Una promesa de campaña electoral del Frente Amplio fue volver a los consejos en los subsistemas educativos (Inicial y Primaria, Secundaria y UTU), con un representante docente en cada uno, sustituyendo así el modelo actual de directores y subdirectores generales instalado a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento en octubre pasado el proyecto de ley de “ampliación de la participación en ANEP”, que incluyó retornar al modelo previo a 2020, de consejos conformados por tres miembros, dos de ellos designados por el Consejo Directivo Central (Codicen) y un tercer integrante electo por el cuerpo docente de cada consejo.
La iniciativa planteó que cada uno de los tres miembros de cada subsistema deberá haber ejercido docencia en la educación pública por un lapso no menor a 10 años, tal como indicaba el artículo 65 de la Ley de Educación (18.437).
El proyecto ingresó primero al Senado, pero pocos días después fue derivado a la Cámara de Representantes, donde ingresó a la comisión de Educación y Cultura en noviembre pasado. Seis meses después, en mayo, las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) concurrieron a dicho ámbito parlamentario. Y un mes después, en junio, asistieron jerarcas del Codicen de ANEP para marcar su postura.
Pese al respaldo unánime que recogió la iniciativa desde el oficialismo, no ha avanzado en dicha comisión. Fuentes políticas del Frente Amplio reconocieron a El País que el proyecto está “trancado” porque no tendría el apoyo suficiente para su aprobación en la Cámara de Representantes, donde le faltan dos votos para alcanzar la mayoría. No solo no tiene el visto bueno en la coalición republicana -que impulsó la LUC-, sino que tampoco lo tiene en Identidad Soberana y Cabildo Abierto. En línea con lo señalado por las fuentes oficialistas, el diputado colorado Felipe Schipani, actual presidente de la Comisión de Educación y Cultura, dijo a El País que el proyecto de ley no ha tenido más movimiento porque “no están los votos” por fuera del oficialismo.
La diputada frenteamplista Magela Rinaldi, vicepresidenta de dicha comisión, señaló a El País que la iniciativa “no se ha comenzado a tratar” en ese ámbito, y tampoco se ha pedido incluirla en el orden del día. Aunque remarcó que en el Frente Amplio “hay interés en trabajar este proyecto”, este año o el que viene, cuando ella pase a presidir la comisión.
El proyecto de ley también incluye la creación de comisiones consultivas, integradas por estudiantes, familiares, funcionarios y otros actores, para que puedan brindar opiniones y comentar sobre las necesidades del sistema educativo.
En debate
La vuelta a los consejos en los subsistemas educativos ha generado debate desde su presentación. Desde la coalición se ha insistido con que los cambios fueron puestos a consideración de la ciudadanía en el referéndum de la LUC, impulsado por el Frente Amplio, que no prosperó.
“Toda la ciudadanía sabía (lo que quería hacer el Frente Amplio). Se afirmó que si ganaba iba a proponer este cambio al Parlamento”, remarcó el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, en mayo, en la comisión citada, en respuesta al diputado blanco Fermín Farinha, quien le marcó que los cambios de la LUC tuvieron el “aval de la soberanía popular”.
Además, Mahía planteó que la “eficiencia” en la gestión buscada con el cambio “no se ha visto”.
Una de las críticas más persistentes fue que el pasaje a direcciones implicó quitar la representación docente. Robert Silva, senador colorado y expresidente de ANEP, lo ha descartado de plano, valorando la participación docente en dos de cinco cargos del Codicen. “El gobierno quiere volver a la ANEP al estado de asamblea permanente (...) es un retroceso claro volver a los consejos”, declaró a El País meses atrás.