TEXTO GENERA POLÉMICA

La coalición de Gobierno llegó a un consenso días atrás para presentar el proyecto de ley de tenencia compartida. La senadora nacionalista Carmen Asiaín —principal impulsora de la iniciativa, y quien estuvo a cargo de las negociaciones— compartió el documento a través de las redes sociales y anunció que este martes 12 de julio, se votará la iniciativa en la Comisión de Constitución y Código del Senado.

La tenencia compartida ya existe en Uruguay. Cuando se logra un consenso entre los progenitores que se separan, no es necesario un proceso judicial que intervenga en el cuidado diario de los niños.

En marzo del 2021 dos proyectos de ley -uno con la firma de tres senadores del Partido Nacional y otro con las rúbricas de tres senadores de Cabildo Abierto- apuntaban a lo mismo: reformular el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Mientras uno de los textos (de los nacionalistas Sergio Abreu, Carmen Asaín y Graciela Bianchi) justificaba las modificaciones en la “búsqueda de la equidad real entre padres y madres” en la crianza de sus hijos, el otro (de los cabildantes Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano) exponía como principal motivo que el referente paterno suele quedar “excluido” y que, por la vía de los hechos, “no se considera que en algunos casos sería más adecuado para los hijos quedar a cargo de sus padres varones”.

La desprotección y vulneración de los derechos de niños que podrían quedar expuestos ante potenciales agresores, la priorización de los derechos e intereses de los adultos contra los de los niños, y la posibilidad de extender aún más las “demoras judiciales” en los conflictos por la tenencia fueron algunas de las críticas que recibieron los dos proyectos de ley iniciales.

Durante 2021, la senadora Carmen Asiaín se encargó de negociar un proyecto "amalgama". Este incorporaba sugerencias de organizaciones sociales y organismos públicos -como el INAU e Inmujeres-, también de Cabildo Abierto y elementos específicos de los reclamados por Ciudadanos (Partido Colorado), que entregaron un documento para que sus aportes fueron tenidos en cuenta. Sin embargo, Ciudadanos no apoyó las modificaciones.

Por ejemplo, en línea con el objetivo de que se enfatice aún más el interés superior de los menores en los juicios de tenencia, los blancos establecieron en el texto en común que el menor elija “si quiere o no ejercer su derecho a ser oído” en los litigios por su tenencia, así como que se evite que ellos sean “manipulados” o revictimizados en los procesos, tal como pidió Ciudadanos.

A fines de junio de 2022, la senadora nacionalista Carmen Asiaín llegó a un “acuerdo” con su par colorada Carmen Sanguinetti en la redacción de un borrador y hubo varios puntos de consenso.

El proyecto ahora formula a texto expreso “más seguridades para las garantías de los niños y adolescentes” que queden envueltos en juicios por su tenencia cuando sus padres se separen, dijo Asiaín.

Los cambios incorporados en el nuevo texto a estudio, a pedido de Ciudadanos, consisten en artículos que establecen la necesidad de “prestar más atención al niño” en los juicios de tenencia, explicó la senadora Carmen Asiaín. Pero también, por ejemplo, refieren a que se pondere “el compromiso que los padres ofrezcan para hacerse cargo, la distancia entre los domicilios, además de que se tomen las recomendaciones que surjan de su defensor o de profesionales”, agregó la senadora.

Tras una larga discusión, el consenso quedó evidenciado especialmente en el artículo 3 del proyecto, al que accedió El País. Allí se establecen “todos los parámetros” que la Justicia deberá tener en cuenta antes de fijar el régimen de tenencia compartida.

Antes de definir cualquier juicio por la tenencia, tendrán que darse todas las garantías de que la opinión del menor se recabe “en un ámbito adecuado y adoptándose todas las medidas para garantizar que la misma sea expresión de su voluntad reflexiva y autónoma”. Y que “bajo su más seria responsabilidad funcional, el juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente”.

También se define que cualquier decisión que determine la corresponsabilidad en la crianza debe tomarse luego de analizar “la vinculación afectiva entre el niño o el adolescente y sus padres y otras personas de su entorno familiar”, además de “recomendaciones que surjan de informes del defensor” del menor, “así como de otros profesionales idóneos, en caso de ser necesarios a juicio del juez”.

Pero no es lo único, porque en la lista de condiciones a ponderar también está “la distancia” entre los domicilios de los padres en pugna y “cualquier otro factor que, atendiendo a las circunstancias del caso, contribuya en beneficio del interés del niño o el adolescente”.

Asimismo, se establece que en caso de que los menores en cuestión “se encuentren en etapa de lactancia, el régimen de tenencia dispuesta deberá contemplar esta realidad”.

Varias organizaciones sociales señalan el proyecto de Corresponsabilidad en la Crianza como "dañino". "Se pone en riesgo la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia", detalla un comunicado.

Según datos recogidos por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), hubo 7.035 casos de violencia (maltrato, abuso sexual y explotación sexual) en 2021. Con base en esta cifra, que "ha seguido en aumento", las organizaciones sociales expresan que en el proyecto de ley de Corresponsabilidad en la Crianza "prima el interés de los adultos por mantener el vínculo con los hijos sin las garantías necesarias de protección para los niños víctimas de violencia".

La senadora frenteamplista Silvia Nane compartió en su blog personal las principales discrepancias con el proyecto que tiene la bancada del FA.
Del “peligro general” señalado por las asociaciones civiles, Nane desprende “peligros particulares del proyecto”.

"El artículo 2 del proyecto de ley, modifica el art. 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia , pero no es una modificación para garantizar más derechos, sino que es para eliminar como motivos de la pérdida de patria potestad los que están incluidos en las razones que establece el Código Civil en su artículo 284", explica la semadora.

"La tristísima conclusión es que el proyecto de la coalición de gobierno elimina el proxenetismo hacia las hijas e hijos, los delitos violentos contra hijas e hijos, y el femicidio o intento de femicidio de la madre de hijas e hijos como causas de la pérdida de patria potestad. No se pierde la patria potestad ante estos delitos. Punto. No hay que explicar más", detalló.

A este respecto la senadora Asaín expresó en diálogo con el informativo de Canal 5 que la crítica "está bien" pero que se debió a "un error involuntario".

El senador Charles Carrera criticó que llamar "error involuntario "a la derogación de las causales de la pérdida de la Patria Potestad" parece "algo demasiado grosero".

Por otra parte, la senadora Nane hace referencia a la consideración del Comité de los Derechos del Niño que "considera que hay dos elementos indispensables a la hora de resolver cualquier situación relativa a la vida de los niños, niñas y adolescentes: su interés superior, y su derecho a ser oído".

"En el proyecto que estamos analizando, la referencia a estos dos principios aparece muy difusa y se mezcla con el deseo de los padres de vivir y mantener el vínculo con sus hijos", señala la senadora.