El Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno confirmó la formalización de un hombre por encubrimiento y tenencia de estupefacientes. Se trata de una investigación por homicidio, en el que este participó llevando a los autores hasta el lugar del crimen. Si bien su abogado sostiene que no los conocía y que lo hizo porque trabaja como chofer de aplicaciones, los investigadores tienen indicios para creer que todo estaba planeado con antelación.
El asesinato ocurrió el 9 de enero de este año en el barrio Barros Blancos de Canelones. Sobre las 23:00 horas dos delincuentes vestidos de negro llegaron a una casa ubicada en la intersección de las calles Cinacina y Las Palmas. Adentro se encontraban dos mujeres; una mujer de 41 años, que luego sería la víctima.
Luego de ingresar violentamente, los hombres exigieron la entrega de dinero. Tras la negativa de ellas, que les dijeron que no tenían nada, cometieron el crimen. La víctima mortal recibió seis impactos de bala. Según surge de las pericias que analizaron el trayecto de los proyectiles en el cuerpo de la víctima, se presume que la hicieron arrodillar para luego ejecutarla.
La segunda mujer logró escapar y corrió hacia la calle pidiendo auxilio. Una vecina de la zona dijo luego a la Policía haber escuchado disparos en la casa de en frente y que luego una joven que no conocía llamó a su puerta. Le pedía por ayuda y le explicó lo sucedido antes de irse del lugar "muy atemorizada", según consta en documentos a los que accedió El País.
Del seguimiento de cámaras de la zona se llegó a un auto, que tras buscar su matrícula se determinó que había sido alquilado por el ahora imputado a fines de diciembre y devuelto a la rentadora el 19 de enero. Su abogado aseguró que lo había alquilado porque su auto "estaba descompuesto", y porque lo necesitaba para trabajar, aunque hasta el momento no lo ha probado esto ante la Justicia.
Según reconstruyeron los investigadores, el ahora imputado llevó a los dos homicidas hasta una zona cercana a la casa en la que ocurrió el asesinato. Allí se bajaron y subieron a una moto, en la que los esperaba un tercer delincuente. Mientras tanto, el imputado los esperó para, luego del hecho, trasladarlos nuevamente hacia Montevideo (de donde habían salido).
Luego de identificar al hombre como partícipe en el hecho, se resolvió allanar su casa a mediados de febrero. Allí se encontraron 16,25 gramos de cocaína. Por este motivo, la Fiscalía de Pando de 1er Turno pidió la formalización por los delitos de encubrimiento y tenencia de estupefacientes no para consumo.
Además, solicitó la medida de prisión preventiva, argumentando que existe peligro de fuga y un posible entorpecimiento de la investigación. Para argumentar esto último, el equipo fiscal señaló que el imputado se deshizo del chip de su celular para ocultar evidencias. Al ser consultado, el hombre declaró versiones contradictorias. Primero aseguró que lo vendió con su celular y luego dijo que vendió el teléfono pero desechó el chip.
También fue mencionado en la audiencia de formalización que de la triangulación de antenas surge que el imputado estuvo cerca del lugar de los hechos el día del homicidio, y también un día antes.
Por su parte, la defensa del hombre propuso la medida de arresto domiciliario total y aseguró que se desempeña como chofer, remarcando que no conocía a los pasajeros. Con respecto a la droga, dijo que era para consumo personal.
La jueza Natalia Pereyra admitió la formalización por los delitos solicitados y decretó la prisión preventiva por 90 días. En su sentencia mencionó que el hombre primero aseguró trabajar para una pizzería cuyo nombre no conoce y ser remisero informal, "por lo que su arraigo es dudoso".
A pesar de sus intentos para transformar la medida cautelar en un arresto domiciliario, el Tribunal de Apelaciones falló respaldando la sentencia de la jueza, a la que calificó como "muy bien fundada". Con respecto a la cocaína, los ministros aseguraron que se incautó una cantidad "superior a la destinada para el consumo personal".
"Este hecho aislado (llevarlos al lugar y esperarlos) que podría ser en sí mismo penalmente irrelevante, debe contextualizarse con dos elementos más: el alquiler del vehículo, que contradice la afirmación del imputado de que se dedicaba a chofer o remisero". El segundo elemento fue el extravío del chip.
Para el Tribunal, la medida cautelar de prisión preventiva es "proporcional, idónea y necesaria".
Hasta el momento se desconoce con certeza el motivo del homicidio, aunque la hipótesis policial es que la mujer asesinada podría haber llegado al barrio para manejar una boca de drogas y que fue asesinada por personas que vieron afectados sus negocios. El dueño de la casa en la que la mataron dijo a la Policía que se la había prestado recientemente para que tuviera un lugar en el que alojarse.
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