La Asociación de Trabajadores del Uruguay en Salto Grande (Atusg) resolvió ayer en asamblea evaluar medidas de fuerza, si la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande confirma hoy que dejará sin efecto la suba salarial acordada en diciembre con el gremio. “Hay mucha indignación y disconformidad, porque los acuerdos bipartitos no los podés voltear unilateralmente. Eso a nosotros como gremio no nos da ninguna seguridad”, dijo el presidente de Atusg, Walter Méndez, a El País.

CTM de Salto Grande deberá tratar en la sesión de hoy la “exigencia” planteada el 8 de enero por el sindicato de que “respete el acuerdo firmado” en diciembre entre el gremio y CTM, “y otorgue los ajustes” salariales resueltos. La resolución a la que hace referencia Atusg fue dejada sin efecto -a pedido de Cancillería- por otra posterior, del 19 de diciembre, bajo el argumento de que el aumento acordado (de 3% por encima del IPC) está fuera de las pautas establecidas por el gobierno de Uruguay, como manifestó el mes pasado en el Parlamento el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini.

“El pedido del ministro (a CTM de dejar sin efecto la suba acordada) no es vinculante en relación con nosotros, porque el ministro no es jefe de nosotros, sino de los delegados (de CTM). Nosotros somos empleados de un organismo internacional y tenemos otras prebendas”, aseguró Méndez, quien agregó: “El año pasado no se cumplió el ajuste salarial que tendrían que darnos por pautas del Estado, y es lo que estamos reclamando y reivindicando. El acuerdo recuperaba pérdidas que se vienen arrastrando desde atrás”.

Por ello, además de reclamar el respeto del convenio firmado en diciembre, Atusg exige a CTM -en una carta enviada el 8 de enero- que solicite a la gerencia contable “la inmediata reliquidación retroactiva del 2,1% a enero de 2023 para cumplir con el acuerdo vigente”. El gremio expresó que “si esto no fuera así”, se declarará “de manera inmediata en asamblea permanente” e iniciará “las medidas” que sus afiliados “consideren pertinentes”.

De los 250 funcionarios que integran el sector uruguayo de la comisión binacional, entre 60 y 70 trabajadores participaron de la asamblea gremial de ayer, estimó Méndez.

Mientras CTM de Salto Grande tratará hoy las exigencias del sindicato, la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes tiene a su estudio un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado que establece un nuevo régimen de designación y cese de los delegados uruguayos en las comisiones binacionales, como Salto Grande, y crea procedimientos de control de gasto.

Antes de su tratamiento, el Senado había aprobado un proyecto similar del senador blanco Jorge Gandini, que no logró los votos suficientes en Diputados y quedó por el camino.

A pesar de que la iniciativa del Ejecutivo fue enviada al Parlamento el 10 de octubre con la firma del presidente Luis Lacalle Pou y de todos los ministros, incluido Paganini, el canciller propuso cambios al texto el 13 de diciembre, ante la comisión de Asuntos Internacionales de Diputados.

El artículo 3 del proyecto que está a estudio de la comisión establece que “la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Transporte y Obras Públicas; y Relaciones Exteriores; en el marco de sus respectivas competencias, fijarán las pautas y líneas de acción que la delegación uruguaya ante las comisiones referidas seguirán en materia presupuestal y de gestión financiera”. La iniciativa refiere a CTM de Salto Grande, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y CTM del Frente Marítimo.

El canciller propuso ante los diputados que “se debería establecer que, en forma obligatoria, las delegaciones deberán tramitar y obtener ante la OPP las referidas pautas en forma previa al inicio de los procesos de elaboración de los presupuestos de la respectiva comisión, así como seguir estrictamente dichas pautas en el proceso de aprobación, tal cual sucede hoy con los entes autónomos y servicios descentralizados”, porque, “de lo contrario, al tratarse de organismos binacionales y de resultar aprobado, el presupuesto sin seguimiento de pautas, estas no se pueden modificar”.

Paganini recomendó a los legisladores que se agregara “un artículo que introdujera este mecanismo” y comentó que con esta propuesta no está “inventado nada”, sino que es lo “razonable”, por la experiencia que tiene “de muchos años con empresas públicas”.

El canciller Paganini manifestó en diciembre en comisión de Asuntos Internacionales de Diputados que tanto el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre funcionamiento de las comisiones binacionales como los cambios que propuso “fijan una base sólida de gobernanza para el futuro para una serie de organismos que han funcionado durante muchos años, pero que de alguna manera tienen cierto espacio de discrecionalidad, que esta legislatura pretende transparentar y acotar”.