Mientras el presidente de Argentina, Javier Milei, decretó la reforma del Estado al eliminar ministerios y mantener solo nueve carteras más tres secretarías de rango ministerial, los principales partidos y precandidatos a la Presidencia de Uruguay están en líneas generales de acuerdo en que hay que crear otra cartera, un decimoquinto ministerio, el de Justicia, aunque discrepan sobre su rol.

Al ser consultado sobre una gran reforma en un eventual nuevo gobierno de esta coalición, Álvaro Delgado, el precandidato blanco con mayor intención de voto, respondió el 3 de diciembre a El País que “en principio” es “partidario de la creación de un Ministerio de Justicia” que se encargaría de la Fiscalía y las cárceles.

La propuesta de su creación fue aprobada, por otro lado, una semana después por el Congreso Extraordinario del FA, y también estuvo incluida en el paquete de 15 medidas que Interior presentó a los partidos políticos con representación parlamentaria este año, aunque la iniciativa no será tratada en 2024, sino, seguramente, un año después, al inicio del próximo gobierno.

La postergación se debe a que el presidente Luis Lacalle Pou no quiso agrandar más el Estado en este período, a que no hay consenso sobre el alcance de la cartera ni siquiera dentro del Partido Nacional, y además a que genera controversia con Cabildo Abierto.

Mientras que Delgado y el exministro del Interior Luis Alberto Heber, asesor de la precandidata blanca Laura Raffo, han dicho que encargarían a la nueva cartera la supervisión institucional del sistema carcelario, el senador Jorge Gandini reclama separar ambas discusiones. El precandidato del sector Por La Patria dijo a El País que “hay que estudiar bien y trabajar bien la posibilidad de que exista un Ministerio de Justicia para colocar allí una serie de servicios”, pero aclaró que no está de acuerdo en que este “surja como una solución para sacarle al Ministerio del Interior el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)”, que hoy se encarga de la gestión carcelaria.

“Todos sabemos que (el INR) no puede estar a cargo de la Policía, aunque tenga funcionarios civiles como los operadores penitenciarios; hay que ponerlo en otro ámbito, pero, cuando se dice dónde, empieza a pensarse en el Ministerio de Justicia. Entonces, como que el Ministerio de Justicia va más al influjo de ser el responsable de los propios presos que a ser un Ministerio de Justicia”, dijo Gandini, que discrepa en esto con Delgado, Heber y la oposición. El legislador propone “pensar objetivamente, abstractamente”, y considera un tema aparte ver “qué hacemos con el INR”.

En el documento elaborado por la Comisión Nacional de Programa del FA, en tanto, en el subtítulo “Convivencia pacífica, seguridad y combate a la criminalidad”, aprobado el 10 de diciembre por el Congreso Extraordinario, se propone “impulsar la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con capacidad para diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI, para fortalecer la especificidad de los poderes del Estado y dotar de un mejor orden institucional a diversas competencias que hoy aparecen dispersas y deficientemente articuladas (incluyendo derechos humanos, cárceles, registros públicos, coordinación con los servicios descentralizados con competencia ante los órganos jurisdiccionales, estadísticas de criminalidad, política antilavado de activos, entre otras que se puedan evaluar pertinentes)”.

Al conocerse la noticia de su inclusión en el programa del FA, el abogado y precandidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, señaló que “esto es exactamente” lo que él propuso en la mesa interpartidaria formada por Interior y señaló que Gustavo Leal, delegado allí por la oposición, “se negó rotundamente a acompañar”. Además, agregó que a la oposición “le importan más las paternidades que las necesidades de la gente”.

Ojeda había apuntado contra Delgado por sus declaraciones a El País, al pedirle que actúe ahora con la creación del Ministerio de Justicia y no en el próximo mandato: “Hagámoslo ya”, reclamó en declaraciones a radio Universal, y advirtió que las mayorías parlamentarias están aseguradas en este período. De todas maneras, la cartera podría ponerse en marcha recién en el próximo gobierno, siempre y cuando el Parlamento le apruebe su presupuesto.

¿Por qué no se avanza en una ley de creación de la cartera si hay cierto acuerdo interpartidario sobre su necesidad? Porque no hay consenso sobre el destino de la conducción de las cárceles y porque algunas voces se han mostrado críticas al respecto. Es el caso del senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, que ha planteado que “no es momento de hacer cambios cosméticos”.

En cuanto a las discrepancias dentro del Partido Nacional sobre el alcance de un futuro ministerio, Gandini alertó, a diferencia de sus correligionarios, que el INR no debe depender del Ministerio de Justicia, sino que “se debe crear un servicio descentralizado especializado, como cuando se creó el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) separando del INAU la tarea de los menores infractores”, lo que “dio buen resultado”. El Inisa depende hoy del Ministerio de Desarrollo Social. Para el senador blanco, con el INR hay que hacer “algo parecido”. Para él, dónde se ubicará institucionalmente “es un tema no tan importante, el asunto es que haya un servicio especializado en rehabilitación”.

Los dos precandidatos con mayor intención de voto del Frente Amplio, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, dieron una entrevista juntos a La Diaria publicada el 2 de abril de 2022 en la que la intendenta de Montevideo planteó que “hay que ir hacia un Ministerio de Justicia”. El intendente canario contestó al respecto: “Sí, sí. Ministerio de Justicia, de acuerdo”. Y Cosse agregó: “Son cosas que desde el punto de vista institucional te dan un marco, porque las cárceles, si siguen así... ¿De qué educación hablamos?”