El Ministerio del Interior abrió una investigación administrativa por la filtración de las imágenes del allanamiento en la casa donde vivían Pablo Leiva, condenado por lavado de activos mientras era asesor del edil blanco Gonzalo Gómez, y Lucio Leiva, su hijo, que también tenía un vínculo laboral con el nacionalista. El líder de la cartera, Carlos Negro, calificó el “episodio” como “muy desagradable” y “grave por la integridad física de los funcionarios y la preservación de su identidad”.
Negro aseguró que el video del “allanamiento forma parte de la carpeta investigativa" y que, por lo tanto, "estaba en poder de la Fiscalía”. Al mismo tiempo, afirmó en la comisión de seguridad pública y convivencia que no tiene acceso a la carpeta: “Ni siquiera tengo los permisos como para ingresar al sistema (…) Puede haber habido acá la intervención de otras personas que no sean policías, pero no puedo afirmarlo, negarlo, ni nada por el estilo; hay que esperar las resultancias de la investigación”.
El ministro dio las explicaciones después de que el senador nacvionalista Nicolás Martinelli —exministro del Interior— dijera en la comisión que le preocupa cómo se dio la filtración de la filmación porque se “expone a algunos” de los “agentes policiales, por ejemplo, en la voz, en tatuajes" y en el "número de las cámaras GoPro".
En tanto, el senador colorado Andrés Ojeda indicó que, “más allá de la exposición o no que se pueda generar para los efectivos policiales, hay una obligación legal de persecución de delito”. En esa línea, dijo que en este episodio, “mínimamente, hay una revelación de secreto por parte de alguien que le proporciona a un tercero fuera de la investigación información que conoce por razón de sus funciones”.
Lo que inició con una condena a un asesor de un edil por lavado de activos rápidamente escaló a acusaciones sobre una posible vinculación con un local de cobranzas que tiene la esposa del fundador de la lista 250 y director en la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, Jorge Gandini. El líder del sector Por la Patria aseguró la semana pasada que no tiene nada para “ocultar” y sostuvo que Leiva —a quien no conocía, dijo— pagaba facturas del Banco de Previsión Social y de la Dirección General Impositiva de dos empresas constructoras.
Aún queda pendiente que el edil Gómez concurra a la comisión de ética del Partido Nacional.
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