Déficit Fonasa rozó los US$ 950 millones en 2025; aporte récord de Rentas Generales para sostener sistema de salud

El déficit del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), eje central del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), llegó en 2025 a una cifra récord de US$ 946 millones, un 18% más respecto a 2024 (US$ 804 millones), de acuerdo a datos publicados esta semana por el Banco de Previsión Social (BPS), a los que accedió El País.

El “resultado Fonasa” de 2025 fue negativo en $ 38.838 millones, el equivalente a US$ 946.079.588, al tipo de cambio promedio del año pasado. Esto implica que para que no se derrumbe el sistema de salud vigente desde 2008, se requirió una inyección extra, histórica, de Rentas Generales, que surgen del pago general de impuestos.

El año pasado, los egresos de Fonasa llegaron a $ 162.774 millones, unos US$ 3.965 millones, mientras que los ingresos sumaron $ 123.935 millones, que se puede traducir en US$ 3.019 millones. De esta diferencia surge el déficit citado, que dirigentes de Frente Amplio y de la salud se niegan a llamarlo así por entender la ley del SNIS previó un aporte extraordinario para su funcionamiento.

Respecto a los egresos Fonasa en 2025, hubo un incremento en todas las partidas. Las liquidaciones de mutualistas pasaron de $ 95.289 millones en 2024 a $ 101.823 millones en 2025. Mientras que las liquidaciones a los seguros privados pasaron 3.343 millones a $ 3.369 millones, en el mismo período, respectivamente. Y las liquidaciones al Fondo Nacional de Recursos (FNR), buque insignia de prestaciones de alto costo, pasaron de $ 13.434 millones en 2024 a $ 17.926 millones el año pasado.

La inyección estatal para sostener al Fonasa en 2025 fue más del doble que lo necesario hace una década (US$ 377 millones), y unos US$ 150 millones más respecto a los últimos dos años. Pese a ser la cifra máxima de aportes, en términos absolutos, el salto porcentual interanual más significativo a la fecha (48%) ocurrió de 2015 a 2016.

En los tres primeros años de la pandemia por covid-19, el déficit Fonasa se ubicó, en promedio, en unos US$ 650 millones entre 2020, 2021 y 2022. Mientras que en 2023 y 2024 la cifra osciló en unos US$ 800 millones al año, respectivamente, y ahora se acercó a los US$ 1.000 millones. El País intentó, sin éxito, comunicarse con jerarcas del MSP y MEF sobre el último resultado Fonasa.

La suba creciente y paulatina del déficit Fonasa responde a que desde 2011 hasta 2016 los jubilados y pensionistas ingresaron al sistema a partir de lo establecido por la Ley 18.731. Esto impacta en el balance final porque, como las jubilaciones suelen estar topeadas, el aporte no cubre, en general, la totalidad de la cápita.

El Fonasa es el fondo que financia el Seguro Nacional de Salud (SNS), el corazón del SNIS, con el que el Banco de Previsión Social (BPS) paga las cápitas a los prestadores por cada afiliado, según edad y sexo, a cambio de garantizar una canasta de prestaciones común (PIAS), en un mercado regulado por el Ministerio de Salud Pública (MSP). A febrero de 2026, se registraban 2.671.910 usuarios Fonasa,

EL fondo está financiado por aportes directos de trabajadores, jubilados y patronales, sumado a una inyección extra de Rentas Generales, que bordea un 25% del costo total. El aporte que realizan los trabajadores formales y jubilados varía de 3% a 8%, según sus ingresos y conformación familiar. El pago incluye la cobertura a la pareja, hijos menores de edad o con discapacidad. El aporte patronal es de 5% y un complemento de cuota mutual (CCM) cuando corresponda.

En la víspera de este año, el gobierno anunció un cambio de la devolución Fonasa, que reciben unos 155.000 trabajadores todos los años, a partir de un ajuste del costo promedio equivalente (CPE), que representa el costo que tiene para el SNS la atención de cada beneficiario a lo largo de su vida.

Desde 2027, entre 60.000 y 70.000 contribuyentes que recibían la devolución, al subir el tope de CPE dejarán de cobrar ese dinero por haber aportado más que el máximo fijado. Los otros 85.000 si bien seguirán percibiendo la devolución, será por un monto menor.

