ARGENTINA
Debido a las manifestaciones en torno al departamento de la vicepresidenta en Recoleta luego del pedido de prisión para ella.
Antes del atentado de anoche a Cristina Kirchner, la noticia más relevante en Argentina era el acuerdo al que habían llegado el gobierno de Alberto Fernández y el de la Ciudad de Buenos Aires para fijar “pautas de convivencia” por las manifestaciones en torno al departamento de la vicepresidenta en Recoleta luego del pedido de prisión para ella.
El acuerdo lo firmaron el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; el jefe de gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel; y el titular de la cartera de Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, e incluye una enumeración de limitaciones poco habituales: acampes, ferias, fuegos artificiales, parrillas, batucadas y, especialmente, cortes de calle.
El acuerdo surgió a partir de una convocatoria del Ministerio Público Fiscal porteño, motivada en la secuencia de denuncias presentadas por vecinos, militantes, funcionarios y legisladores para limitar o defender la “guardia” montada por el kirchnerismo frente al departamento de Cristina Kirchner, que generó cortes de calles, altercados y detenidos, además de un enfrentamiento entre militantes y la Policía de la Ciudad, el sábado pasado.
En el acta se especifica que las partes, “sin reconocer hechos ni derechos”, acordaron que en las inmediaciones de Juncal y Uruguay “no se van a realizar acampes, ni ferias, ni podrá haber fuegos artificiales o parrillas. Tampoco batucadas ni, especialmente, cortes de calle”.
Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicaron que “queda reafirmado que las normas de convivencia son ineludibles en el espacio público, que no todo está permitido y que el derecho a vivir en paz es tan importante como el derecho a manifestarse”, para insistir: “Manejarse dentro de la Constitución, a través de los canales institucionales, sin prepotencia y con la templanza que exige la paciencia, genera estos resultados. Intentaron, violentamente, llevarse puestos la paz y el orden y quedó claro que no vale todo”. (La Nación / GDA)
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