Parlamento prepara primera interpelación del período: oficialismo y oposición asumen que debate irá al "barro"

La compra del campo María Dolores, que costó al Instituto Nacional de Colonización unos US$ 32,5 millones, fue uno de los temas con que la oposición —particularmente los partidos Nacional y Colorado— cuestionó con más dureza al gobierno de Yamandú Orsi en estos primeros meses de mandato.

Las críticas comenzaron en cuanto se anunció su adquisición, al mediodía del 13 de mayo, durante el funeral del expresdiente José Mujica. El asunto se mantuvo en agenda prácticamente sin respiro durante tres meses, los que se cumplirán exactamente hoy, cuando el senador nacionalista Sebastián Da Silva llevará adelante la primera interpelación del período al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Fiel a los términos como se fue construyendo el debate —lo que implicó fuertes tensiones cuando Fratti compareció a la comisión de Ganadería a explicar la decisión, donde hubo incluso invitaciones a pelear—, la interpelación promete nuevamente altos decibeles, e incluso probables apelaciones o acusaciones políticas por fuera del tema de la convocatoria.

En efecto, que la discusión irá al "barro" es un hecho que se da por asumido tanto en la bancada del oficialismo como en el de la oposición, aunque claro está que cada bando ya responsabiliza de esas muy probables desviaciones al adversario.

Lo que es seguro, da por sentado Da Silva, es que será una "interpelación dura", que apuntará a cuestionar en todos los aspectos "la primera inversión grande que hace el gobierno". "En los inicios esto arranca como el Antel Arena, y al final también: es un Antel Arena, nada más que rural", ironizó el interpelante, consultado por El País.

Fratti, concentrado en el estudio de su exposición, dijo por su parte que se atendrá a responder las preguntas que le formule el nacionalista, y se mostró tranquilo ante una instancia que imagina exactamente igual a la que tuvo a inicios de junio: "Trataré de contestar lo que me pregunten sobre el tema y punto", sostuvo a El País.

De memoria, el ministro recitó las cinco claves por donde pasará la discusión de la interpelación: "Oportunidad, conveniencia, planificación, desarrollo productivo y legalidad" de una adquisición que es justamente criticada por esos mismos aspectos por blancos y colorados.

Blancos y frenteamplistas tuvieron este lunes, como es habitual en las horas previas a los duelos parlamentarios, su reunión de bancada, para compartir y pulir las estrategias a poner en práctica, y analizar los posibles escenarios políticos que pueden abrirse en función de los pasos o posicionamientos que muestre el bloque rival.

En el caso de los blancos se estableció como un objetivo prioritario concentrar la discusión en la compra del campo en Florida, y evitar en lo posible el despliegue de las intenciones del Frente Amplio de llevar el debate más allá de ese límite, y que acusen a nacionalistas y colorados de tener un prejuicio "ideológico" con el INC y su rol socioeconómico en la producción —algo a lo que se refirió ya el propio Orsi, cuando a mediados de mayo salió a defender la decisión tomada en homenaje a Mujica, como lo declaró el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al anunciar la compra.

La idea de los blancos es que la interpelación se centre en lo que consideran lo medular, dijo un senador nacionalista a El País, y esto es "la legalidad de la compra", un cuestionamiento que será planteado y desarrollado por el senador Pedro Bordaberry —ese es el acuerdo en la coalición republicana, ya que el dirigente colorado fue quien llevó adelante la argumentación jurídica del caso.

Para esto, entre varias otras cosas, se usará de insumo el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas de la República, que cuestionó que esta adquisición fuera aprobada por tres votos del directorio del INC, cuando a su criterio hacía falta al menos cuatro, pues se entiende que se trata de una compra directa; informes jurídicos y antecedentes que señalan que eso es lo que debe haberse seguido serán usados en la interpelación. Se señalará, además, que la compra en sí misma está viciada de nulidad por haber sido votada por al menos dos colonos, cuando la Constitución lo prohíbe (ver recuadro): el expresidente Eduardo Viera y Karina Henderson, designada en representación de las organizaciones privadas.

Por el contrario, la coalición de izquierda fundamentará la legalidad de la compra, con la seguridad de que, volviendo a lo del principio, "el ministro no entrará en el barro", dijo a El País el senador Eduardo Brenta, al hacer mención a uno de los ejes abordados en la reunión preparatoria del oficialismo que también se hizo este lunes.

A favor de esta postura, además, el propio INC cuenta con al menos dos informes jurídicos que habían sido solicitados en las últimas semanas —uno de la propia sala de abogados y otro de la Universidad Claeh— que sostienen quela enajenación se realizó mediante el ejercicio del derecho de preferencia previsto en el artículo 35 de la Ley 11.049, por lo que no se trató de una “compra directa” y por lo tanto no hacía falta que el directorio del instituto se manifestara con una mayoría especial.