Expertos del sector de la salud y políticos consultados por El País estimaron que el aporte de Rentas Generales para sostener al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) -que en 2023 llegó a un récord de US$ 821 millones de déficit- no solo no bajaría en el próximo tiempo, sino que algunos prevén que subirá.

El Fonasa, con 2.6 millones de afiliados, es el corazón del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), vigente desde 2008. Tuvo un costo de US$ 3.533 millones en 2023, financiado con US$ 2.712 millones de aportes directos al Fonasa, y la diferencia que inyectó Rentas Generales, que se nutre de impuestos de la ciudadanía.

Lo cierto es que Rentas Generales, además, financia la asistencia médica de 900.000 personas que no aportan al Fonasa, pero que igual acceden a los servicios de salud de ASSE, con la misma canasta de prestaciones que las mutualistas.

Este gasto se da bajo el consenso generalizado de que Uruguay tiene una cobertura universal en salud. No obstante, los cuestionamientos persisten sobre la falta de acceso al momento de consultar.

Son largos tiempos de espera para ser atendido por un médico general o un especialista en ASSE y las mutualistas. También se critica el pago de tratamientos que no están en la canasta común (PIAS), entre otras dificultades.

Si bien este escenario no es exclusivo del Uruguay, hay factores que persisten en un país con un gasto total en salud de 9% del PIB, que lo deja al nivel de “países desarrollados”, han dicho autoridades sanitarias.

Tanto desde el Ministerio de Salud Pública (MSP), del sector de la salud y de políticos de diversos partidos, no se avizora una propuesta específica de cómo reducir el monto que exige Fonasa de Rentas Generales.

Ante las consultas realizadas a referentes, algunos de los cuales prefirieron no ser identificados, se reiteró que ningún país sostiene su sistema solo con aportantes y que requiere de fondos estatales extra.

Es por eso que existe cierta naturalización del porcentaje de Rentas Generales, que aporta un 25% de los egresos del Fonasa desde 2017, por el diseño del SNIS y otros aspectos.

Se aduce que el principal factor que determina el déficit- que dirigentes de Frente Amplio y de la salud se niegan a llamarlo así- es la inclusión, desde 2011 hasta 2016, de los jubilados y pensionistas al Fonasa, a partir de la Ley 18.731.

Esto repercutió en que la ayuda subiera de forma casi ininterrumpida desde 2012, pasando de US$ 129 millones ese año, a US$ 821 millones en 2023, como informó El País.

La diferencia se asocia a que como las jubilaciones suelen estar topeadas, el aporte no cubre, en general, la totalidad de la cápita, que es el pago que recibe cada mutualista -y su principal ingreso- por afiliado, unos $3.800 en promedio cada una.

La paramétrica actual, que data de 2011, y que ahora se busca cambiar, toma en cuenta edad y sexo. La cápita de jubilados es de las más caras, junto a la de los recién nacidos.

Pero además, en el caso de los jubilados no existe el aporte patronal (5%) de Fonasa, que convive con el que realizan los trabajadores formales, que según sus ingresos y conformación familiar, varía de 3% a 8%.

Foto: Archivo El País

El expresidente de los prestadores del interior (Fepremi), Carlos Cardoso, y el exministro de Salud Pública y el arquitecto del SNIS, el frentista Daniel Olesker, dijeron a El País que la suba del aporte a un 25% actual no es una “sorpresa” porque ya se había proyectado en 2010 cuando debatían la Ley 18.731.

Para Olesker, las reformas del SNIS ahora deben pasar por aspectos asistenciales. “No creo que en lo financiero haya que reformar nada”, subrayó, y agregó que el 25% de déficit es “absolutamente razonable”.

Mirando a futuro, el exministro descartó un salto en el déficit. “No hay shock sobre el sistema que modifique de manera sustancial el financiamiento del sistema, como lo hubo cuando ingresaron los jubilados”, indicó el exsenador.

No obstante, otros actores del sector, que prefirieron no ser identificados, aseguran que el porcentaje no bajará. Algunos dan como un hecho que subirá, ante la proyección de que habrá menos aportantes por la baja natalidad y un costo en salud más alto por el mayor envejecimiento.

Ante la consulta de si no es posible otra gestión del dinero que hacen hoy los aportantes (unos US$ 2.700 millones), se presenta una barrera con la estructura de costos del sistema.

“El 69% de la paramétrica de costos está relacionada con los salarios”, sostuvo Cardoso sobre lo que pasa en las mutualistas.

Jorge Bermúdez, titular del sindicato de la salud (FUS) dijo a El País en noviembre que el SNIS está tensionado, entre otros puntos “por sueldos como los de anestesistas de $600.000 al mes” y de gerentes, “por millones de pesos”.

Las mutualistas, en tanto, marcaron que tras lo peor del covid subió la asistencia médica, por lo que pidieron un ajuste de la cápita y afirmaron que perdieron unos 15.000 usuarios. En su mayoría fueron a ASSE, pero al menos 3.000 pasaron a los seguros privados, que reciben cápitas, y concentran hoy unos 120.000 usuarios.

Para revertir el déficit a la brevedad, se plantea la opción de subir los aportes al Fonasa, algo que no está en la mesa de ninguno de los precandidatos, según supo El País.

No obstante, Cardoso planteó que una “fórmula beneficiosa” para reducir el aporte es si el Poder Ejecutivo define el ingreso de los funcionarios de las intendencias al Fonasa.

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Foto: Leonardo Mainé