La Policía y la Fiscalía vienen estrechando el cerco sobre la banda de los Fraga, un grupo delictivo que tiene total control de la zona de la Cruz de Carrasco y mantiene a los vecinos aterrorizados.
Mediante tareas de vigilancia discreta, la Policía logró encontrar en junio pasado tres casas en las que esta banda guardaba armas.
Su caso, aunque particular, también es muestra de cómo funciona el mundo delictivo y las bandas vinculadas al mercado de las drogas.
En uno de esos domicilios, la Policía, bajo órdenes de la Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno a cargo de Mirna Busich, detuvo a un menor que acopiaba armas en su dormitorio. El adolescente fue formalizado por tráfico de armas, pero sin privación de libertad. La Fiscalía procuró detener también a la madre del joven y dueña de la casa, alegando que contaba con pruebas de que recibía dinero de los Fraga para guardar armas y que además estaba poniendo en riesgo a su hijo.
Sin embargo, la Justicia la dejó en libertad aduciendo, entre otros argumentos, que la mujer no tenía por qué saber que su hijo guardaba armamento en su casa y no fue sorprendida realizando un delito flagrante. La Fiscalía apeló la decisión. Unos días después, el joven fue asesinado de varios disparos en la casa de su novia.
Justicia
La investigación sobre la madre continuó. Hace una semana, el Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno confirmó que la detención de la mujer era “ilegal”. Según supo El País, los fallos de primera y segunda instancia generaron malestar en Fiscalía, que entiende que la muerte del menor probó que efectivamente estaba en riesgo.
Pero además de estas divergencias, el fallo del Tribunal de Apelaciones expuso el grado de poder y violencia que tienen los Fraga en esa zona de Montevideo.
Control
La investigación sobre este grupo comenzó con la detención de una persona que efectuó múltiples disparos con un arma de fuego en el barrio Oncativo. Mediante las pericias a su celular se pudo establecer que estaba vinculado a los Fraga, “una banda de personas que opera”, en ese barrio “comercializando estupefacientes”, afirma el fallo del tribunal.
A través del seguimiento electrónico de varios contactos guardados en el celular incautado y vigilancias discretas en el barrio, la Policía logró determinar que la banda de los Fraga “domina todo el barrio Oncativo”, añade el tribunal.
Los mecanismos de control son varios. Por un lado, instalaron cámaras de seguridad en la “vía pública y todas las viviendas”. Además, miembros de la banda se “reparten la vigilancia del barrio en turnos” comunicándose entre ellos con dispositivos de radio. “Como si se tratara de una unidad policial, saben cuando ingresan vehículos policiales, ambulancias o autos extraños al barrio”, dicen los ministros del tribunal.
Además, afirma el fallo, “almacenan armas de fuego, las distribuyen, y las ocultan para que no sean encontradas”. Con ellas, “demuestran mucho poder”, agregan.
“Los vecinos son contestes en que a diario se desarrollan batallas armadas que atentan contra su seguridad y temen por su vida”, sostuvieron los ministros. El fallo también expuso dificultades para realizar allanamientos en ese barrio, donde la numeración de las viviendas cambia con frecuencia según sus moradores.
El vínculo con los “robos piraña” y su organización
La violencia generada por bandas del asentamiento de la Cruz de Carrasco es un problema que se arrastra desde hace ya algún tiempo. Allí ocurrieron, en los últimos tres años, más de 15 homicidios.
Uno de los más sonados fue el del sargento de la Guardia Republicana Eduardo Joel Rodríguez Vega, de 35 años, que murió en julio del año pasado cuando un grupo de delincuentes provenientes de la Cruz de Carrasco le disparó en la cabeza para robarle la moto en las calles Arquitecto Juan A. Scasso esquina Palmas y Ombúes, en Punta Gorda.
