Caja de Profesionales: blancos y colorados buscan camino del medio para modificar aportes de pasivos

Los senadores y diputados del Partido Nacional y el Colorado mantuvieron una reunión este martes en el Parlamento para llegar a una posición común en el apoyo sobre el proyecto de ley para el salvataje económico a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu).

En lo previo, la coordinación entra las bancadas de la oposición buscaba desatar un nudo que se había generado en las negociaciones con el oficialismo, al menos en la Cámara de Representantes, donde se votó la iniciativa en general, pero no se acompañaron los artículos que aumentaban la tasa de aportes a los afiliados activos (sobre un sueldo ficto) y le imponía una prestación pecuniaria a pasivos.

En Diputados, los representantes de la coalición tampoco apoyaron la propuesta que había venido del Poder Ejecutivo de que en lugar de siete miembros en el directorio, pasara a haber cinco: dos delegados del gobierno, dos electos en representación de los activos y uno de los pasivos.

En cambio, sí se dio el voto para un aumento del aporte del Estado de medio millón de dólares por mes en 2025 y mayor contribución de Rentas Generales a partir de 2026, 80% de lo recaudado por el nuevo impuesto para los jubilados y pensionistas.

Con cautela y hermetismo antes de trasladar lo conversado al resto de los diputados y posteriormente efectuar una contrapropuesta al Frente Amplio, los legisladores opositores evalúan un camino del medio, entre lo que se votó en la Cámara de Representantes (y que aprobó un esquema de financiación sin afectar a activos y pasivos) y lo que salió de la comisión especial, que en una primera instancia había modificado el texto original enviado desde el Poder Ejecutivo.

Los dirigentes de los partidos tradicionales acordaron sí algunos criterios fundamentales a tener en cuenta de cara a la votación, que presumen que, en principio, se va a dar el 30 de junio. La idea, aseguraron participantes de la reunión a El País, es que lo que se apruebe en el Senado sea después ratificado en la Cámara Baja.

Con respecto al aporte que se pretende imponer a los pasivos y pensionistas desde el oficialismo, un legislador de la oposición consultado consideró que “es un disparate” y que la propuesta de la coalición será “sensiblemente menor”.

El proyecto que había salido de la comisión especial planteaba una contribución pecunaria que iba del 2% al 11%, dependiendo los ingresos percibidos. El aporte sería progresivo y aquellos que cobren una jubilación o pensión menor a los $ 39.456 no pagarían.

Foto: Estefanía Leal

No obstante, los que perciban más de $ 131.520 por concepto de jubilación o pensión estarían gravados con el 11%, 1% menos de lo que imponía el proyecto original enviado por el gobierno que fue modificado en el Parlamento.

Cabe recordar que este nuevo gravamen para los jubilados universitarios no fue votado por los diputados blancos y colorados, por lo que el proyecto aprobado en la Cámara Baja pasó al Senado sin estos apartados, claves, según el ministro de Economía, Gabriel Oddone, para hacer sostenible la Caja de Profesionales, al menos en el corto y en el mediano plazo.

En principio, antes de negociar, se plantea que aunque es necesario un aumento en el aporte de los activos, deberá ser menor al que propuso el FA que implicaba una suba del salario ficto establecido del 18,5% al 22,5%. Esta modificación implicaba que para los que están en la primera categoría pasen de pagar $ 6.447 a $ 7.799, los de la segunda de $ 12.129 a $ 14.752.

Actualmente, de los activos que aportan a la Cjppu el 75% lo hacen en las categorías 1, 2 y 3, las más bajas.

Cada tres años se debería ir pasando de categoría, pero en 2004, tras la crisis, se hizo una reforma para poder bajar a la categoría 2. Muchos optan por esta opción o se detienen en esa categoría y no siguen escalando.

El proyecto que se estudia en el Parlamento contra reloj mantiene esta posibilidad para los que aportan en base al sueldo ficto de 10 categorías. Los que queden habilitados en el ejercicio de su profesión a partir de 2026, aportarán sobre el sueldo ficto de 15 categorías, en otro cambio que propuso el gobierno y que ya había sido impulsado en la “ley exprés” que había enviado la administración de Luis Lacalle Pou.

Con respecto al aporte de Rentas Generales, surgirá de las negociaciones que haya entre los propios legisladores de la oposición y luego el Frente Amplio. Y en caso de los timbres profesionales -que significan la tercer parte de los ingresos que tiene la Caja-, se piensa en mantener sin proponer cambios. Esto es, que se ajusten y actualicen por el Índice Medio de Salarios Nominales, uno de los principales reclamos del instituto.

En diálogo con El País, el senador colorado Robert Silva señaló que “no hay una resolución todavía, pero se habló de los cinco pilares de financiamiento” con el objetivo de avanzar en un acuerdo tanto con el oficialismo como con la bancada de los partidos tradicionales en la Cámara Baja.

Los números fríos de la Caja de Profesionales, manejados desde hace semanas por el sistema político y el Parlamento, dan cuenta de la grave situación financiera que atraviesa el organismo y que, como sus directivos han dado cuenta, hoy no está en condiciones de hacer frente a sus obligaciones en forma adecuada ya en el mes de julio. Es decir, pagar las pensiones y jubilaciones de los profesionales retirados.

Lo que se sabe, entonces, es que el número de profesionales activos aportantes a la Caja de Profesionales en el año 2017 era de 59.050, y que esa cantidad ha ido en aumento (con una pequeña inflexión a la baja de 2023 a 2024) hasta llegar a los 63.600 actuales.

En tanto, los universitarios que se declaraban en “no ejercicio” (y, por ende, no contribuyen con la Caja) en 2017 eran 71.020, y este grupo también ha creciendo de forma sostenida, de forma mucho más marcada que los activos aportantes, llegando actualmente a los 110.000. Hoy hay 170.000 profesionales universitarios en Uruguay, pero 110.000 afiliados activos no vuelcan sus aportes a la Caja. Unos 90.000 de esos 110.000 trabajan en relación de dependencia y su contribución a la seguridad social es captada por el Banco de Previsión Social (BPS).

La Cjppu tiene un déficit mensual de US$ 6 millones. Estas erogaciones por encima de sus ingresos, amortiguada por otras inversiones, han derivado en que en los últimos dos años la institución haya cerrado con números en rojo por encima de los US$ 50 millones, provocando la crisis actual que requiere de una rápida solución política.