Esto permitirá reducir devoluciones de Fonasa por entre US$ 70 y US$ 80 millones anuales, según estimaciones oficiales. El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, dijo a El País meses atrás que “al reducirse la devolución Fonasa, se reduce el déficit Fonasa”, aludiendo a que el monto permitiría bajar el aporte que en 2025 fue de US$ 946 millones.

“Nadie está exento de la situación fiscal, y por eso la responsabilidad que tenemos que tener entre todos. Lo que no se puede frenar en un país es dejar de invertir en el área de salud, cuando la medicina avanza de forma exponencial”, dijo este martes la ministra Lustemberg en el evento de Somos Uruguay, frente a directivos mutuales y políticos.

Los respectivos gobiernos, tanto del Frente Amplio como de coalición, han propuesto perfeccionar el SNIS, pero no instalar un nuevo sistema. El sostenimiento del sistema de salud local, con aportes crecientes de Rentas Generales, convive con quejas de usuarios por los extensos tiempos de espera, en muchos casos, tanto a nivel público como privado, que ahora el gobierno busca revertir con un nuevo decreto.

A esto se suma la falta de especialistas médicos, sobre todo al norte del Río Negro, y un costo en consultas, estudios y medicamentos que para muchos pacientes resulta oneroso, sobre todo por la desactualización de prestaciones que deben brindar las instituciones, que se cobran aparte a los usuarios a un precio mayor que el ticket regulado.

“Contabilizamos más de 300 prestaciones y medicamentos que se brindan a precios, a veces completamente inaccesibles para los usuarios, otros se judicializan, y en otros casos los usuarios se ven impedidos de recibir tratamiento o estudios indicados por su médico”, agregó la jerarca en Somos Uruguay.

Lustemberg remarcó que su cartera trabaja en “actualizar” los listados para mejorar el acceso. Puso como ejemplo la reciente incorporación de anticoagulantes al formulario terapéutico de medicamentos (FTM), que implicó para los pacientes crónicos pasar de pagar al mes entre $ 3.500 a $ 7.500, a $ 250.

Otro aspecto en debate son los salarios médicos, que a nivel mutual son un 70% de los costos. En entrevista con El País, en agosto pasado, Lustemberg dijo que “se podrían topear” sueldos médicos. “No puede haber determinadas remuneraciones cuando tenemos dificultades a nivel asistencial, así el sistema no se sostiene", dijo la ministra, pediatra de profesión.

Un informe del MSP publicado el año pasado marcó que 515 personas que trabajan en el sistema de salud (96% médicos) cobran más de $ 680.000 por mes. En ese top 1 salarial, 65% son anestésico-quirúgicos.

Otro aspecto que ha sido debatido son los salarios de cargos gerenciales y directivos de los prestadores, que en varios casos rondan los $ 600.000 al mes, así como la gobernanza que llevan y los controles estatales, sobre todo tras el cierre de la mutualista Casa de Galicia, en diciembre de 2021, y la intervención de Casmu, que rige desde julio de 2024.

En el marco del debate parlamentario por regular los "servicios VIP" en mutualistas, el diputado frentista Federico Preve planteó regular a los seguros privados, y no descarta disminuir o eliminar el aporte del Fonasa a estos a través de las cápitas, como informó El Observador. Los seguros privados (Summum, Hospital Británico, Seguro Americano, Medicina Personalizada, Cophami y Blue Cross & Blue Shield) concentraban a diciembre pasado, último dato oficial disponible, 126.534 usuarios, de los cuales 89.715 son Fonasa.

La titular de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Gabriela Pradere, dijo a El País hace dos semanas que el sistema de salud, en términos globales, está “estable”, es “sostenible” y “está mejor incluso que en años anteriores”, si se quita el factor Casmu. “Tanto en el interior como en Montevideo se mejoraron los resultados”, sostuvo.

El MSP publicó este semana el estado de situación patrimonial (ESP) de todas las mutualistas, al que accedió El País. De una treintena de instituciones, cuatro tuvieron un resultado del ejercicio negativo: Casmu ($ 1.057 millones), Cudam ($ 75 millones), Universal ($ 16 millones) y Crami ($ 18 millones).

En el ejercicio 2024, cinco mutualistas cerraron con números rojos (Cudam, Universal, Camcel, Comef y Asociación Médica de San José). La mitad que las once que estuvieron en esta situación en el ejercicio 2023 (Cudam, Cosem, Médica Uruguaya, Comeca, Camec, Comeflo, Comef, Crame, CAMY, Comero y CAMS).