Serie de desacuerdos con Argentina tensionan la gestión en la CARU

Una serie de hechos que involucran a la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) están afectando la imagen y la transparencia de la gestión y generan momentos de tensión con la delegación uruguaya.

Una fuente de la CARU dijo a El País que hubo “momentos difíciles” en el vínculo con la delegación argentina y que había propuestas que no se podían aceptar “bajo ningún concepto”, aunque esto se ha “atemperado” bastante en las últimas semanas y el trabajo prosigue con “normalidad y cordialidad”.

Desde Cancillería se indicó a El País que están informados de cada uno de los desencuentros y polémicas generadas, y de la tensión existente, pero que no se realizarán comentarios públicos al respecto.

El diario La Nación invocó días atrás un documento interno que sostiene que la delegación argentina “ha generado reiterados conflictos con la delegación uruguaya, la cual debió intervenir para frenar diversas iniciativas”, y plantea que hay presuntas irregularidades que merecen “un análisis detallado”.

Foto: Presidencia

El mayor desencuentro, catalogado en la interna de la CARU como “grave”, se suscitó a partir de una insistente propuesta de la delegación argentina para la firma de un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para la repavimentación en Argentina, entre otras obras, de la ruta nacional 136 que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos. El negocio implicaba una inversión de US$ 15 millones, a financiarse con fondos de reserva de la CARU, recursos de contingencia de los puentes, partidas destinadas al dragado del río Uruguay e incluso la evaluación de un aumento de peajes. En su momento, el diario El Telégrafo dio cuenta de esta propuesta y del roce que generó.

Si bien la delegación uruguaya en la CARU tiene autonomía para tomar decisiones, existe un acuerdo entre los cinco delegados para actuar siempre en consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fuentes consultadas por El País señalaron que el planteo argentino era “un disparate”. Un informe jurídico elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó que una obra vial excede las competencias de la CARU y esa fue la razón que argumentó la delegación uruguaya para negarse a aprobar el proyecto.

Foto: AFP.

“Las carreteras son competencia de los Estados o las provincias. Esto excedía la competencia de la CARU. Uruguay está afín a que la CARU ayude a mejorar la calidad de los efluentes que se vierten al río en ambas márgenes; eso sí tiene que ver con nuestras competencias. Lo de la ruta era imposible de aceptar”, se indicó.

La negativa uruguaya provocó un profundo malestar en la contraparte argentina. Días después de este episodio, el pasado 16 de diciembre, se realizó un acto en la sede de la CARU para conmemorar el cincuentenario del Puente Internacional General Artigas que une Paysandú-Colón, inaugurado el 10 de diciembre de 1975. Participaron los delegados uruguayos ante la CARU y los intendentes de Paysandú y Colón, pero nadie de la delegación argentina se hizo presente. Argumentaron razones de “austeridad” para faltar al evento. Para la delegación uruguaya, la ausencia fue leída como un “desaire”, una reacción antipática a la negativa para llevar adelante el negocio planteado.

De hecho, tras el acto, la presidenta de la delegación uruguaya, Cecilia Bottino, dijo a Canal 4 de Paysandú que “tenemos que trascender coyunturas económicas y políticas. No siempre estamos en las mejores condiciones de relacionamiento entre ambos gobiernos o ambas delegaciones que integramos la CARU, pero quienes estamos circunstancialmente frente a las instituciones tenemos que tener la responsabilidad suficiente para adoptar decisiones y avanzar en la integración, que aún es un debe”.

Foto: Estefania Leal

Otro hecho que afecta la imagen de la gestión y genera dudas sobre la transparencia del manejo de los fondos implica únicamente decisiones que ha adoptado la delegación argentina, pero también ha provocado desencuentros con la delegación uruguaya.

La parte argentina fue nombrada por el presidente Javier Milei en junio de 2025 y en el decreto se especificó que asumían en forma “ad honorem”, es decir, sin percibir remuneración de la CARU y manteniendo los salarios en sus organismos de origen.

Sin embargo, el presidente de la delegación argentina, Raúl Luis Montero, elevó una nota para solicitar que los gastos de representación de los cinco delegados argentinos fueran depositados en la cuenta Nº 0122773 del Banco de la Nación Argentina, sucursal Montevideo.

Todos los delegados ante la CARU perciben gastos de representación de unos US$ 8.500 por mes. Dado que los argentinos son “ad honorem”, se presume que este planteo podría no estar alineado con el decreto del nombramiento. El pedido no fue tratado por la delegación uruguaya, ya que se entiende que es un tema que atañe estrictamente a la contraparte argentina.

Por otro lado, dado que hubo una renuncia, hoy la delegación tiene cuatro miembros. Esto es contrario a lo que establece el estatuto de la CARU, pero además no se corresponde con el pedido que hizo Montero para girar el monto equivalente a cinco delegados.

“No correspondería bajo ningún concepto que perciban gastos de representación por parte de la CARU”, afirma el texto publicado por La Nación.

También trascendió en diversos medios argentinos que un chofer que trabaja para la delegación argentina sería el encargado de viajar mensualmente hacia Montevideo para retirar el dinero depositado, sin que se sepa cuál es el destino final. Las fuentes consultadas por El País dijeron desconocer esta situación y tomaron distancia de los hechos. No obstante, se admite que esto perjudica la imagen de la gestión.

Otras fuentes indicaron que la gestión de la CARU está siendo rehén de una interna política “bien argentina”, dado que Milei evitó nombrar a representantes de Entre Ríos ante la CARU, y que Montero entró al organismo para “barrer” con todo rastro peronista o kirchnerista.

Las filtraciones sobre presuntas irregularidades en la CARU por parte de la delegación argentina provocaron que la Unión Cívica Radical de Colón reclamara la intervención de la Justicia.

El sector político argentino manifestó “profunda preocupación ante la información y la denuncia pública vinculada a presuntos gastos exorbitantes realizados por integrantes de la CARU” y exigió “la inmediata intervención de la Justicia para esclarecer la situación con la celeridad que el caso requiere”.