Como servicio descentralizado, la Fiscalía General de la Nación ya envió su mensaje presupuestal al el Poder Ejecutivo para que sea elevado al Parlamento junto con el del resto de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, y allí solicita —como todos los períodos, y todos los años con las rendiciones de cuenta— un explícito pedido de aumento de recursos para hacer frente a diversas necesidades del Ministerio Público.
Entre los pedidos que a partir de este domingo de tarde —cuando entre el proyecto del Presupuesto Quinquenal a la Cámara de Representantes— deberán analizar los diputados, la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, solicitó la creación de dos fiscalías especializadas en cibercrimen, y una escuela de fiscales abocada a que los funcionarios mejoren su formación y puedan tener un "ambiente de racionalidad" para dar discusiones académicas, como adelantó El País semanas atrás.
Además, según señalaron fuentes de la institución, también se solicitará que sean creadas cuatro fiscalías de Ejecución, una materia penal que tiene que ver con el seguimiento del cumplimiento de las condenas de los reclusos, y que hoy deben asumir los fiscales que originaron las causas, lo que satura el trabajo de los funcionarios.
Asimismo, Ferrero solicitará al Parlamento que se creen tres cargos más de fiscales suplentes —en el entendido de que son muchas veces igual de relevantes que los titulares, pues en algunos casos lideran casos mediáticos, como los del intendente Guillermo Besozzi y el exsenador Gustavo Penadés— y una nueva fiscalía para instalar en el interior, donde solo existen turnos únicos —que en casi todos los casos deben encargarse de todas las materias— y el servicio se "resiente" cuando el fiscal titular se enferma o sale de licencia. Una posibilidad que evalúa la jerarca, dijeron los informantes, es reforzar la ciudad de Toledo (Canelones).
Finalmente, en la Fiscalía jerarquizan que el mensaje presupuestal también incluye una propuesta de equiparación de los salarios de los fiscales con los de los jueces, un largo reclamo que viene llevando adelante desde hace años la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), y que se basan para ello en lo dispuesto por la ley orgánica que creó la Fiscalía —y otra norma que dispuso el aumento salarial de sus colegas, pero no para ellos.
La diferencia entre lo que ganan los fiscales y los magistrados del Poder Judicial —a valores del período pasado—, dijo a El País el presidente de AMFU, Willian Rosa, ronda los $ 44 millones por año.
Y es un tema que estuvo arriba de la mesa cuando el presidente Yamandú Orsi y el secretario Alejandro Sánchez recibieron al gremio este año para discutir algunas de sus demandas.
"Sánchez nos dijo que comprendía cabalmente la situación", dijo Rosa al respecto.
Por este tema, desde la Fiscalía señalaron que una "mayoría" de fiscales han iniciado juicios contra el Estado.
El mensaje de Oddone
En una conferencia de prensa que se hizo luego del Consejo de Ministros, donde el gobierno presentó los lineamientos del Presupuesto, el ministro Gabriel Oddone se refirió a la creación de al menos "una fiscalía de cibercrimen" y otra para Ciudad de la Costa, como parte de la iniciativa del Poder Ejecutivo.
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