PARLAMENTO

La Cámara de Diputados comenzó a votar el articulado del proyecto de Rendición de Cuentas y, como siempre ocurre, algunos debates terminarán por dirimirse en este tramo final de la discusión parlamentaria.

El primero en tomar la palabra fue el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez, quien resaltó que esta es una Rendición "enfocada en el crecimiento y el empleo; realista y pensando en el desarrollo del país y la economía de los próximos años".

Entre los ejes en "orden de importancia" para reasignar recursos, resaltó los US$ 45 millones para 2023 que se destinarán a la transformación educativa. 

En segundo lugar, habló de la seguridad pública: "Acá quiero ser determinante: las cifras son contundentes: hay una baja constante y sostenida de todos los delitos", expresó el diputado y contador, haciendo un repaso de las cifras. "¿Todo está bien? Claramente que no, tenemos alguna luz amarilla y roja y a eso vamos a dar batalla frontal en los próximos años".

En tercer lugar, destacó la cantidad de recursos "para ciencia, innovación, tecnología y salud". "Claramente fue un compromiso de este Gobierno por el País", expresó y resaltó los US$ 26 millones  que fueron asignados a Udelar y el paso de ir "más allá" en reasignar recursos para beneficio de "instituciones o programas" como las asignaciones en maquinaria y recursos de investigación contra el cáncer.

El diputado también destacó los recursos destinados a obras de la estructura vial, obras en puertos del interior y la intervención en aeropuertos.

"Se continuará con la intervención en asentamientos con el Plan Avanzar para llegar a 120 asentamientos, transformando esta política de vivienda en la más importante de las últimas décadas", expresó Álvarez.

Finalmente dijo que, a pesar de que el sistema carcelario es "muy complicado" y la población carcelaria a ido en aumento, el Gobierno asume "compromisos para construcción y reconstrucción de cárceles".

En orden de palabra, por el Frente Amplio la primera en analizar la Rendición de Cuentas fue la diputada Ana Olivera, quien la describió como carente de respuestas a "los problemas y necesidades de la mayoría del pueblo uruguayo".

"No da respuesta a los trabajadores que viven de su salario y jubilaciones; no da respuesta a quienes están pasando hambre. Nos preocupa que esas respuestas no hayan estado y no estén a la altura y haya muchos anuncios de anuncios", destacó y anunció que hará un pedido de acceso a la información del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a propósito de la evaluación por la Canasta de Emergencia otorgada en pandemia.

"Esta Rendición de Cuentas no da respuesta a los temas que ella misma considera como prioritarios: salud, vivienda y educación. A los temas de la seguridad e inseguridad pública. No presenta un proyecto claro sobre industria", dijo Olivera, e incluyó en esa lista la economía: "Lo que no existe es un plan de lucha para la disminución contra la pobreza y la desigualdad".

Para la exintendenta de Montenvideo, si alguien que no vive en el país lee este proyecto "piensa que Uruguay vive en el mejor de los mundos posibles, se convence que este es el país de las maravillas. Hay una distancia muy grande entre el discurso que allí se presenta y la realidad".

En su exposición, Olivera habló de la "danza de millones" anunciada por el Gobierno, entre los que se resalta el crecimiento de US$ 226 millones. "a la educación se le quitó US$ 140 millones; a ASSE 70 millones; a vivienda US$ 50 millones. Reprogramaciones de reprogramaciones... No es subjetivo, está en la respuesta de pedidos de informes: que sencillamente fue ‘no tenemos asignación presupuestal para eso’", expuso.

"40 % se recortó a la Udelar; 40 % al INAU. Si uno compara esos 226 millones de crecimiento con todo esto, ¿quién paga esos 226 millones? Aquellos que tuvieron menos ingresos", agregó.

"En síntesis hoy vivimos en un país más pobre y con mayor desigualdad. Vivimos en un Uruguay con menor integración social, menor inversión en ciencia y tecnología y desarrollo a futuro", destacó.

Entre los temas que el oficialismo todavía no ha logrado acordar están las disposiciones relativas a la Ley de Medios que el Poder Ejecutivo incluyó en la iniciativa que envió a la cámara baja semanas atrás. Esas disposiciones plantean directamente la derogación de la normativa -en función de varios artículos que en los últimos años han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, entre otras cosas-, pero no todos los partidos de la coalición de gobierno están de acuerdo al respecto.

Por eso es que los legisladores del oficialismo resolvieron que esta discusión continúe en el Senado, pero el presidente Luis Lacalle Pou declaró la semana pasada que se debería establecer en el plenario de Diputados “quién vota a favor y quién en contra”.

Esto, que no había caído bien a algunos legisladores, según supo El País -porque los acuerdos parlamentarios suponen más de una arista- ahora fue reforzado por el diputado nacionalista Sebastián Andújar. En diálogo con Telemundo, el legislador dijo ayer que entendía que la bancada de blancos tendría que “actuar en consecuencia” y por lo tanto plantear el debate en el plenario.

“En algunos temas, tanto dentro de la coalición como con la oposición, hay que hacerse cargo cuando se niega una iniciativa”, señaló el diputado a El País. “Que quede claro quiénes votan en contra y quiénes a favor y que cada uno dé sus explicaciones”.

El diputado cabildante Sebastián Cal, por su parte, dijo que su partido irá “para adelante” y que defenderá su posición de evitar la derogación total de la ley. “A nosotros nos preocupa el artículo 56”, que prohíbe a cableoperadores que puedan otorgar internet, por lo cual su bancada “propondrá un aditivo” solucionando ese problema.