En estos últimos días el Palacio Legislativo fue escenario de interminables sesiones protocolares -primero las preparatorias, los ensayos que ocuparon la agenda de jueves y viernes-, y que tuvieron su clímax ceremonial en la gran jornada de cambio de legislatura que duró toda la tarde de este sábado, y que dejó andando al nuevo cuerpo de legisladores que negociarán las leyes de este período y protagonizarán las discusiones políticas de los próximos cinco años.
Terminado eso, pesado para todos, el Parlamento comenzará a funcionar ya este mismo lunes, con una reunión de coordinación que encabezará Carolina Cosse -quien en menos de 15 días asumirá como presidenta de la Asamblea General-, y en la que está previsto establecer los parámetros de trabajo legislativo de aquí y en más. Asistirán los coordinadores parlamentarios de todos los partidos de ambas cámaras, y será una instancia en la que también se abordará la discusión sobre los cargos de contralor, entes y servicios descentralizados que serán ofrecidos a la oposición.
Ese será un primer paso que en los dos principales partidos de la coalición republicana -el Nacional y el Colorado- esperan con expectativa para interiorizarse sobre el tipo de “diálogo” y articulación que tendrán de ahora en adelante con la izquierda en el Parlamento, bajo la impronta de Cosse.
En filas del flamante oficialismo también se planteará -o eso está previsto- la necesidad de ir buscando un nombre para suceder el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, ya que el cargo deberá ser renovado cuando se venza el plazo en octubre -y se retire quien se mantuvo durante dos períodos consecutivos-. Asimismo, la compleja y ardua tarea de negociar los nombramientos de ministros para la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y el cargo de fiscal de Corte, para lo cual el gobierno será “mano” a la hora de proponer opciones, es parte también de las prioridades que hoy manejan los senadores del Frente Amplio y el propio gobierno electo, señalaron fuentes políticas.
Hoja de ruta
Para la semana próxima la bancada frentista planifica una reunión con el presidente electo, Yamandú Orsi, y probablemente también con el futuro secretario de la Presidencia, para ya establecer una “metodología de trabajo” y conocer de primera mano las prioridades de gestión de los futuros ministros, de manera de lograr un trabajo lo más articulado posible entre un poder y otro, según resumió a El País el senador del MPP Daniel Caggiani.
“Va a ser importante articular el timing con ellos, y por ejemplo no duplicar esfuerzos” a la hora de presentar reformas o propuestas, agregó el coordinador de la bancada de senadores de la izquierda.
Mientras tanto, en la oposición, que al igual que en el novel oficialismo tienen que cambiar “el chip” y entender el nuevo rol que ejercerán al menos durante cinco años, las distintas bancadas -o sectores partidarios- han definido en los últimos días algunas de las prioridades o preocupaciones sobre las que buscarán legislar -pese a que en el Senado la mayoría es frenteamplista.
Los blancos -atravesados por una incómoda interna que los tiene divididos en dos bloques, al igual que los colorados- no han tenido al momento un encuentro o instancia de intercambio para establecer una hoja de ruta clara, pero hay legisladores que ya trabajan o tienen prontas algunas iniciativas a impulsar, como ocurre con Alianza País, que propondrá en breve proyectos de ley para abaratar el costo del Estado y propender a la descentralización -temas en los que trabajan Laura Raffo y Sergio Botana-. Pero también hay otros temas en agenda que serán impulsados por, entre otros, el senador Sebastián Da Silva, que presentará un proyecto de ley para establecer “responsabilidades económicas” de aquellos sindicatos que tomen medidas sin previo aviso y afecten la mercadería o productos de “terceros que no están en el conflicto”.
Los colorados también tienen una lista de proyectos. De hecho, el sector Vamos Uruguay, del senador Pedro Bordaberry, ya presentó este sábado 47 iniciativas que, como informó ayer El País, abarcan desde el postergado debate de la eutanasia (ver recuadro) hasta el recorte del tiempo del receso parlamentario, pasando por temas de energía e institucionales y de seguridad -ya que en la lista de proyectos hay uno que propone que las cárceles dejen de estar en la órbita del Ministerio del Interior.
Y hasta los cabildantes, cuyo futuro como partido hoy es una incógnita en todo el sistema político, también tienen algunos temas -que en algún caso fueron impulsados en este período que está terminando, sin éxito- que buscarán poner arriba de la mesa, y con la carta de la “llave del Parlamento” para mostrar en las negociaciones, puesto que los dos votos que tienen en la cámara baja pueden formar mayoría con cualquiera de los bloques que allí estarán enfrentados.
Entre las preocupaciones del partido de Guido Manini Ríos -que vio reducida su fuerza parlamentaria de tres senadores y 11 diputados a solo dos representes- figura un proyecto que plantea exigir que aquellos contratos que suscriba el Estado por plazos mayores al período de gobierno pasen por el Parlamento; y que un control similar ocurra cuando se dispongan concesiones y extensiones en zonas francas; también plantearán modificaciones a la ley de género y recuperar la vetada ley que proponía limitaciones para el desarrollo de suelos forestales.
El regreso de dos iniciativas coloradas
El proyecto de ley que busca legalizar la eutanasia, que en el período pasado presentó el diputado colorado Ope Pasquet, y que pese a largos meses y años de debate y negociaciones quedó por el camino, estará otra vez en agenda en esta legislatura, porque es de interés del Partido Colorado, tanto del sector Vamos Uruguay como de Unir para Crecer, del excandidato a presidente Andrés Ojeda. El senador Robert Silva dijo a El País en este sentido que su partido y su sector considera “muy importante” la aprobación de esta polémica propuesta, que ha encontrado resistencias en filas de la propia coalición en la legislatura anterior; se habilitaría así una herramienta para los enfermos terminales “en el marco del principio de la libertad, y que luego la gente podrá usar o no”, dijo Silva.
Pero hay otro proyecto que los colorados -o algunos de ellos- impulsaron en el período anterior y que volverá al debate en estos cinco años: aquel que en su momento presentó el fallecido Adrián Peña y que planteaba el concurso o sorteo para el ingreso a la función pública, con particular énfasis en las intendencias. “Lo vamos a presentar ya el primer día”, dijo Silva, dirigente ojedista que era muy cercano al exministro de Ambiente.