Da Silva pidió al gobierno detalles sobre inversión de Solaria, las tierras afectadas y las garantías públicas

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva presentó un pedido de informes dirigido a cinco ministerios para conocer los detalles del proyecto de la empresa española Solaria, anunciado este miércoles por el presidente de la República Yamandú Orsi. Construirá centros de datos en un proceso que permitirá generar 3.100 puestos de empleo temporales y 1.500 permanentes.

El planteo realizado horas después del anuncio, y dirigido a la Cámara de Senadores, solicita que los ministerios de Industria, Energía y Minería; Economía y Finanzas; Ambiente; Ganadería, Agricultura y Pesca; y Relaciones Exteriores respondan, según sus respectivas competencias, una serie de consultas sobre el proyecto.

Entre otros puntos, Da Silva pidió una copia del acuerdo anunciado por la empresa y sus anexos, así como precisiones sobre las sociedades y los socios participantes, las distintas etapas de ejecución, los plazos previstos y las condiciones que aún permanecen pendientes.

Uno de los aspectos centrales del pedido refiere a la "dimensión de la inversión y las características de la infraestructura proyectada". El legislador solicitó "identificar la ubicación de los parques solares y los centros de datos, los padrones involucrados y la cantidad de hectáreas comprendidas. También pidió distinguir la superficie total de los predios de la efectivamente ocupada por los paneles solares y aclarar si los 350 megavatios anunciados corresponden a potencia pico o a potencia de conexión.

El senador también puso el foco en el impacto que la iniciativa podría tener sobre la actividad agropecuaria. En ese sentido, pidió información sobre "el uso actual de los campos involucrados, la calidad de los suelos y la superficie que dejaría de destinarse a la producción". Además, consultó si se mantendrá el pastoreo ovino en los predios y bajo qué condiciones.

En materia financiera, Da Silva solicitó "detalles sobre el capital propio y el endeudamiento previstos, la identidad de los inversores y prestamistas, los montos efectivamente comprometidos y las condiciones necesarias para concretar el cierre financiero". También requirió que se remita la evaluación de solvencia y endeudamiento de Solaria realizada por el gobierno.

Foto: Leonardo Mainé/El País.

Otro de los puntos planteados refiere a las garantías que podrían respaldar el financiamiento. El legislador pidió precisar "qué activos, contratos o ingresos se utilizarían con ese fin y si existirán avales, créditos, garantías o compromisos por parte del Estado, UTE, Antel o bancos públicos". A su vez, solicitó detallar la eventual exposición pública y las consecuencias de un incumplimiento.

El pedido también abarca los aspectos energéticos de la iniciativa. Da Silva consultó sobre "la demanda eléctrica y la generación solar anual previstas, cómo se cubrirá el suministro durante la noche, cuáles serán las tarifas y los contratos con UTE, qué obras serán necesarias y quién asumirá su financiación".

En ese marco, solicitó identificar los contratos vigentes de los parques del grupo en Young y Mercedes y determinar si tendrán alguna vinculación con el nuevo proyecto.

El requerimiento incluye consultas sobre el régimen de zona franca, las exoneraciones tributarias previstas y el costo fiscal estimado de la iniciativa. También pide información sobre el consumo y las fuentes de agua, las autorizaciones ambientales y los compromisos verificables de inversión, generación de empleo y restauración de los predios.

Por último, Da Silva solicitó los antecedentes de la negociación, la identificación de los participantes, intermediarios y asesores, los controles de integridad y los eventuales conflictos de intereses. Además, pidió conocer el fundamento y el alcance de las cláusulas de confidencialidad incluidas en el acuerdo.

El senador solicitó que cada uno de los puntos sea respondido con documentación de respaldo y que se deje constancia expresa de aquellos aspectos que todavía no estén definidos.

Foto: Leonardo Mainé/El País.