"No queda otro camino que destituir a la ministra": PN sube la presión contra Lustemberg en caso de mala praxis

Con un documento de 12 páginas, que leyó en sala y luego en la conferencia de prensa, la ministra Cristina Lustemberg ensayó este martes una nueva defensa de la rebaja de la pena administrativa que recibió en octubre del año pasado la anestesista Inés Miralles —condenada en la Justicia por un delito de homicidio culposo a 24 meses de prisión domiciliaria—, que pasó entonces a ser sancionada con tres años de inhabilitación para ejercer la profesión médica, en lugar de cinco. Pero sus argumentos no alcanzaron para reducir la presión de la oposición. De hecho, de solicitar más explicaciones sobre un caso que despertó la indignación de la familia de Soledad Barrera —la paciente que murió en una operación de rutina por responsabilidad de la anestesista que intervino—, en la coalición republicana, y en específico en filas del Partido Nacional, ya exigen como respuesta la salida de la titular de Salud Pública.

"No podemos permitir que se siga mirando para el costado con un tema tan grave", dijo a El País el diputado José Luis Satdjian, que en el mediodía de este martes anunció que solicitó a la comisión de Salud Pública de Diputados que los "antecedentes" de la visita de la ministra a ese ámbito el 12 de mayo fueran enviados al presidente Yamandú Orsi para que "actúe rápidamente".

"La ministra no sólo reconoció que se bajó la pena a la anestesista, sino que se mintió al Parlamento, se ocultó información, sumado a una actitud soberbia de no reconocimiento del error", dijo el legislador nacionalista. "Si el presidente de la República entiende que hubo un error grave al bajar la pena a la anestesista, sumado a mentirle al Parlamento, no queda otro camino que destituir a la ministra. Es la oportunidad que el presidente de la República tome acciones y que no volvamos a tener ministros atornillados como en el pasado", añadió.

La referencia a la ocultación de información tiene que ver con una particular omisión de la ministra cuando asistió a la comisión de la que Satdjian es presidente —y como tal ya envió la versión taquigráfica de aquella sesión al jefe de Estado mediante su firma.

Aquel 12 de mayo Lustemberg no informó que en diciembre el MSP había dejado vencer el plazo para responder la demanda presentada por Miralles —hoy a estudio del Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 1° Turno— para revocar toda la sanción, lo cual, como informó El País, dejó a la cartera en una situación de vulnerabilidad jurídica —privándola, por ejemplo, de presentar testigos propios durante el juicio.

Ese "error humano", como reconoció ante los senadores este martes la subdirectora del departamento jurídico del ministerio, Fabiana Alonso, motivó el inicio de al menos dos investigaciones administrativas.

"La realidad es que los hechos relatados en la demanda se presentaron un día después. No es una excusa porque se asumirán las responsabilidades que correspondan, ya que existe una investigación administrativa en la división y, a su vez, hay una investigación administrativa dentro del ministerio para determinar cuáles fueron las razones", precisó Alonso, que a su vez lamentó que la división jurídica de la cartera "es bastante especial": cuenta —dijo— con ocho abogados, que solo en ese mes debieron reaccionar a 230 demandas.

"La realidad es esa; la jurídica del MSP es bastante especial y por ese motivo es que hubo un error humano que no podemos desconocer. Eso fue lo que pasó, esa es la realidad", lamentó esta jerarca, de acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió El País.

Durante el intercambio con los senadores, quedó clara la postura crítica de la oposición, en especial la del senador Martín Lema, que cuestionó a Lustemberg y su equipo de no saber "cómo explicar" un caso de polémica creciente en las últimas semanas —y que llevó, entre otras cosas, a la renuncia de 11 de los 13 integrantes de la Comisión de Salud Pública que había resuelto la inhabilitación de media década para Miralles.

"La conducta que están llevando adelante las autoridades del Ministerio de Salud Pública afecta la institucionalidad; la afecta la falta de argumentos, la contradicción de los fundamentos y el omitir información. En dos oportunidades concurrió la ministra con delegaciones del Ministerio de Salud Pública, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y en ningún momento se dijo que se había contestado la demanda en forma tardía", criticó el nacionalista, que acotó además que si no fuera por la consulta del senador Javier García —sobre la fecha de las investigaciones administrativas, que según Alonso al menos una de ellas se dispuso entre fines del año pasado e inicios de este— "quedó claro que estaba en conocimiento de la ministra o del director, y no lo dijeron".

"Evidentemente —concluyó—, hay pérdida de autoridad, hay pérdida de confianza y hay un deterioro en lo que tiene que ver con la policía sanitaria y la supervisión en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Se había avanzado muchísimo; lamentablemente, producto de la decisión de autoridades, estamos en un franco retroceso".