LA NUEVA AUSTERIDAD

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Unas maestras tomadas de la mano, en círculo, rodeando a un enorme cartel que reza 6%. Esa era la imagen que acompañó el reclamo presupuestal hace un lustro. Cinco años después, el escenario parece haberse modificado: no solo porque el COVID-19 no permite ese acercamiento físico, sino porque referirse a puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, cuando este está en caída, no parece ser el mejor indicador.

Por eso, en el borrador de la propuesta presupuestal que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó ayer a los sindicatos de la enseñanza jamás se habla de porcentaje del PIB. De hecho, se hace más énfasis en la “optimización del gasto” que en el incremento presupuestal, el cual -según el mismo documento- alcanzaría un 3% al cabo del quinquenio.

La ANEP proyecta una línea base para el año 2021 -léase el comienzo presupuestal que pretende el Parlamento convierta en ley- de $ 75.108.974.308. Este monto, que incluye los refuerzos extras, es $ 1.923 millones superior al mensaje que quiere elevar el Poder Ejecutivo.

La ANEP, la UdelaR y la UTEC, como entes autónomos en la educación, tienen la posibilidad de enviar al Parlamento su propia propuesta presupuestal antes del último día del mes de agosto. En este sentido, la Universidad de la República ya decidió que, en su mensaje, contempla un incremento quinquenal del 49%. La ANEP, en cambio, va por ahora por cifras más “modestas”. Pero en el borrador, al que accedió El País, quedan claras algunas políticas: el órgano rector de la educación obligatoria “no tiene margen” para reducir su presupuesto y, por lo tanto, no cumplirá este año con el famoso decreto 90 del año 2020 (ese que fija el límite máximo de ejecución presupuestal para el ejercicio 2020 en el 85%).

Ocurre que, en los primeros seis meses del año, la ANEP ya destinó más de $ 33.000 millones y, según la proyección, en el segundo semestre prevé un gasto de más de $ 38.000 millones. Eso significa que ejecutará el 99,8% del presupuesto asignado para 2020.

Y el margen de maniobra, según los compromisos asumidos y lo que consta en el borrador presupuestal, es escaso: el 90,7% se va a pagos de salarios, el 4,5% a gastos de funcionamiento, el 1,8% a suministros y el 3% a inversiones.

Los gastos “son rígidos a la baja en el corto plazo” y una reducción abrupta de los mismos “repercutirá en los servicios que se brindan”, advierte el documento presentado ayer. A su vez, según el mismo borrador, la administración tiene “escaso margen en inversiones dadas las necesidades de realizar mantenimiento edilicio”. En este contexto, “la variable para determinar el nivel del presupuesto es el volumen salarial”.

En la última década, la cantidad de funcionarios de la ANEP aumentó un 19%. En ese mismo tiempo, la matrícula de estudiantes subió 2%. La relación entre funcionarios por alumno, fue jugando a favor de los trabajadores, haciendo que se reduzca, por ejemplo, el número de estudiantes por clase.

Pero en el número de vínculos laborales, la ANEP identificó que el 64% de los funcionarios se certificó médicamente en el último año. Es un porcentaje que, en pequeñas variaciones, se ha mantenido a lo largo del último decenio.

Y es ahí donde la administración quiere ajustar las tuercas. ¿Por qué? Como la falta de un docente requiere de un reemplazo inmediato, el 9% del presupuesto asignado a la ANEP se va en suplencias.

El ente podrá el acento, por lo tanto, en la auditoría de las certificaciones, hará un acompañamiento del personal “enfermo” e intentará reducir las horas de docencia directa y las acciones sobre certificaciones médicas, suplencias y horas de apoyo.

Los sindicatos de la enseñanza, a su vez, empiezan hoy el análisis del borrador que ayer les presentó la ANEP. Y la ministra de Economía Azucena Arbeleche recibirá el viernes, en su despacho, al presidente del Codicen. La discusión recién comienza.