la condena de Cristina Kirchner

La expresidenta argentina Cristina Kirchner deberá cumplir una pena de seis años de prisión y tendrá inhabilitación política perpetua luego de que la Corte Suprema dejara firme este martes su condena por administración fraudulentaen el marco de la causa Vialidad. La exmandataria fue condenada en 2022 por corrupción por el pago de sobreprecios y adjudicaciones de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su presidencia.

En primer lugar, cabe destacar que este fallo responde a un recurso extraordinario presentado por la defensa de la exmandataria ante la Cámara Federal de Casación Penal para anular dos fallos previos: el del 13 de noviembre de 2024 de la Cámara Federal, que a su vez ratificaba el fallo de diciembre de 2022, en el que el Tribunal Oral había encontrado culpable de corrupción a la expresidenta.

Concretamente, esas sentencias la hallaron culpable de haber incurrido en irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado en la causa.

En suma, la causa Vialidad investigó y condenó una maniobra de corrupción centrada en la adjudicación irregular de obra pública vial durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Según el tribunal que emitió la condena original, se trató de una "maniobra fraudulenta que agigantó y benefició delictivamente a Lázaro Báez y, en última instancia, los enriqueció a ellos (los Kirchner)".

Según el fallo, Cristina Kirchner "no ha cumplido con el requisito de fundamentación autónoma", es decir, no realizó una "crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basó la sentencia que se impugna".

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dijeron en el fallo que "las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida", en referencia a la discusión de si la expresidenta delinquió. "Por ello, se desestima la queja" que había sido presentada por la defensa, señalaron. En otros términos, los jueces entienden que la discusión sobre el delito en sí —administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública—, quedó zanjada en las dos instancias judiciales anteriores con sus correspondientes evidencias.

Los jueces remiten así al tribunal que emitió la condena original, que estimó probada "la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al grupo empresarial" que dirigió Báez.

Foto: Marcelo Manera - La Nación

Otro de los argumentos para rechazar el recurso de Cristina Kirchner es que la defensa no habría cumplido con lo requerido para apelar en la Corte. La defensa "enuncia diversos hechos relativos a conexiones entre los jueces y fiscales o encuentros entre los jueces de la causa y ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional sin indicar ni una sola circunstancia concreta que permita inferir razonablemente que se ha comprometido la imparcialidad de los jueces en esta causa en concreto", dice el fallo.

La defensa, por ejemplo, se había referido a la "parcialidad de los jueces y fiscales" al mencionar que algunos "jugaban al fútbol en la quinta de (Mauricio) Macri".

A su vez, argumentaron que la exmandataria "no tenía atribuciones respecto de las obras que fueron votadas en el Presupuesto Nacional por el Congreso" y que se violó el principio de culpabilidad, ya que "todos los testigos (...) afirmaron en el juicio que CFK jamás impartió directivas a fin de beneficiar a ningún contratista".

El 22 de agosto de 2022, el fiscal interviniente en el juicio oral, Diego Luciani, solicitó una pena de doce años de cárcel para la expresidenta, que se materializó el 6 de diciembre de 2022. Durante la investigación, tanto él como el fiscal Sergio Mola presentaron varias evidencias clave durante el juicio oral que sugieren la participación de Cristina Kirchner en el esquema de corrupción.

Primero, el decreto 54/2009. Cristina Kirchner firmó ese decreto con la intervención de la Secretaría de Obras Públicas a cargo de José López —condenado en la misma causa, y quien sugirió la medida—. Esto permitió a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)—a cargo de Nelson Periotti, también condenado— financiar directamente las obras viales que se le adjudicaban irregularmente a Báez. Esto, según el tribunal, se dio en un "contexto de opacidad suficiente para que el Administrador General” del organismo dispusiera libremente de esos recursos". Este decreto modificó un fideicomiso preexistente e incorporó a la DNV como beneficiaria, proveyéndole una "fuente ilimitada de financiamiento" y permitiendo "agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente", según el tribunal.

En el recurso, la defensa de Cristina Kirchner cuestionó la falta de pericias sobre las 51 obras y la incorporación del decreto 54/2009 en la sentencia, ya que alegaron que “nunca (fue) debatido en el juicio” y que sigue vigente.

Otro argumento presentado fue la creación de Lázaro Báez como empresario de la construcción. Dijo el fiscal Luciani: "De la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Báez, amigo del entonces presidente de la Nación (Néstor Kirchner) y socio comercial de éste y de su esposa (Cristina Kirchner)".

"En simultáneo con la asunción presidencial de Néstor Kirchner, se creó la empresa Austral Construcciones, liderada por Báez, quien en ese entonces no sólo no tenía ninguna empresa registrada a su nombre sino que tampoco tenía ninguna experiencia en el rubro vial. Fíjense: su anterior trabajo conocido había sido el de empleado bancario, aportaba a la AFIP como monotributista. Eso era Lázaro Báez en el año 2003”, aseveró Luciani.

