Trabajadores de un CAIF denuncian acoso laboral por parte de su director; MEC y MTSS están elaborando informes

Los trabajadores de un centro CAIF de Durazno denunciaron tanto administrativa como judicialmente al presidente de la organización civil que lo maneja, relatando que existieron situaciones de violencia psicológica, patrimonial y de acoso laboral. Entre los principales reclamos se encuentra que el hombre habría colocado cámaras con audio, lo que es visto por los funcionarios como una "vigilancia injustificada". El denunciado, por su parte, argumenta que no ha incumplido normas y que se trata de una reacción de un grupo luego de que él intentara "poner orden".

Hace más de un año que un grupo de trabajadores, encabezado por dos funcionarias, está llevando adelante denuncias contra Julis Lerena, presidente de la Asociación Barrios Durán, Duraznito y La Curva, la cual maneja el CAIF "Travesuras" de Durazno en convenio con el INAU. Los denunciantes aseguran que desde la asunción de Lerena en abril de 2024 han sido víctimas de distintas situaciones. Entre ellas, mencionan sanciones que consideran "injustificadas".

También señalan que Lerena despidió "abusivamente" al excoordinador de gestión pocos meses después de asumir. En conversación con El País, el presidente de la asociación civil dijo que lo desvinculó porque tenía un "manejo desprolijo de las finanzas". Por este episodio se pronunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), solicitando el reintegro del trabajador.

La asociación civil fue observada en más de una oportunidad por la dirección departamental de INAU, a cargo de Alejandro Castro. En un informe al que accedió El País, Castro menciona que le fue informado a la comisión de la asociación que "no pueden tener cámaras donde están los niños y niñas para preservar el derecho a su intimidad", pero que no se le ha dado cumplimiento. Consultado por este episodio, Lerena aseguró que se trata de una "remodernización" del centro y que no incumple ninguna norma, ya que "las cámaras no fueron colocadas donde están los niños". "Intentan ensuciar la cancha", indicó.

Por su parte, el grupo de funcionarios que está reclamando ante los distintos organismos estatales y ante la Justicia manifestaron estar sufriendo una "vigilancia injustificada que genera incomodidad y una sensación de desconfianza", lo que afecta en su desempeño laboral y en la relación con la comisión directiva.

Dos funcionarias que actualmente fueron enviadas al seguro de desempleo se presentaron ante la Justicia para denunciar a Lerena por violencia de género, argumentando que se las está acosando y haciendo víctimas de violencia laboral, patrimonial, institucional y psicológica. Presentaron como prueba la declaración de otros trabajadores e informes psicológicos en los que una profesional relató las afectaciones que sufrieron en su salud mental.

"Cuando alguien no está de acuerdo con él, pierde su confianza. En mi caso, comenzó a expresarse con frases intimidatorias como ´El que avisa no traiciona´", aseguró uno de los funcionarios presentados como testigo. "No me dirige la palabra y transmite sus indicaciones únicamente por medio de terceros, ha manifestado explícitamente su falta de confianza en mí y su intención de desvincularme del cargo", aseguró otro.

El 25 de febrero de este año, la jueza Patricia Hornes admitió la prueba presentada por las partes y definió la prohibición de contacto, acercamiento y comunicación por parte de Lerena hacia las denunciantes. La medida tiene 180 días de duración y comprende un radio de 300 metros. Con respecto al centro CAIF, se determinó que el hombre no puede estar entre las 08:00 y las 15:00, aunque el abogado de las denunciantes, Luis González, manifestó su disconformidad ya que el horario de las trabajadoras era hasta las 16:00.

De igual manera, actualmente las dos trabajadoras fueron enviadas al seguro de desempleo, lo que despertó un nuevo conflicto con la comisión directiva presidida por Lerena. "Venían en una jugada de certificarse y después me pusieron un cerco perimetral. Si yo no puedo entrar al CAIF no puedo ejercer el control de las otras 13 funcionarias. La solución era que la comisión las mande al seguro de paro", aseguró el presidente de la asociación.

Por este motivo, también fue presentada una denuncia frente al Banco de Previsión Social (BPS), ya que las mujeres consideraron que luego de mandarlas al seguro fueron contratadas otras como reemplazo. Por su parte, Lerena argumenta que las sustitutas ya se encontraban en planilla desde antes de lo ocurrido con las dos involucradas.

Las denunciantes también señalaron un hostigamiento anterior que se habría visto reflejado a través de sanciones luego de que ambas retornaran al trabajo tras haber estado certificadas durante meses por afectaciones psicológicas.

Según pudo saber El País, una de las sanciones impuestas ocurrió cuando las funcionarias juntaron firmas de padres para pedir la renuncia de Lerena. "Solo los socios pueden votar eso a través de asamblea. Los funcionarios firmaron un reglamento que dice que no pueden actuar en contra de la comisión", dijo el presidente de la asociación.

Estas dos trabajadoras —en conjunto con otros cinco que habían prestado funciones en el CAIF— presentaron denuncias administrativas ante distintos organismos. Lo mismo hicieron funcionarios de una policlínica de ASSE que comparte parte del predio, así como padres de niños que asisten al centro y vecinos de la comunidad.

Si bien INAU tiene convenio con la asociación civil para el manejo del CAIF, no tiene la potestad de intervenir directamente en ella. Por este motivo es que también han participado en el caso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Desde este último organismo dijeron a El País que todavía se está en la etapa de "informe técnico", aunque decidieron no brindar más detalles.

Por su parte, el inspector general de Trabajo y Seguridad Social del MTSS, Luis Puig, dijo a El País que en todos los lugares donde se realizan denuncias se hacen inspecciones y evitó brindar detalles sobre este caso, ya que se trata de un expediente que continúa abierto. Si bien una de las posibilidades es una sanción por incumplimiento de normativa laboral, todavía se está analizando cuál es la situación de esta asociación civil.

A nivel judicial, el abogado de las denunciantes presentó un nuevo recurso, en el que argumentó que Lerena habría incumplido en una oportunidad con la medida cautelar dispuesta y pidiendo una nueva en la cual "la parte empleadora se abstenga de disponer cualquier alteración de la situación laboral del trabajador hasta tanto se resuelvan las denuncias administrativas". Además, según dijo el abogado Luis González a El País, están esperando por una instancia de reunión con la comisión de género del PIT-CNT, ya que las dos involucradas son afiliadas al sindicato.

"Entendemos que las medidas adoptadas por la justicia en relación a la situación de violencia de género han resultado insuficientes y desajustadas a la realidad del caso", dijo el abogado a El País y aseguró que evalúan "presentar una demanda contra el Poder Judicial".

Por su parte, Lerena afirmó que su nombre "fue ensuciado" y dijo estar "seguro de que la Justicia va a archivar el caso". "Si querés poner un poco de orden te van a enfrentar, y si les cortás sus negocios peor", concluyó.