Asimismo, testimonios recogidos por El País en 2025 daban cuenta de que el dueño de una boca de drogas de la Cruz de Carrasco entregaba motos y armas a menores de 14 a 18 años. Este delincuente, reclutaba jóvenes ya que no contaban con antecedentes penales y no tenían miedo a delinquir.
Además, los vecinos del barrio reportaron que en el asentamiento se alquilaban armas y se comercializaban partes de motos.
Asimismo, desde el barrio partían bandas dedicadas a los denominados “robos piraña”, informó El País el 22 de julio de 2025.
La Policia llegó a vincular el armado de esas bandas con los Fraga. La integración de esos grupos era frecuentemente aleatoria, según lo que la investigación podía reconstruir ante los sonados robos.
De esa forma, la organización armaba grupos para cometer delitos planificados que después se desintegraban, lo que dificultaba las investigaciones de la Policía.
Los integrantes de esas gavillas tenían edades que oscilaban entre los 14 y los 18 años y provenían de distintos barrios: Cerro, Boix y Merino y Villa Española, entre otros.
En esa lógica, los Fraga habrían estado detrás de “robos piraña” en Carrasco, Punta Gorda y Pocitos.
En esa modalidad, los delincuentes llegan a un comercio en motos, ingresan por la fuerza, rapiñan la recaudación y la mercadería y luego huyen a toda velocidad.
Muerte
Durante la investigación, la Policía logró identificar dentro de los pasajes de Oncativo, tres viviendas donde el grupo guardaba armas. De acuerdo a los hallazgos, una de esas fincas era propiedad de una mujer con tres hijos menores. Uno de ellos, de 16 años, guardaba en su dormitorio armas de grueso calibre, y luego las trasladaba a los otros dos puntos de almacenamiento.
A partir de esa información, el menor fue detenido y se le incautaron en su dormitorio dos pistolas y un cargador. Algunas imágenes en poder de la Policía, mostraron además que llegó a movilizar varias armas modificadas para tener mayor poder de fugo.
El adolescente fue formalizado por tráfico de armas pero sin privación de libertad. Fuentes de Fiscalía dijeron a El País que este delito es considerado “grave” en la justicia de menores, pero que suele ser penado con libertad asistida.
La Fiscalía, por su parte, intentó detener y formalizar a la madre, argumentando que expuso a los menores a un riesgo grave incumpliendo sus obligaciones de cuidado y protección sobre sus hijos. Por ese motivo, entendió que la mujer podría responder por los mismos delitos de su hijo bajo la figura de comisión por omisión, es decir, por no haber actuado para impedir una conducta que tenía el deber legal de evitar.
Sin embargo, en primera instancia la Justicia entendió que no estaban dadas las condiciones para detener a la madre en flagrancia, principalmente porque las armas no estaban a la vista ni en un lugar que permitiera concluir que ella conocía su existencia.
La fiscalía de Busich apeló. Pocos días después, el joven fue asesinado a tiros en la casa de su novia, estando en libertad. En total, la Policía encontró 50 vainas en el lugar. Aún no se sabe si el menor fue ajusticiado por los Fraga u otra banda.
Hace una semana, el Tribunal de Apelaciones confirmó la “ilegalidad” de la detención de la mujer avalando los argumentos de primera instancia. El Tribunal sólo se limitó a su caso y no emitió opinión sobre la muerte del menor.
Según pudo saber El País, los fallos generaron malestar en Fiscalía, en la medida que consideran que si la madre hubiera estado formalizada se podían haber tomado más recaudos con el hijo, quitándole la tenencia a la mujer.
En el fallo del tribunal, aparece un pasaje en el que Busich asegura que la jueza de primera instancia Bettina Duter, “mostró un encono casi personal” contra su fiscalía, porque la acusó de presentarle pruebas de mala calidad en otros casos, extremo que fue desmentido por la representante del Ministerio Público.
Según supo El País, la investigación sobre los Fraga continúa y no se descartan más detenciones de miembros de esa y otras bandas de la zona.
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