Negro se apresta a enviar proyecto sobre descentralización del INR; las claves que ya maneja el Frente Amplio

Desde hace un buen tiempo el sistema político discute la necesidad de descentralizar el organismo que está a cargo de llevar adelante la política penitenciaria —el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)—, para que sea dotado de autonomía técnica y presupuestal, y quitarle de esta manera tamaña responsabilidad al Ministerio del Interior.

Hay consenso entre los partidos —ya lo había durante la campaña electoral de 2024—, aunque ahora comenzará la etapa de la negociación de los detalles, ya que, como se planea la creación de un servicio descentralizado, la Constitución exige al Parlamento que se alcance la mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.

Este tema estuvo arriba de la mesa en una reunión de la bancada del Frente Amplio que se hizo este lunes, y a la que asistió el ministro del Interior, Carlos Negro.

Entre otros varios temas vinculados a su gestión, el secretario de Estado —que había anunciado a mediados del año pasado que enviará la iniciativa al Parlamento de un momento para otro— dijo que ahora sí tenía el proyecto casi pronto —habló de un "borrador" culminado—, con lo que los legisladores oficialistas esperan comenzar a trabajar en la reforma en los próximos días.

Fuentes parlamentarias señalaron a El País que Negro va a comenzar primero con el diálogo con los funcionarios que estarán involucrados en el cambio, por lo que habrá una necesaria "negociación colectiva" para determinar los detalles del "traspaso" de los trabajadores, hoy del ministerio, al nuevo organismo a crearse.

En el oficialismo, tras escuchar la exposición de Negro, manejan como la fórmula "más viable" para la conducción del nuevo servicio descentralizado un directorio compuesto por tres integrantes, para que la oposición —que deberá prestar sus votos— pueda estar representada, pese a que, de esa forma, se perdería "capacidad ejecutiva".

El organismo estaría conformado por unos 3.000 funcionarios policiales y otros 1.000 operadores civiles, y se vinculará jurídicamente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Esta solución, aunque no es la ideal para el Frente Amplio —que en su origen concebía que lo mejor era que este organismo se vinculara con el todavía no creado Ministerio de Justicia— no es "la ideal", igualmente significa un paso hacia el objetivo, según transmitió en la reunión la actual presidenta del INR, Ana Juanche, también presente en la reunión con la bancada oficialista.

En la oposición, que ha reclamado celeridad con este tema, ya toman nota sobre estos primeros anuncios, aunque todavía esperan tener un diálogo directo con el ministro Negro, dijo a El País el diputado nacionalista Pablo Abdala —el último subsecretario del Interior que tuvo el gobierno anterior.

"Lo primero que se confirma es la lentitud de los tiempos del gobierno, porque todos coincidimos en las urgencias que tiene el sistema penitenciario, y recién se estaría formalizando el proyecto en el segundo año de este gobierno", dijo Abdala en diálogo con El País.

De cualquier forma, y aunque entiende preferible que la vinculación con el Ejecutivo sea a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) —esa fue la propuesta que en su momento presentó el senador colorado Pedro Bordaberry— y que en lugar de servicio descentralizado el nuevo INR sea un ente autónomo, el diputado blanco aseguró que todos los partidos deberán trabajar ahora para "construir un consenso sobre la arquitectura" que deberá tener el organismo.

El objetivo compartido es que el organismo obtenga "la mayor autonomía posible para que pueda ser lo más eficaz y eficiente posible en el desarrollo de la política penitenciaria". "Es una buena noticia que el Poder Ejecutivo esté por enviar esta iniciativa, que esperamos que llegue cuanto antes", concluyó Abdala.