El senador Pedro Bordaberry presentó el sábado 17 proyectos de ley, entre ellos uno que modifica el artículo 37 del Código Penal para exonerar de pena a quien por piedad cometa homicidio o asista a un suicidio siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. La iniciativa “pretende unir las dos posiciones” que estuvieron enfrentadas durante la anterior legislatura, la que estaba a favor de la regulación de la eutanasia -con la libertad como bandera- y la que estaba en contra -con la vida como estandarte-, “en una propuesta superadora de los antagonismos expuestos”, y “busca el consenso en un tema tan importante como el del final de la vida de los uruguayos”. Sin embargo, horas después de su ingreso al Poder Legislativo, el exdiputado colorado Ope Pasquet, impulsor de una iniciativa y promotor de la que se aprobó en la Cámara de Representantes pero naufragó en el Senado, cuestionó la propuesta de su correligionario.

A su vez, el diputado Felipe Schipani, que integra el mismo sector que Pasquet, Crece, presentará “en los próximos días” el proyecto titulado “Eutanasia” y que trata sobre su regulación, el mismo que fue aprobado en la cámara baja en octubre de 2022 pero que no llegó a ser tratado por el plenario del Senado. El legislador informó a El País que la iniciativa contará con la firma de diputados del Frente Amplio, como Federico Preve (Seregnistas), del Partido Colorado, como Elianne Castro (Unir), entre otros, y agregó que buscarán también el apoyo del Partido Independiente, que lo votó en la pasada legislatura, y de blancos, en particular de quienes lo apoyaron: Sebastián Andújar, Mario Colman, Diego Echeverría. Preve dijo a El País que presenta este martes la propuesta a su bancada.

El proyecto aprobado en Diputados en la anterior legislatura establecía que “toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables, tiene derecho a que a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”, y estipulaba que ese proceso sería realizado por un médico, que puede presentar objeción de conciencia. La iniciativa surgió de una síntesis de las presentadas por Pasquet y el Frente Amplio.

En su exposición de motivos, Bordaberry destaca que “ambos proyectos de ley fueron unánime y fuertemente cuestionados por las tres cátedras de Derecho Penal de las principales universidades de nuestro país”, en alusión a la Universidad de la República, la Universidad de Montevideo y la Universidad Católica del Uruguay, posiciones planteadas en las comisiones de salud del Senado y Diputados.

Bordaberry recuerda que “también surgieron inconvenientes desde el punto de la Ética Médica”, porque “el Código de Ética Médica, aprobado por la ley 19.286, prohíbe lo que se propone en los proyectos de ley”, ya que su artículo 46 expresa que “la eutanasia activa entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente es contraria a la ética de la profesión”. Además, plantea que “el tema es particularmente complejo desde el punto de vista formal porque una reforma del Código de Ética Médica no se realiza por ley sino que tiene un proceso previo de aprobación por el propio Colegio Médico”.

Con el afán de “superar” las propuestas analizadas en la anterior legislatura, el líder de Vamos Uruguay presentó una iniciativa que tomó en cuenta los planteos de los catedráticos, en particular los de la Universidad de Montevideo: Jorge Barrera, Pedro Montano y Santiago Peluffo.

Bordaberry argumenta que su proyecto “establece no solo la facultad del juez de exonerar de pena en casos de súplicas reiteradas y por motivos de piedad”, lo que desde1933 estipula el artículo 37 de la Constitución, “sino que torna obligatoria esa exoneración cuando el móvil de piedad quede probado por el cumplimiento de dos requisitos y cuando el inequívoco pedido de la víctima se acredite por un determinado procedimiento”. A su vez, “exonera de esa pena también a la asistencia al suicidio y no restringe la aplicación a los médicos”.

El proyecto de Bordaberry dice que “queda exento de pena” quien “diere muerte a una persona sometida a sufrimientos que considere insoportables, o le ayudara a suicidarse”, cuando, “como prueba del móvil de piedad, se constate, además del inequívoco y reiterado pedido (de la víctima): 1º) que no existían otros medios a los que pudiera acceder o a los que tuviera derecho la víctima para poder superar el sufrimiento; y 2º) que, en caso de homicidio, no podía matarse a sí misma y, en caso de ayuda al suicidio, no podía matarse sin ayuda del victimario”. A su vez, “en casos en que la víctima tenga derecho a la asistencia paliativa integral y oportuna por un equipo interdisciplinario formado y calificado de cuidados paliativos (ley 20.179)”, solo se aplicará la ley cuando el equipo constate “síntomas refractarios que generen sufrimiento, y no se haya podido acceder a la sedación paliativa o esta no fuere suficiente para superar el sufrimiento”.