Un total de 8.146 personas han recibido libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero en Venezuela, informó ayer jueves el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión de seguimiento de la norma.
En una publicación en X, Arreaza detalló que de esos 8.146 beneficiados, 310 estaban encarcelados y otros 7.836 tenían libertad restringida con medidas cautelares, como prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales.
Asimismo, indicó que en sus cinco semanas de aplicación, la comisión parlamentaria que preside ha recibido 11.559 solicitudes válidas, que cumplen los parámetros establecidos por la ley de amnistía.
El total de libertades plenas, actualizado hasta este jueves, representa un aumento de 62 amnistías otorgadas -a 8 encarcelados y 54 con medidas cautelares- desde el reporte publicado por Arreaza el martes.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder- pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Más de un mes después de su promulgación, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que 20 periodistas siguen con medidas cautelares y sin libertad plena, pese a haber presentado la solicitud de amnistía ante los tribunales, lo que consideró un patrón de dilación y obstrucción del acceso a la justicia.
En medio de este proceso, activistas y familiares de presos políticos se mantienen en vigilias permanentes en las afueras de varias cárceles de Venezuela, donde la ONG Foro Penal estima que quedan 503 personas están detenidas por motivos políticos. Según esta ONG, que lidera la defensa de presos políticos, más de 11.000 personas siguen sujetas a medidas cautelares. EFE
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