Orsi destituyó a abogada de militares condenados por delitos de lesa humanidad; era asesora del jefe del Ejército

El presidente de la República, Yamandú Orsi, destituyó este miércoles a Graciela Lourdes Figueredo, asesora del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, cargo que había asumido en setiembre de 2025.

La designación de esta profesional "en carácter de reservista incorporada", como militar retirada y en el cargo de "suboficial mayor", había sido duramente cuestionada por la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, en un comunicado divulgado el pasado 26 de mayo. Allí afirmaron que se encontraban en "alerta ante las decisiones políticas que se presentan contrarias a la lucha y compromiso con el Nunca Más".

"Denunciamos y repudiamos la designación de Graciela Figueredo como asesora jurídica en el despacho del Comandante en Jefe del Ejército", señalaba el texto, que a continuación consignaba que la abogada había actuado como "defensora de numerosos militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad, delitos graves y gravísimos homologables a tales".

"A su vez —afirmó también Familiares—, tiene diversas observaciones por las chicanas planteadas para prolongar los procesos judiciales y ha sostenido públicamente en foros de ultraderecha que en las causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad existiría una ausencia de pruebas, por lo que los testimonios y narrativas de denunciantes no pueden considerarse veraces".

Una designación que, sostuvieron también, formaba parte "de la incongruencia que lamentablemente señalamos existe en el compromiso de este Ministerio por avanzar en esta causa.

Pero más allá de esto, Figueredo violó el artículo 77 de la Constitución "al participar en un acto público de carácter político durante el debate internacional realizado en el Parlamento Europeo bajo el título 'The case of Uruguay: UE Interferance in Foreing Democartic Processes?'", sostuvo la resolución de Presidencia que Orsi firmó en las últimas horas.

Ese artículo constitucional "preceptúa que los militares en actividad deben de abstenerse de ejecutar cualquier acto de naturaleza política sea este público o privado", precisó el Poder Ejecutivo, en la resolución que también lleva la firma de la ministra Sandra Lazo.