Registro de grupos terroristas: embajada de EE.UU. apoya proyecto de Ojeda; serviría para "profundizar lazos"

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay manifestó su interés sobre el proyecto de ley de Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado, para crear un “Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales”.

Según supo El País, el embajador Louis Rinaldi le realizó varias consultas al respecto al dirigente colorado cuando se reunieron en enero pasado. Ojeda presentó su plan en setiembre de 2025.

En ese encuentro, el senadro planteó la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump colabore con Uruguay con expertos en la reforma del sistema de Justicia, incluidas las modificaciones que se pretenden hacer al Código del Proceso Penal (CPP) por parte del gobierno.

El proyecto del senador tiene el objetivo de que el Estado pueda “identificar, monitorear y sancionar —en coordinación con agencias internacionales— a organizaciones, personas y entidades asociadas con actividades terroristas”. En el registro estarían Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Desde la embajada estadounidense señalaron a El País que el tema ya se había conversado con las autoridades del gobierno de Luis Lacalle Pou, que manifestaron que la herramienta del registro no existía, y que Uruguay se ajustaba a los lineamientos del Consejo de Seguridad de la ONU. Rinaldi, que pretende recibir a autoridades de todos los partidos, también planteó la posibilidad de generar una lista al gobierno de Yamandú Orsi.

La sede diplomática destaca que buscan “profundizar lazos” entre ambos países, en un contexto en que Uruguay ya tiene acceso a la base de datos estadounidense sobre terrorismo.

Aí como con la reforma del CPP, la embajada ofreció al gobierno de Orsi brindar “asistencia técnica” para la confección de este registro, que podría ser, entienden, una “herramienta útil”.

No obstante, desde la embajada expresaron que no hicieron ninguna propuesta en términos de cuáles deberían ser las características de este registro ni en cuanto a cómo sería su instrumentación en Uruguay.

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, “monitorea continuamente las actividades de grupos terroristas activos en todo el mundo para identificar posibles objetivos”, según establece en su página web. Algunas de las organizaciones que integran el registro del país son el Cartel de los Soles, el Cartel de Sinaloa, ISIS, Al Qaeda, el Tren de Aragua, además de Hamás y Hezbolá, entre otros.

Francisco Flores/Archivo El Pais

Ojeda declaró a El País que “Uruguay está atrasado en esta materia”, ya que un país “con tal reputación de calidad democrática y de defensa de los derechos humanos”, en el actual “contexto geopolítico no puede estar atrás a la hora de condenar el terrorismo y a la hora de identificarlo para combatirlo”.

“Esto tiene que ver también con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Uruguay tiene muchas leyes, una muy reciente en materia de lavado. Cada vez que hablamos de lavado de activos, también hablamos de combatir también la financiación con el terrorismo. ¿Cómo vamos a combatir la financiación del terrorismo si no tenemos un dictado de grupos terroristas?”, cuestionó.

Según el proyecto del senador colorado, el criterio de inclusión de organizaciones en el registro puede basarse en información proveniente de “organismos nacionales de inteligencia o seguridad; resoluciones y/o informes de organismos internacionales; listados de agencias de seguridad de otros países, que se entiendan pertinentes dadas las condiciones de similitud en cuanto a riesgos nacionales; fallos judiciales extranjeros firmes; y informes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft)”.

En el sistema político hay consenso sobre la necesidad de reformar el CPP desde la última modificación en 2017, impulsada por el actual prosecretario de Presidencia y entonces fiscal de Corte, Jorge Díaz, que estuvo en el cargo hasta 2021. De hecho, el gobierno enviará en el correr de este año un proyecto de rediseño al Parlamento.

Ojeda, a propósito de su encuentro con Rinaldi, dijo en ese momento a El País que le interesa particularmente “intercambiar e involucrar en la comisión a técnicos norteamericanos, en particular para la reforma del CPP, porque tienen mucha experiencia”.

Entre las críticas que ha hecho el senador, concretamente sobre el rol de la Fiscalía, está la falta de un límite en los plazos de investigación en caso de que no exista la formalización de un caso. En esa línea, incluso ha llegado a mencionar el caso del exsenador frenteamplista Charles Carrera, que fue finalmente imputado en junio de 2025 tras su pedido de desafuero en setiembre de 2024, para ejemplificar las largas esperas que puede llegar a tener cualquier ciudadano sometido a una indagatoria.

El dirigente colorado también ha planteado como un asunto a revisar “la vaca sagrada de la independencia técnica” de los fiscales, en comparación, por ejemplo, a la estructura jerárquica del Poder Judicial y a la falta de competencia en algunas decisiones jurídicas del fiscal de Corte.