Las partes estuvieron muy cerca de acordar: el Frente Amplio (FA) y la coalición republicana, que vienen arrastrando desde el cambio de período un problema de difícil solución —votar la nueva integración de los organismos de contralor y llegar a algún consenso respecto del liderazgo de la Fiscalía General de la Nación—, habían dado un paso significativo unos 15 días atrás, cuando todo indicaba que, al menos en un criterio importante, habían alcanzado cierta sintonía y podrían designar nombres de consenso para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo —donde ya se venció el plazo para llenar la última vacante—, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). "Sé que vamos a llegar a un acuerdo", dijo sobre todo esto el presidente Yamandú Orsi en la tarde del pasado 19 de octubre.
Pero se difundieron los detalles de ese acercamiento —sostenido en un diálogo entre el senador frenteamplista Daniel Caggiani y su colega blanco Javier García—, y oficialismo y oposición quedaron con "los puentes rotos", al decir de un senador oficialista.
El cortocircuito, como informó El País —y luego La Diaria y Búsqueda—, se gestó a partir del momento en que Caggiani negó públicamente un término clave del acuerdo que se había transmitido a la coalición: que el reemplazo de la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero —un objetivo que el Frente Amplio persigue y seguirá persiguiendo fervientemente— quedaba fuera de la mesa en esta oportunidad.
Hubo acusaciones cruzadas —Caggiani dijo que García no daba "la talla" y que no podía "negociar absolutamente nada que le sirva a los uruguayos" y el nacionalista le respondió que el problema tenía que ver con un "lío interno" del oficialismo y que el frenteamplista había llegado a ofrecer que el acuerdo se comunicara en la Torre Ejecutiva — y el clima quedó, por decir lo mínimo, "maltrecho".
Cómo siguen ahora las conversaciones es una pregunta que quedó instalada en el Palacio Legislativo. Porque la voluntad de retomarlas —aunque García y Caggiani, dos interlocutores importantes en este tema, no tienen ahora, obviamente, un vínculo viable para encabezarlas— existe en ambos bloques.
En la coalición, y especialmente en el Partido Colorado —y también en el Partido Independiente—, porque buscan actualizar la conformación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y la Corte Electoral. De hecho, ya se manejaban nombres para pasar a integrar estos organismos —como el del contador colorado Max Sapolinski para la Corte Electoral, y el del exdiputado del Partido Independiente, Iván Posada, como futuro presidente del TCR.
Y en el oficialismo porque no cejan en sus esfuerzos de encontrar a un sucesor de Ferrero, cuya gestión al frente de la Fiscalía es cada día más cuestionada. Tanto legisladores como integrantes del gobierno han remarcado a El País que la visión con la jerarca es crítica por el estado actual del "funcionamiento" de la institución —según dijo un legislador del FA, que apuntó contra el "lío" y la falta de "capacidad de gestión" que visualizan en Ferrero—, algo sobre lo cual se ha referido en los últimos días, también con un tono crítico, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay.
La estrategia que se analiza y la reacción de Viera: "No vamos a negociar nada"
En filas del Frente está el convencimiento de que García "no está interesado" en llegar a ningún acuerdo, por lo que se buscarán acercamientos con "otros" senadores nacionalistas. O incluso con el entorno del senador colorado Pedro Bordaberry, porque en el FA se interpreta que, a pesar de que "por momentos" el líder de Vamos Uruguay ha mostrado una dura oposición al gobierno de Orsi, por otros la actitud ha sido diferente y en algunas oportunidades han notado mayor receptividad para dialogar sobre la Fiscalía.
Sin embargo, el malestar con el episodio que protagonizó Caggiani también caló hondo en ese sector del Partido Colorado. "Para nosotros —dijo a El País el senador Tabaré Viera— el cumplimiento de la palabra es fundamental, así que no podemos dialogar sobre otras cosas si no se cumple con lo que el Frente Amplio se había comprometido desde un principio: renovar los organismos de contralor". Y agregó, por si el mensaje no fue lo suficientemente claro: "Mientras ellos no cumplan con su palabra y podamos renovar la Corte Electoral y el TCR, no vamos a negociar nada".
El mensaje que dio Orsi al respecto quedó resonando en la coalición, y Viera lo trajo otra vez a colación: "El presidente ya se pronunció: dijo que no tenía urgencia con respecto a la Fiscalía y que había que dedicarse a los otros temas, y luego el Frente Amplio lo desdijo".
Ahora bien, si el diálogo no funciona —que es a lo que se seguirá apostando, y para eso hay quienes miran la próxima vacante en la Suprema Corte de Justicia, que se generará el 4 de marzo de 2027, cuando John Pérez cumpla 70 años, lo que podría funcionar como una nueva "ventana"—, fuentes del partido de gobierno recordaron que tiene una "última carta" a la que no han recurrido todavía en forma directa: un proyecto de ley, que en su momento presentó Cabildo Abierto, y que en resumen plantea que la subrogación del fiscal adjunto de Corte se defina mediante un sorteo y sea rotativa cada seis meses (ver recuadro).
"Si estamos dispuestos, ese proyecto sale", dijo un legislador oficialista a El País, confiado en obtener las mayorías en Diputados, ya que da por descontado que los dos representantes cabildantes apoyarán su propia propuesta. El efecto inmediato sería el reemplazo de Ferrero.
Cabildo reclama su ministro en la Corte Electoral
El diputado cabildante Álvaro Perrone, promotor del proyecto que establece un sorteo semestral para la subrogación del fiscal adjunto de Corte, dijo a El País que esa es una iniciativa que "está ahí para ser tratada en cualquier momento", pero que ahora no forma parte de sus prioridades. "Lo que sí sigue siendo importante para Cabildo es tener un ministro en la Corte Electoral", reclamó.