Los usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) concentran la mayoría de los pedidos para cambiar de prestador de salud por incumplimientos de los tiempos de espera, algo que está regulado por el decreto 114/023 del Ministerio de Salud Pública (MSP), según datos oficiales que surgen de un pedido de acceso a la información pública realizado por El País.

Desde abril de 2023 hasta el 28 de mayo de este año, 253 usuarios de todo el país —214 de ellos de ASSE— pidieron cambiar de prestador de salud por excesos en los tiempos de espera. Del total de estos casos, la cartera, que revisa cada solicitud, le dio el aval para arribar a otra institución en 205 de ellos.

En el año 2023, hubo 73 solicitudes de cambio de prestador, de los cuales 42 fueron concedidos y 31, denegados; 52 de esos pedidos fueron de usuarios del prestador público, y todos ellos pidieron ingresar a mutualistas.

En 2023 hubo más reclamos de usuarios de Montevideo (38), seguido por los de Colonia (9) y Canelones (8).

El año pasado, la cifra saltó a 111, de los que fueron concedidos 98 cambios de institución y 13 fueron denegados. Del total de solicitudes de pasar a ser atendidos por otra institución, 98 eran usuarios de ASSE. Se hicieron más pedidos desde Montevideo (37), Canelones (15) y Maldonado (14). La totalidad, nuevamente, fue para ingresar a mutualistas.

Durante 2025, hasta el 28 de mayo, el MSP registró 69 pedidos para cambiarse de prestador, y fueron aceptados casi su totalidad: solo cuatro fueron denegados. Como se vio en años anteriores, casi la totalidad de pedidos (64) por incumplimientos en los tiempos de espera provinieron de usuarios de ASSE.

En 25 de los 69 casos de 2025 los usuarios fueron de Montevideo, ocho de Colonia y seis de Canelones y San José, respectivamente. Todos los pedidos fueron para ingresar, otra vez, a mutualistas.

No hubo en este tiempo reclamos por parte de usuarios de seguros privados.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo este miércoles tras salir de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados, que este jueves se van a presentar medidas para intentar solucionar el problema de los tiempos de espera.

“Vamos a hablar de acciones a corto, mediano y largo plazo con respecto a los tiempos de espera de acceso a los especialistas o a procedimientos diagnósticos, que a veces para una tomografía se esperan meses; para un examen que quizás no es de alta complejidad se precisa tener tiempos que la gente acceda con menos tiempo”, dijo Lustemberg.

El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), instaurado en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), incluyó una regulación de los tiempos de espera, que se concretó a través del decreto 359/007. Este establece que los prestadores de salud deben brindar a los usuarios una cita para consulta externa en medicina general, pediatría y ginecobstetricia en un “plazo máximo” de 24 horas.

Las consultas para cirugía general se deben brindar en un “plazo máximo” de dos días, y las citas para especialidades médicas y quirúrgicas “en ningún caso podrán ser coordinadas en un plazo mayor a 30 días”.

Los procedimientos quirúrgicos no urgentes se deben coordinar en un “plazo inferior” a 180 días, desde la indicación de la cirugía del especialista actuante.

El gobierno de Luis Lacalle Pou emitió en abril de 2023 el decreto 114/023 que permite a los usuarios cambiarse de prestador específicamente por el incumplimiento de los tiempos de espera fijados en 2007, para ciertos casos que son valorados por el Estado.

En general, los usuarios se pueden cambiar de prestador cada año, presentándose con la cédula de identidad en la nueva institución, en el mes correspondiente a su dígito verificador.

El decreto 114/023 señala que la Junta Nacional de Salud (Junasa) podrá “excepcionalmente autorizar en cualquier momento, cambios de prestador de salud” por tres causales. Una de ellas es cuando “existan dificultades de accesibilidad a los servicios asistenciales del prestador en el que se encuentra registrado el usuario, por incumplimiento de los tiempos de espera determinados por la normativa vigente”.

También cuando se acredite que el cambio de un departamento a otro genere “dificultades supervinientes” al acceso a los servicio en que está registrado, y que “existan situaciones originadas en problemas asistenciales que lleven a la pérdida de confianza en el prestador”, establece el decreto 114/023, de artículo único.

El MSP tiene la potestad para aplicar sanciones a los prestadores de salud que incumplan los tiempos de espera. Un pedido de informes publicado el pasado 29 de mayo en la página web del MSP indica que desde 2019 a esa fecha se aplicaron sanciones o multas “firmes” a diez prestadores. Mientras que 11 multas estaban “en trámite”.

Las multas económicas por incumplimientos en los tiempos se tasan en Unidades Reajustables (UR). Las registradas por Salud Pública van desde los 20 UR —unos $ 36.500 a valores actuales— en mutualistas, a un máximo de 200 UR —$ 365.500—, que fue aplicada a ASSE, el 2 de febrero de 2024.