“Nadie se hace cargo”: el barrio policial en Casavalle que no tiene alumbrado público ni calles pavimentadas

Eran policías comunitarios, radio operadores, de cárceles, del hospital policial. Trabajaban para la seguridad del país. Ahora están retirados, con 60 o 70 años, en un barrio que el Estado construyó para ellos y que después parece haber olvidado.

En Casavalle, hay un complejo de viviendas policiales desde principios de los 2000. Las calles nunca estuvieron pavimentadas y desde hace años que no funciona el alumbrado público. Viven ahí expolicías veteranos, pero hay también algunos funcionarios activos y civiles que compraron casas.

Nicolás Montes, hoy delegado del sindicato policial, creció ahí. Ve que sus vecinos, que le daban consejos cuando él empezó como policía, hoy son veteranos, incluso de bastón, que intentan sin éxito que alguien los atienda.

“Acá hay familias de trabajadores que han sido olvidadas y nadie se hace cargo”, dice Montes.

Una de las jubiladas, Estella Segovia, dice que los organismos nacionales y departamentales hacen un “ping pong” con el tema.

“He llegado a hablar una vez por semana con el alcalde Gabriel Velazco”, dice a El País.

Lo conoce porque en sus tiempos de policía comunitaria coincidió con su esposa, la hoy diputada y ex alcaldesa, Sandra Nedov. Días atrás vio que el alcalde subía una foto en redes de la rambla costanera y Aparicio Saravia y le contestó: “Qué lindo quedó... ¿Y las viviendas?”.

Leonardo Mainé

Segovia es una de las vecinas con más impulso para intentar un cambio en su barrio. Ese mismo impulso que la había ayudado a conseguir su hogar en primer lugar.

Antigua radio operadora y policía comunitaria, recibió su vivienda en 2002, después de enterarse del plan de viviendas e insistir en el Ministerio del Interior para que le dieran una.

Su historia había sido difícil. Quedó sin casa tras un tornado en Canelón Chico y debió vivir dos semanas con sus hijos chicos en una Comisaría de Mujeres en pleno Centro de Montevideo. Pero el 7 de julio de 2002 consiguió su vivienda en el complejo.

Y si bien sigue mostrando vitalidad para mejorar su situación y la de sus vecinos, muchos de sus excolegas ya están cansados.

“Quedamos muy poquitos viejos y la mayor parte ya no quiere nada porque están podridos de esta temática. Y hay gente que se acostumbra a vivir así”, cuenta Segovia a El País.

Las propias viviendas reflejan la actitud de sus dueños. Algunas se han ido reformando y mejorando. Otras permanecen tal cual se entregaron hace más de dos décadas.

Leonardo Mainé

El esfuerzo económico de algunos vecinos es lo que permite que la oscuridad no se trague totalmente al barrio en la noche.

Porque, si bien hay luminarias en el complejo, desde hace alrededor de diez años que no alumbran. El tablero a la entrada fue vandalizado y nunca se arregló.

Los vecinos presentaron reclamos en la Unidad Técnica de Alumbrado Público (UTAP) de la intendencia, pero la respuesta que recibieron era que se trataba de un complejo privado (aunque no hay nada que lo cierre). “Y que por lo tanto no nos correspondían las luces”, dice Segovia.

Otro retirado, Eduardo Márquez, se suma a los reclamos.

“Estamos pagando y nunca hubo alumbrado público. Le hablás a la intendencia y te dicen que estamos pagando por la avenida San Martín, ¿y nosotros?”, cuestiona un exfuncionario que trabajó en la Dirección Nacional de Bomberos y también en el ministerio.

Pero incluso en San Martín, avenida por la que se entra al complejo, a veces vandalizan las luces. Y eso se suma a la falta de veredas, al escaso transporte público y a que toda la zona de por sí es peligrosa, con robos y disparos que se oyen en la noche.

Leonardo Mainé

En el propio complejo ha habido rapiñas con vecinas arrastradas por el suelo.

“A la altura que estamos, ya no podemos andar caminando en la calle”, comenta Lylian Anza, que trabajó en cárceles y en el Hospital Policial.

Anza, que usa bastón, debe atravesar un barrio oscuro, sin veredas y con calles de tierra que se abollan con charcos cuando llueve.

Con habitantes envejecidos, el estado de la infraestructura ya ha generado problemas. Días atrás, una vecina se cayó y se quebró la cadera. Debió esperar en el suelo durante tres horas mientras la emergencia demoraba porque no había, aunque suene irónico, policías que la acompañaran a los médicos a esa zona “roja”.

Hay varios complejos policiales a lo largo de Montevideo: en Lezica, en Punta de Rieles, en Villa Española. Pero el vicepresidente del sindicato policial, Fernando Mederos, dice que el de Casavalle es de los más “venidos a menos”.

Una recorrida por el barrio, de apenas dos cuadras, revela varias pérdidas que ha sufrido. Hay dos estructuras que ya no están y de las que queda solo la huella de su perímetro. Por un lado, una vivienda que había sido ocupada, que según los vecinos terminó como boca de drogas y que fue demolida. Por otro lado, una policlínica en la entrada del complejo que sufrió varios robos, dejó de funcionar y también fue tirada abajo.

Leonardo Mainé

Mederos está a la espera de que el ministerio convoque la Comisión de Vivienda para tratar la situación del complejo.

“Es una de las instancias que estamos esperando ya hace más de un año. A nosotros nos descuentan un porcentaje de nuestro sueldo para distintos temas de vivienda y este es uno de los que hay que tratar”.

El País consultó al Ministerio del Interior, a la Intendencia de Montevideo y al alcalde Gabriel Velazco sobre los planes para este complejo, pero para el cierre de esta edición ninguno dio una respuesta.