Presentan acción de inconstitucionalidad por el gravamen impuesto a pasivos en ley de Caja de Profesionales

Más de 100 pasivos que perciben su jubilación a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la reciente ley aprobada en el Parlamento para el salvataje financiero de la institución.

El recurso, que es llevado adelante por el abogado Óscar López Goldaracena, impugna ante la Suprema Corte Justicia (SCJ) el gravamen o “contribución pecunaria” que les fue impuesta a los jubilados y pensionistas de la Caja de Profesionales.

Luego de intensas negociaciones en el Parlamento, el oficialismo y parte de la oposición lograron un acuerdo para sancionar la ley que incluyó un nuevo aporte para los pasivos por franjas que va del 0% (para los que cobren menos de $ 39.456) al 5%, que será la más alta a partir de los $ 65.760.

Los jubilados y pensionistas que perciban ingresos entre $ 39.456 y $ 65.760 deberán pagar una contribución extra del 2%. La norma fue aprobada en la madrugada del 3 de julio en Diputados, con votos de legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio. Cabildo Abierto e Identidad Soberana no apoyaron.

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Lópéz Goldaracena, quien recientemente presentó la denuncia por las irregularidades en Fondo Social de Vivienda de la Construcción, informó a El País que la demanda fue en representación “de más de un centenar de pasivos”, pero que en las próximas semanas se ampliará con aquellos profesionales universitarios jubilados que decidan sumarse.

Entre los argumentos, se mencionan los artículos 8, 67, 72, 298 y 332 de la Constitución. En esta línea, se hace alusión al principio de no superposición tributaria, el derecho a la seguridad social y de igualdad. El documento presentado es de más de 100 páginas, dijo el abogado a El País.

“Los pasivos de la Caja de Profesionales Universitarios perciben un monto por pasividad menor al garantizado por la Constitución, afectado por una inconstitucional, injusta y discriminatoria superposición tributaria establecida por la norma legal que se impugna, la que incorpora una irrazonable e inconstitucional nueva fuente de financiamiento para el pago de la pasividad: la propia pasividad”, afirmó López Goldaracena.

Para el abogado patrocinante, no puede establecerse ninguna contribución especial —impuesto o tributo— a “ningún pasivo de ninguna caja” para pagar su propia pasividad.

En esta línea, de acuerdo a lo que establece el artículo 67 de la Constitución, López Goldaracena entiende que es el Estado y no los profesionales jubilados el que debe aportar los fondos para el pago de las jubilaciones y pensiones.

Con respecto al financiamiento, la Carta Magna nombra las siguientes fuentes: “contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines a ajenos a los mencionados”.

“La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuere necesario”, agrega el artículo.

La ley aprobada en el Parlamento para el salvataje de la Caja de Profesionales tuvo varias modificaciones con respecto al proyecto original que había remitido el Poder Ejecutivo, que planteaba un mayor aporte de los activos y de los pasivos que el que finalmente se fijó.

Esa flexibilización, que fue condición para que la oposición acompañara la iniciativa, implicó que el Estado deba duplicar los fondos a aportar en comparación con lo previsto inicialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Además de la contribución pecunaria que deben pagar jubilados y pensionistas, se subió la tasa de aporte de los activos que pasará en 2026 a ser de 20,5% sobre el sueldo ficto que ahora se estableció en 15 categorías. A partir de 2027, será de 21,5% y para 2028 subirá un punto porcentual más. El Poder Ejecutivo resolverá si aplica estos aumentos según la situación financiera de la Caja.

También se hicieron modificaciones en el ajuste de los timbres profesionales, que pasaron a adecuarse por la evolución de los salarios.

La Caja de Profesionales vive desde varios años una crisis económico-financiera que llegó a un punto límite, con riesgo de quiebra inminente que hubiese implicado la imposibilidad de pagar las pensiones y jubilaciones en el mes de julio.

Entre 2023 y 2024 tuvo un déficit acumulado de US$ 108 millones, pero lleva un quinquenio con números en rojo. Actualmente, la paraestatal tiene más de 63.500 activos aportantes. En 2024, había 15.692 jubilados y más de 5.000 pensionistas. En total son 20.000 pasivos.

Tras aprobarse la ley en el Parlamento y al percibir los fondos provenientes del Poder Ejecutivo, la CJPPU pudo abonar las jubilaciones, pensiones y salarios de los funcionarios de forma normal en julio y en un pago, cuando antes se había anunciado que se iba a hacer en dos.

En un comunicado divulgado por el abogado Óscar López Goldaracena, el representante legal recordó el plebiscito de la reforma constitucional de 1989, en el que el 72% de los votantes aprobó —votó por el Sí— la indexación de las jubilaciones y pensiones a la variación del Índice Medio de Salarios.

“En la reforma por iniciativa popular se garantizó que las pasividades conserven el poder de compra, pero al mismo tiempo se lo está violando con la imposición de tributos o paratributos”, opinó el profesional.

En el país ya existen antecedentes de aportes de jubilados al sistema de seguridad social. Tal es el caso de los jubilados bancarios, que realizan contribuciones a la Caja Bancaria, y de quienes están alcanzados por el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).