"CORRESPONSABILIDAD EN LA CRIANZA"

Estaba previsto que fuera hoy martes, pero finalmente se tuvo que postergar para la próxima semana la votación en comisión del Senado del proyecto de ley de “Corresponsabilidad en la Crianza”, también aludida como tenencia compartida, que ha generado polémica en las últimas semanas. 

La postergación fue confirmada a El País por la senadora Carmen Asiaín, quien había informado en Así nos va que el senador Pablo Lanz contrajo covid-19 lo que motivó la postergación.

La próxima semana en caso de aprobarse el proyecto pasará a consideración de la cámara alta. El proyecto -que generó posiciones muy enfrentadas- sostiene que ambos padres tienen derechos y obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo de los niños y adolescentes.

Sin embargo, la norma fue objeto de críticas de organizaciones sociales que creen que “se pone en riesgo la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia”.

Pablo Abdala, presidente del INAU, dijo a El País que el proyecto mejora la legislación vigente. “En los hechos lo que hace es reglamentar, pero no modifica el artículo 34, en cuanto a que la tenencia de los hijos se definirá de común acuerdo y si no fuese así, por decisión judicial”, indicó Abdala y enfatizó: “Eso se mantiene inalterable”. Señaló, asimismo, que la corresponsabilidad en la crianza es un “concepto necesario y saludable” que hoy como tal “no aparece” en el Código de la Niñez.

A su vez, advirtió que el proyecto ha generado un debate que a su juicio “no ha estado debidamente centrado”. Opinó que los contenidos de la iniciativa y el debate público que se desencadenó “parecen transitan por carriles opuestos”. Es decir, el jerarca consideró que el debate no tiene directa relación con lo que efectivamente propusieron los senadores que impulsaron el proyecto.

“Hoy por hoy estamos atados a lo que piense el juez y el defensor del niño, sin un criterio de razonabilidad”, expresó en diálogo con El País Raúl Menéndez, abogado dirigente de la organización Familias Unidas por Nuestros Niños que presentó este proyecto de ley a Senadores. “Generalmente el problema que tenemos es que los jueces ni siquiera se molestan en traer al niño y escucharlo”, añadió.

El proyecto garantiza, explicó, que el juez escuche al niño para saber qué es lo que él quiere. “Una vez evaluados los siguientes parámetros, y si las condiciones familiares lo permitieran, el juez fijará la tenencia alternada o compartida en la medida en que ésta resulte la mejor forma de garantizar el interés superior del niño o adolescente”, se cita en el documento.

Por otro lado, en el comunicado publicado por las organizaciones sociales -entre las que está el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay y la Intersocial Feminista- se manifiesta su oposición con respecto al proyecto de ley porque, al contrario que Menéndez, creen que se “silencia la voz de los niños”.

Fabiana Condon, una de las voceras de esta campaña en contra de la proyecto de “Corresponsabilidad en la Crianza”, dijo a El País que este es un “procedimiento antidemocrático en todos los sentidos” y que no hay “nada rescatable” del proyecto. Hizo hincapié en que se violenta a los niños dado que plante las visitas aún cuando existen medidas cautelares hacia alguno de los padres a raíz de una denuncia penal. “En el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes y del denunciado o denunciada, toda vez que a juicio del Juez sean acordes al interés superior del niño o adolescente”, se determina en el proyecto de ley. “No solo es desconocer la violencia, es grave que se de lugar a un planteo que no tiene fundamentos y nosotros aspiramos a que haya un revisión profunda de esto”, indicó Condon.

El sector Ciudadanos, del Partido Colorado, publicó en su cuenta de Twitter que la tenencia compartida “actualmente está dentro del régimen vigente”. Y expresó que están “a favor de los cuidados equitativos” pero aseguran que no se puede “eludir” el “dejar sin efecto las medidas cautelares que uno de los progenitores pueda tener”.

“No solo es un retroceso, sino que es aberrante pensar que un niño, niña o adolescente sea obligado a estar expuesto a una situación de violencia”.