Qué hay detrás de la inversión "récord" anunciada por Orsi: las claves de una noticia que se manejó con hermetismo

El rumor circulaba desde la tarde de este martes en el sistema político y mediático: el presidente Yamandú Orsi, se limitaban a confirmar sus colaboradores, haría un anuncio "importante" sobre el mediodía del miércoles, pero no se adelantaría de qué iba a tratarse. Que el anuncio era relevante y positivo para el gobierno del Frente Amplio fue evidente ya varios minutos antes de la conferencia: el escenario de presentación se montó en el piso 11 de la Torre Ejecutiva —en la sala donde suele reunirse el Consejo de Ministros, a pasos del despacho del mandatario—, algo que no había ocurrido nunca antes en esta administración. Y quedó claro después, cuando los aplausos de sus principales ministros dieron el cierre al discurso del presidente, y jerarcas de primera línea se saludaron y abrazaron efusivos, como hicieron, por ejemplo, el prosecretario Jorge Díaz y la titular de Industria, Fernanda Cardona —la vocera designada para brindar detalles a los medios.

En su breve discurso —que pronunció ante una tarima individual—, Orsi habló por fin de una inversión que será "de las más grandes de la historia reciente, si no la más grande" y sobre la que se había trabajado durante "meses" en "silencio" y con "mucho profesionalismo".

Entonces, y justo cuando el audio se interrumpió por un problema técnico que se solucionaría exactamente al finalizar la conferencia, el presidente levantó la voz para sortear el inconveniente y señaló que el acuerdo que se firmaría en minutos con el CEO de Solaria Energía y Medio Ambiente S. A. —el español José Arturo Díaz-Tejeiro, presente en la sala— permitiría la construcción de "un parque tecnológico de centro de datos de 500 megavatios" que aterrizará en Uruguay con un régimen de zona franca y dejará una estela de dinamización económica resumida en datos auspiciosos para cualquier gobierno: una inversión estimada de US$ 5.700 millones; la creación de 3.100 puestos de trabajo en una primera etapa de construcción desde 2027 hasta 2029 y 1.500 fuentes laborales de carácter permanente; y todo en el interior del país, porque la infraestructura se instalará en los departamentos de Florida, San José y Canelones —aunque las ubicaciones exactas no están definidas—, lo que va en línea con el "compromiso" de este gobierno de "llevar el crecimiento al interior del país para que se transforme en desarrollo", celebró el mandatario.

Como corolario de todo esto, destacó Orsi, Uruguay reafirma su posicionamiento como país en donde "se puede invertir, crecer y donde las reglas están claras y se respetan".

¿Cuándo se concretará, sabiendo que recién comienzan los procesos de habilitación ambiental? Cardona dijo que lo que el gobierno está pensando es que entre 2029 y 2030 "quede todo operativo", lo que quiere decir "que la primera fase termina en este quinquenio y la segunda empieza en el segundo quinquenio", o sea, en la próxima administración.

Solaria es una empresa que está instalada en Uruguay desde hace "casi una década, con plantas solares en Young (Río Negro) y Mercedes (Soriano) que venden energía a UTE", informó también el Ejecutivo en una gacetilla de prensa. Fue fundada en 2002 y hoy —este dato es destacado por cuanto jerarca del gobierno se converse— "cotiza en la bolsa española desde 2007 y forma parte del prestigioso índice IBEX 35 desde el año 2020". Originalmente nació como un fabricante de paneles solares para convertirse, a partir de 2014, en un "generador puro de energía limpia de emisiones" y en un "gestor de infraestructuras sostenible".

Actualmente enfrenta algunas complicaciones en España, concretamente en el País Vasco (ver recuadro), pero para el gobierno es una firma más que respetable, incluso una "joya en un cuadro de acumulación de acuerdos" en lo que va de esta gestión, al decir de un integrante del Ejecutivo, que espera más anuncios de este tipo en breve, con otras multinacionales vinculadas al sector tecnológico.

El contacto con la firma comenzó hace varios meses, y un papel protagónico para iniciar las conversaciones lo tuvo el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez —quien estuvo en España en el verano de este año— y el embajador de Uruguay en Madrid, Bernardo Greiver del Hoyo, dijeron fuentes oficiales.

El asunto se trabajó en el más hermético silencio, en parte cuidando los intereses de la propia empresa, que debía comunicar el acuerdo primero a sus propios accionistas y el gobierno buscó cuidar ese aspecto.

El acuerdo tiene "tres ideas fuerza", según resume un texto de circulación interna en el gabinete, y que parece sintetizar los argumentos positivos de esta inversión —llamada allí "hija del proyecto progresista" por venir gracias a que Uruguay cuenta con "cables submarinos y leyes laborales que se construyen con gobiernos del Frente Amplio"— para ser explicados públicamente.

La primera de ellas es que "lo público atrae inversión" puesto que "UTE y Antel, defendidas por el pueblo, son la base de esta decisión". La segunda es que se trata de una "inversión con condiciones, no a cualquier precio", y que el proyecto, que "trae su propia generación" de energía, "se reparte en tres departamentos y genera trabajo calificado".

La tercera apunta a resaltar que "el Estado no pone la infraestructura" y que es la empresa, se insiste, la que "invierte su propia energía. "No se realizan concesiones".

Luego se repasan los números ya comentados por Orsi y por Cardona este miércoles y se ofrecen cinco "ejes argumentales". "Que "lo público es la ventaja" y que debe destacarse la relevancia de UTE y Antel es el primero de ellos. A continuación se recuerda que "la matriz energética fue obra del proyecto progresista", que el acuerdo con Solaria fue "con condiciones", que la negociación tuvo en cuenta "las reglas del trabajo uruguayo" y que se apuesta a la "descentralización" al optar por invertir en el interior.

"Hablamos de un proyecto de gran magnitud no solo a nivel nacional, sino mundial", se afirma, luego de repasar la lista de las mayores inversiones: con Solaria a la cabeza, le siguen UPM 2, con US$ 3.000 millones; Montes del Plata, con US$ 2.100 millones; UPM 1, con US$ 1.200 millones; y Google, con US$ 850 millones.

Por último, se exponen dos grandes "diferencias" con HIF Global, la multinacional con la que el gobierno continúa negociando la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, luego de que el entonces presidente Luis Lacalle Pou comunicara a mediados de 2023 que la inversión —de unos US$ 5.385— era un hecho.

Una de ellas es que"ya hay un acuerdo de energía firmado donde ganan las dos partes, que se concretó en siete meses (en HIF hay negociaciones desde 2023 sin acuerdo energético aún)".

La segunda, que⁠ "detrás del emprendimiento hay una empresa que ya opera en Uruguay desde hace una década, que cotiza en bolsa y que tiene varios reconocimientos de gestión empresarial y sostenibilidad".

En filas de la oposición, mientras tanto, las reacciones fueron variadas. El senador blanco José Luis Falero aseguró que le parecía un "proyecto interesante y una muy buena noticia para el país", aunque ahora esperaba conocer "un poco más los detalles" de la inversión. Pero recalcó que, en principio, la noticia debería "alegrar a todos los uruguayos".

De su mismo partido, el senador Sebastián Da Silva, ya formuló un pedido de informes dirigido a cinco ministerios para conocer todo lo relacionado a este proyecto.