BUSCAN "EQUIDAD" ENTRE PADRES

El primer día de marzo comenzará un nuevo año legislativo. Y aunque las tensiones parecen haber estado a la orden del día en 2020 -con discusiones sobre la ley de urgente consideración y el Presupuesto a la cabeza-, el nuevo período ya comienza con polémica. O, mejor dicho, revive una vieja polémica: la tenencia y crianza de los hijos.

Dos proyectos de ley -uno que lleva la firma de tres senadores del Partido Nacional y otro con las rubricas de tres senadores de Cabildo Abierto- apuntan a lo mismo: reformular el Código de la Niñez y la Adolescencia. Mientras uno de los textos (de los nacionalistas Sergio Abreu, Carmen Asaín y Graciela Bianchi) justifica las modificaciones en la “búsqueda de la equidad real entre padres y madres” en la crianza de sus hijos, el otro (de los cabildantes Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano) expone como principal motivo que el referente paterno suele quedar “excluido” y que, por la vía de los hechos, “no se considera que en algunos casos sería más adecuado para los hijos quedar a cargo de sus padres varones”.

La sola puesta en debate del asunto encendió la alerta de las organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de los niños y de las mujeres. “Uno de los problemas de estos proyectos es que están planteados desde la mirada de los adultos y no se les da lugar a los derechos de los niños”, advierte Clyde Lacasa, cocoordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. “Se habla mucho del interés superior del niño, pero, en la práctica, al niño no se lo escucha, se piensa que no es capaz de expresar sus sentimientos o que está siendo influenciado por un adulto”.

Aunque los nuevos proyectos no lo mencionan, “se desprende de ellos el Síndrome de Alienación Parental: que se puede influir sobre el niño y que el niño se esconde, algo que hasta la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar como verdadero”, señala Lacasa.

La catedrática de Psiquiatría Infantil, Gabriel Garrido, explica que “las clasificaciones internaciones de psiquiatría no incluyen a este síndrome”. En Brasil, por ejemplo, el concepto fue incorporado por el Supremo Tribunal Federal y no por las sociedades científicas. En México se eliminó porque ni la OMS lo reconoce como síndrome. El término había sido empleado en la década de 1980 por el psiquiatra Richard Gardner, quien había justificado que la pedofilia era un “simple orientación sexual”.

Esa es una de las explicaciones por las que el Instituto Nacional de las Mujeres se opone a los proyectos presentados. Mónica Bottero, directora del Instituto, dijo que “la legislación nacional ya prevé la corresponsabilidad de la crianza y quienes piden por la tenencia compartida muchas veces lo hacen por venganza o porque son padres que no pasan el dinero que les corresponde a sus hijos”. La última Encuesta de Desarrollo Infantil (Endis) reveló que el 52% de los padres separados no realiza un aporte económico para sus hijos.

Bottero reconoce que su oposición a los proyectos “no será una pelea fácil porque ambos textos fueron planteados por legisladores de la coalición” de gobierno que ella integra.

La psiquiatra Garrido ya había sido consultada sobre el asunto en la legislatura pasada. A su entender, las leyes deberían ser lo más generales posibles para que no se limite la voz de los menores: “el niño tiene derecho a ser escuchado incluso cuando es muy pequeño, porque lo que importa no es la coherencia e integración de todo el relato, sino los elementos que va aportando”.

En esos relatos -que a veces se expresan con dibujos o cuentos- resultan pistas claves: desde “cuando voy a la casa de papá está todo el día con el celular” hasta situaciones de abuso. Y es allí donde uno de los proyectos genera más polémica.

“La mera denuncia presentada contra uno de los padres no suspenderá el régimen de tenencia alternada y su ejercicio, hasta tanto no exista una sentencia firme de condena en contra del denunciado”, reza uno de los artículos propuestos en el texto nacionalista. Según Garrido, Bottero y Lacasa esto iría en contra de la protección del niño.

“En el más del 90% de las denuncias de situación de abuso son reales, entonces es necesario primero proteger al niño”, explicó Lacasa.

La senadora Bianchi, una de las firmantes del proyecto de ley, retrucó: “Lo qué hay que ajustar son los tiempos de la Justicia. Uno de los graves problemas que tienen las ‘propuestas feministas’ y las ONG que las representan es que desconocen un principio fundamental del derecho penal democrático: la presunción de inocencia”. Según la legisladora, no solo es mejorar los tiempos sino hacer un trabajo de seguimiento mientras se sustancia el proceso: “Nuestro Poder Judicial tiene la Dirección de Asistencia Social donde se hacen visitas vigiladas”.