Gobierno argentino realizó una denuncia por filtración de audios de Karina Milei: allanarán casa de Jorge Rial

Un juez federal en lo civil y comercial ordenó hoy, a pedido del Gobierno argentino, el “cese de la difusión” de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido “grabados en la Casa de Gobierno”.

Fue a pedido de la propia Karina Milei. En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal para que se investigue un presunto “espionaje ilegal” por estas grabaciones. En esa presentación, el ministerio que dirige Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino -principal accionista de Carnaval- y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, acusado por el gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios. Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini.

En cuanto a la medida cautelar que frena la propagación de las grabaciones, firmada por el juez Alejandro Patricio Maraniello, la resolución dispone: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025 -como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

Para eso, ordenó cursar una comunicación urgente al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Foto: Juan Mabromata/AFP.

En 20 páginas, el gobierno de Milei pidió que que se prohibiera la difusión de nuevas grabaciones. En ese sentido solicitó que “se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP), y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”.

La denuncia se conoció apenas pasado el mediodía de este lunes, a través de la cuenta de la red social X de Manuel Adorni. “El gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, dijo el vocero.

La denuncia ante la Justicia Federal, a la que tuvo acceso La Nación, es una supuesta operación de inteligencia ilegal destinada a “desinformar” y “desestabilizar” el proceso electoral, “con presunta influencia extranjera”.

Según se consignó en la presentación, que lleva la firma de Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera dirigida por Patricia Bullrich, la maniobra consistió en la “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”.

“Las conductas ilícitas objeto de esta presentación forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520 (de Inteligencia)”, dice la denuncia.

Sostiene además que el propósito de los autores de la supuesta operación “es influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.

Entre los supuestos responsables identificados por el gobierno se menciona a Mauro Federico, Toviggino, Rial y Bindi, a quien describen como un operador judicial vinculado al exdirector de la SIDE Fernando Pocino.

La presentación dice que las grabaciones podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada, “lo que constituye una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”.

“Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”, agregaron en Balcarce 50.

Foto: AFP

“La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas”, sostiene la denuncia, que solicita “medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral”.

La filtración de los audios se concretó el último viernes, tras más de una semana en la que la administración libertaria sufrió los embates de otras grabaciones: las que tienen la voz del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo y en las que se habla del cobro de supuestas coimas en el área.

El contenido de esos audios, desmentidos categóricamente por la Casa Rosada, mencionan que esas presuntas coimas eran para la hermana del Presidente y su hombre de confianza, Eduardo “Lule” Menem.

Por Cecilia Devanna, La Nación/GDA