Lo que evaluó el gobierno para pronunciarse tras el ataque a Venezuela y el rol que busca jugar en el conflicto

La sustracción de Maduro en la incursión militar de Estados Unidos en Caracas llevó a Orsi a plantearle a Pedro Sánchez la necesidad geopolítica de apurar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Orsi en consejo de ministros por tema Venezuela
Orsi. Sostuvo que su gobierno adhiere a la postura histórica del país contraria a la intervención de un Estado en los asuntos de otro.
Foto: Presidencia.

Todos los pasos que ha dado el gobierno uruguayo luego de conocerse la captura de Nicolás Maduro, en su casa de Caracas, por parte de las fuerzas armadas norteamericanas, y de los anuncios sucesivos del presidente Donald Trump sobre el futuro político de Venezuela —sujeta a los Estados Unidos, aunque con el régimen chavista aún en funciones— han sido todo lo “ordenados” que podían ser, a criterio de la administración de Yamandú Orsi.

Es decir, evitando todo lo posible cualquier apresuramiento con los pronunciamientos que, en el correr de las horas este fin de semana, el gobierno del Frente Amplio fue expresando.

Lo que buscaron desde un inicio en el Poder Ejecutivo, y en la Cancillería que dirige Mario Lubetkin, fue dar tres pasos bien concretos y encadenados. El primero, el sábado a la mañana, consistió en la declaración emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en lo medular marcó el histórico rechazo de Uruguay a toda “intervención militar de un país en territorio de otro”, como ocurrió en la madrugada del 3 de enero con el espectacular operativo comando estadounidense en Caracas y estados aledaños —lo que implicó, además de la sustracción de Maduro y la aniquilación de sus custodias, bombardeos a bases y activos de las fuerzas armadas chavistas, dejando un saldo de unas 80 víctimas—. Uruguay también pidió, en esta primera salida, “respetar” lo que establece la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, y que en definitiva “los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

Aquí, dijeron fuentes del Ejecutivo a El País, estaban básicamente condensados todos los elementos del posicionamiento de Uruguay, que no obstante se reforzaron con un tuit del propio Orsi al mediodía del sábado —en el que se volvió a rechazar la “intervención militar” y se abogó de nuevo por “la búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana"—, con lo formulado por el mandatario el domingo, luego de reunir a su gabinete para consensuar y definir una breve declaración de prensa, y la posterior adhesión a un comunicado conjunto firmado por países de gobiernos progresistas —y considerados “de los más poderosos de la región”, al decir de un integrante del gobierno—, como México, Brasil, Chile, Colombia e incluso España.

Todos los pronunciamentos coincidieron siempre en los mismos postulados, que Orsi resumió cuando, al dirigirse a los medios, puntualizó que Uruguay procura mantener una postura histórica, forjada en 1965, cuando este país integraba el Consejo de Seguridad de la ONU y rechazó la invasión norteamericana a República Dominicana. Esto significa una explícita defensa del principio de “no intervención de ningún país en los asuntos de otro”, de “solución pacífica de las controversias”, de “igualdad soberana entre los países”, del mantenimiento del derecho internacional, y de “defensa permanente” a la “convivencia y la vida democrática”, un punto agregado por este gobierno.

A la declaración conjunta, por otra parte, Uruguay se plegó luego de analizarla y observar que “no había mucha diferencia” con lo ya formulado por el gobierno, aunque este texto avanzaba en aspectos más concretos, como la oposición a “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos".

Ahora bien, como siempre en diplomacia, todo lo suscrito y lo omitido tiene una razón de ser. Para el gobierno uruguayo, por ejemplo, no haberse plegado a ninguna manifestación de condena explícita al “imperialismo norteamericano” o contra la figura del dictador responde a algunos objetivos estratégicos.

En primer lugar, dijo una fuente oficial, porque Uruguay pretende ser un “facilitador de paz”, una línea que se buscó seguir desde el primer día y que ahora encuentra una oportunidad propicia para demostrarse, razonan en el gobierno. Para encontrar ese rol, es clave “justamente, tener estas posiciones” de equidistancia.

De otro lado, respecto a la omisión del derrocamiento del dictador, el gobierno también valoró que la posibilidad de que “un país pulverice a otro” era un hecho “más grave”, y que eso debía ser enfatizado.

“Buscamos ahora propiciar el diálogo en todos los ámbitos, para ser consecuentes con lo que establecimos por escrito”, señalaron desde el Ejecutivo, donde se es consciente del frágil papel que juega Uruguay en el concierto internacional y, por tanto, de la importancia de posicionar al país como un Estado que puede marcar la diferencia por su solidez institucional, su moderación política y su histórico apego a los valores democráticos y pacifistas.

Necesidad de apurar acuerdo

Durante las frenéticas comunicaciones que la diplomacia suele llamar como “del más alto nivel”, Orsi dialogó con varios jefes de Estado, incluyendo al español Pedro Sánchez, tal como informó El Observador. Fuentes al tanto de ese diálogo señalaron a El País que, además, Orsi le planteó a Sánchez que el ataque norteamericano y la crisis generada en la región no hacía más que reforzar, geopolíticamente hablando, la necesidad de que el Mercosur y la Unión Europea concreten el dilatado acuerdo comercial, una firma que el viejo continente, una vez más, pidió postergar por algunas semanas a fines del año pasado.

Posición del canciller

Lubetkin reconoció en la Celac las "enormes dificultades" del bloque para fijar postura; la situación "no es política, sino de principios", declaró

El domingo, como parte de los mecanismos multilaterales que se activaron en respuesta al ataque, sesionó una cumbre extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), una alianza integrada por 33 países, quienes no se pusieron de acuerdo para suscribir una declaración final.

De todas formas, sirvió en muchos casos para que los Estados volvieron a fijar sus posiciones, como hizo Uruguay, con la intervención del canciller Mario Lubetkin, quien entre varios puntos dejó en claro cuál es la actual relación bilateral que tiene Uruguay con el gobierno venezolano: inexistente. Pero Lubetkin fue algo más allá al referirse a ese tema. "Independientemente de la relación bilateral que hoy el gobierno uruguayo tenga con el gobierno venezolano, independientemente de nuestra postura, ya conocida, respecto del no reconocimiento de los resultados de las elecciones nacionales en Venezuela del 28 de julio de 2024, lo que sucedió ayer en territorio venezolano —sostuvo el canciller, de acuerdo al discurso leído en la cumbre, y al que accedió El País— fue una violación del Derecho Internacional y de los Principios más básicos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas".

Por eso es que para Uruguay esta situación "no es política, sino de principios", porque lo que ocurrió, a criterio del gobierno de Yamandú Orsi, sienta "un precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional y pueden poner en riesgo a la población civil". "Reafirmamos en este sentido el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz y libre de armas nucleares, que ha sido un consenso de la Celac desde 2014", agregó el ministro de Relaciones Exteriores, quien también subrayó que, para este gobierno, "la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por medios pacíficos, respetando la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, pero sin injerencias externas y en apego al derecho internacional", y mediante "un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos", única manera de "conducir al restablecimiento del orden democrático de manera sostenible".

Respecto a la discordia interna del bloque, el canciller reconoció que había "enormes dificultades" al respecto, pero que al margen de ese problema era "importante mantener este espacio de diálogo y consulta, propósito fundacional de la Celac y de los procesos de integración regional precedentes".

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