Los mensajes de WhatsApp de José López: estos chats revelaron la "connivencia en el tramo final de la maniobra" y la coordinación del "plan limpiar todo" entre López, Báez y Cristina Kirchner tras la victoria de Mauricio Macri en 2015. Este plan, según la fiscalía, consistió en el cierre de las empresas de Báez, el despido de trabajadores y asegurar que el empresario cobrara pagos pendientes del Estado. En esos mensajes se hace alusión a presuntas reuniones de López con Cristina Kirchner en Olivos y de la entonces mandataria con Báez, en Santa Cruz. El fiscal Mola mostró también mensajes entre López y su segundo, Abel Fatala —absuelto en la causa—, donde se referían a “la jefa” o “la Pta.”, en alusión a la expresidenta. "No es verosímil que Cristina no se enterara de nada", fue el argumento del fiscal.

Foto: La Nación (GDA)

Por su parte, en el recurso, la defensa sostuvo que los chats con José López "nunca se trataron en el juicio, a CFK nunca la indagaron por ‘limpiar todo’ y cuando ella quiso contestar, los jueces se lo impidieron”. También mencionaron una auditoría del macrismo que indicó todo lo contrario: "Que no se había pagado nada que no estuviera construido y que las construcciones eran de buena calidad”, alegaron.

El caso Hotesur: los jueces afirman que parte del dinero obtenido por Báez mediante esta maniobra fue redireccionado a los Kirchner a través de las operaciones investigadas en la causa Hotesur, sugiriendo que "parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta". No obstante, esa investigación aún debe atravesar el juicio oral.

El fiscal Luciani sostuvo que "es claro que el ex presidente Néstor Kirchner, la ex presidenta Cristina Fernández, Lázaro Báez, Julio De Vido —absuelto—, José López, Nelson Periotti, concertaron su voluntad para implementar una organización que permitiera alcanzar el objetivo buscado: sustraer fondos públicos millonarios, por medio de una defraudación al Estado nacional, al menos a través de la aparente licitación y ejecución de la obra pública vial en Santa Cruz". Y, en una etapa posterior, el plan consistió en "apropiarse de dichos fondos, a través de distintos mecanismos, con el fin de disimular su apariencia ilícita, lo que constituye el objeto de las causas conocidas como ‘Los Sauces’ y ‘Hotesur’".

De todos modos, no está plenamente probado que Báez redireccionara fondos a Hotesur. La investigación sobre esta empresa aún está siendo determinada en los tribunales.

Foto: Archivo

Los fiscales mencionaron obras que quedaron inconclusas; rutas pavimentadas por tramos "que no sirven para nada"; se evidenciaron rutas sin terminar y maniobras para que empresas del grupo Austral se aseguraran los contratos.

"Lapidación de lo invertido por el paso del tiempo y el abandono producto de la administración infiel de los imputados", dijeron. También mostraron que hubo sobreprecios y que la cartelización de la obra pública permitió que el Estado nacional debiera pagar a Báez importes que superaban los presupuestos oficiales de las obras, ya que "no existía competencia real" entre las compañías constructoras. 

• En 2008, la exdiputada Elisa Carrió denuncia a Cristina Kirchner por la supuesta cartelización de la obra pública. Se hace conocido públicamente el nombre de Lázaro Báez.
  
• En abril de 2016, meses después de que Macri asumiera, el entonces titular de la Dirección de Vialidad, Javier Iguacel, presenta una denuncia más amplia.
  
• En diciembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini procesa a Cristina Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada. Ercolini determina que cerca del 85% de los contratos viales de Santa Cruz fueron adjudicados a Lázaro Báez.
  
• En marzo de 2018, a raíz de un requerimiento de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el Ercolini da por finalizada la etapa de instrucción y envía la causa a juicio oral. Se alcanza esa instancia luego de que se vencieran los plazos para que los acusados —entre ellos Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Lázaro Báez— respondieran a la demanda civil presentada por Vialidad Nacional, que reclamaba 22.500 millones de pesos.
  
• En mayo de 2019 comienza el juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. En diciembre, Cristina Kirchner declara como indagada, se niega a responder preguntas y denuncia al tribunal como parte de un “lawfare”.
  
• En agosto de 2022, los fiscales Luciani y Mola piden 12 años de cárcel para Cristina Kirchner. La expresidenta se pronuncia a través de redes y reafirma que su sentencia ya estaba escrita, habla de "ficción" y dice que le "hubiera gustado ejercer el derecho a defensa".
  
• En diciembre de 2022, el TOF 2, conformado por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dicta por unanimidad una condena contra Cristina Kirchner por hechos de corrupción, imponiéndole una pena de 6 años de prisión. Es hallada culpable únicamente por el delito de administración fraudulenta y se le aplica una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La imputación por asociación ilícita es descartada en el fallo.
  
• En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirma la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
  
• En marzo de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestima los recursos extraordinarios presentados por Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y el resto de los imputados, mediante los cuales intentaban impugnar la ratificación del fallo condenatorio. El expediente es remitido a la Corte Suprema.
  
• 10 de junio de 2025: la Corte deja firme la condena.