Por Joaquín Silva
Es con acuerdo con los sindicatos públicos o no habrá ni siquiera en parte reforma del Estado. Esa es la premisa del gobierno de Luis Lacalle Pou, que se prepara para una nueva instancia de negociación que tendrá en el centro otra promesa electoral que buscará materializarse en la última ventana que supondrá la Rendición de Cuentas de este año.

Y no será fácil -como no ha sido casi ninguna negociación de este oficialismo- pese al optimismo que dice tener Conrado Ramos, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) -y el principal impulsor de la iniciativa-, que ha llegado a transmitir a la interna del gobierno su disposición a renunciar de no concretar esta transformación.

Ya está decidido que los cambios a implementarse no entrarían en vigencia en este período sino en el siguiente. Lo que falta ahora es que se cierren dos negociaciones: la primera y básica, que implica llevar el preacuerdo que se alcanzó días atrás con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales (COFE) a un acuerdo final, pero también otra interna dentro del equipo del Poder Ejecutivo que trabaja en el tema, que incluye a los ministerios de Trabajo (MTSS), y Economía y Finanzas (MEF), además de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la ONSC.

Esta segunda negociación también es importante, ya que el MEF ha mostrado “algunos reparos en ciertos temas” que deberán ser superados, según indicaron fuentes del Poder Ejecutivo, aunque Ramos entiende que esto no implicará mayores obstáculos, siempre y cuando permanezca la “voluntad política” de llevar esta postergada reforma adelante. Ramos confía en que sí. “Soy optimista en llegar con el acuerdo para la Rendición porque, si no, no tendría sentido el esfuerzo invertido por todos y el preacuerdo ya alcanzado con COFE”, dijo Ramos a El País.

Pero la clave para acercar a la realidad la propuesta incluida en el Compromiso por el país de “concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios públicos” -lo que se logrará con los cambios en la carrera administrativa- reside en la aceptación en todos los términos de esta transformación por parte de COFE. Porque la decisión del gobierno, que sigue lisa y llanamente una “lógica política”, es no generar por iniciativa propia más conflictos con la oposición y los movimientos sociales a las puertas de la campaña electoral. “Más frentes no podemos abrir”, dijo un jerarca de la Torre Ejecutiva.

Entonces, ¿en qué situación se encuentra el diálogo con los representantes de los sindicatos públicos? Al decir de Ramos, “viene muy bien”, entre otras cosas porque ha visto “buena voluntad”, aunque es cierto, reconoció el director de la ONSC, que resta llegar al acuerdo formal.

Sin embargo, del otro la- do no tienen la misma impresión. O no tienen el mismo optimismo. “Tan positivos no estamos nosotros”, advirtió Martín Pereira, uno de los voceros en esta negociación y presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Solo ha habido, dijo el dirigente, algunos avances.

Por lo demás, esta Rendición tendrá como prioridad -tal como fue anunciado por Lacalle Pou hace algunas semanas- el tratamiento de la salud mental y las adicciones, “el gran desafío” al que pretende abocarse esta administración hacia adelante.

Fuentes oficiales indicaron en ese sentido que lo que se prevé incluir en el mensaje que el Ejecutivo enviará al Parlamento en junio es la creación de un “programa” específico para atender esta problemática social, con un diseño que buscará ser “efectivo” y que contará con la coordinación de varios organismos, como los ministerios de Salud Pública (MSP) y Desarrollo Social (Mides) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

A esto apuntará, también, el poco aumento de gasto que se proyecta en esta última norma presupuestal en la que se puede incrementar recursos -es año preelectoral-, por lo que habrá una sustancial diferencia con la Rendición anterior, cuando el gobierno dispuso un aumento de US$ 200 millones. “La línea es mantener el gasto, que ya es importante producto del arrastre de las rendiciones anteriores y que repercutirán en 2024”, dijo un dirigente del oficialismo.

Además de la infinidad de ajustes que se harán en los distintos incisos, ya se ha asumido que el articulado contará con dos grandes temas. Uno de ellos promete reeditar un profundo debate en el seno de la coalición de gobierno: la expresa habilitación a las AFAP a invertir en el exterior.

Este fue parte del compromiso alcanzado con Cabildo Abierto para contar con sus votos en la iniciativa y aprobar la reforma jubilatoria. Los liderados por el senador Guido Manini Ríos se oponen en principio a este punto, pero se acordó volverlo a discutir en un proyecto aparte, y eso es lo que ocurrirá ahora a partir de mediados de año.

El otro gran tema son las medidas sobre seguridad integral que puedan contar con el visto bueno de todos los partidos, en el marco de los encuentros que se mantienen desde hace meses en el Ministerio del Interior.

La idea, como dijo esta semana el coordinador de este programa, Diego Sanjurjo, es apurar el proceso de trabajo todo lo posible, para generar un documento de consenso con algunas medidas que busquen prevenir y combatir la delincuencia a mediano plazo. En este tema, también, queda por delante convencer a Cabildo Abierto, que en los últimos días presentó un documento señalando que, de las 15 propuestas presentadas por la cartera de seguridad -que ya recogía en gran parte los aportes hechos por todos los partidos- solo compartía una tercera parte.

El diálogo, no obstante, está abierto y encaminado.