LA LUC EN MARCHA

Durante diez horas un grupo de 18 legisladores de la coalición de gobierno recibió ayer a cinco ministros para comenzar a analizar la ley de urgente consideración (LUC). Además, estuvo el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, redactor del proyecto.

Empezaron por ministerios con mucha presencia en la agenda política: Interior, Educación, Economía, Industria y Ganadería. La reunión comenzó a las 10:00 de la mañana y finalizó pasadas la hora 20:00. Si bien hubo acuerdo en la mayor parte de los temas, en otros los socios marcaron sus diferencias, según explicó el senador blanco Jorge Gandini.

“Hay aspectos en los que no hay inconvenientes, en otros aspectos hay dudas, propuestas y discusión. No es demasiada cantidad ni muy relevantes. Se fueron procesando caminos de negociación”, dijo el senador.

Uno de los temas que generó mayores diferencias fue el de la desmonopolización de los combustibles. “Se puede acordar que no tenemos acuerdo y lo podemos retirar. Las matemáticas son muy importantes, si no tenemos mayoría no vamos a dar batallas perdidas. Creemos en el artículo de la desmonopolización porque persigue el objetivo de bajar los combustibles, si hay otra forma lo podemos analizar”, dijo Gandini.

El diálogo entre ministros y legisladores se extendió durante horas y se terminó acordando la creación de grupos de trabajo para los grandes temas del proyecto de ley. En principio, participan diez diputados y ocho senadores, lo que se conoce en la jerga parlamentaria como el “G-18”. Se trata de los legisladores de la coalición que fueron designados para integrar las comisiones especiales de ambas cámaras que tratarán el proyecto que hasta el momento tiene 501 artículos.

“Hubo intercambios largos. Este no es un texto sagrado ni tiene que salir tal como lo envió el Poder Ejecutivo. Estamos buscando caminos de entendimiento. Es un trabajo inédito que nos pone a prueba”, afirmó Gandini.

Los ministros defendieron ante los legisladores los artículos de su especialidad. “En la mayor parte de los temas los ministros convencieron porque tienen buenas razones”, insistió Gandini.

Además, anunciaron que presentarán propuestas que no están en la ley, pero se irán sumando, una de ellas tiene que ver con la forma en que tributan las empresas pequeñas, en particular las que están dentro del llamado literal “E”, que pasarán a aportar de acuerdo a la facturación, según anunció la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

“Hoy la ley faculta al Poder Ejecutivo a establecer un decreto mediante el cual las empresas más pequeñas, lo que llamamos el literal E, a partir del año 2021 podrían pasar a tributar de acuerdo a lo facturado”, dijo la ministra en conferencia de prensa tras la reunión con los legisladores.

“No está en la ley, pero se habilita al Poder Ejecutivo a que por decreto establezca estas características para el pago del literal E, es decir, que la tributación esté relacionada con la facturación”, comentó. Arbeleche remarcó: “Hoy nuestro foco está en apoyar particularmente a las empresas más pequeñas, que son aquellas que si se caen, si tienen que cerrar, después va a ser mucho más difícil que vuelvan a abrir”.

“Estamos pensando que si el motor se apaga después volver a prender este motor es mucho más complejo”, reiteró Arbeleche, quien desde que comenzó la pandemia en Uruguay alertó que “no se pueden parar los motores de la economía” uruguaya.

Arbeleche manifestó que las modificaciones planteadas en la ley de urgencia buscan generar una “nueva institucionalidad fiscal que tiene que ver con la implementación de una regla fiscal, que nos permita recuperar la credibilidad fiscal que hemos perdido en los últimos años”.

Por su parte, el ministro de Industria, Omar Paganini, manifestó que se requiere la creación de incentivos para mejorar la eficiencia de Ancap. “El objetivo es pasar a un esquema donde haya incentivos para bajar los costos de los combustibles”, dijo.

Además, mencionó que la compañía vive “un momento difícil” por la crisis. Indicó que el consumo de gasolina “cayó hasta casi un 60%”, producto de la caída de actividad debido a la pandemia.

Además, indicó que el consumo “se está recuperando”, y ahora la contracción es “de poquito más de 40%, comparando con la misma época del año pasado”.

Respecto al consumo de gasoil, el ministro dijo que “cayó un poco más del 20%, ahora está alrededor del 15%”. Mirando la perspectiva de 2020 para Ancap, señaló que “sin duda va a ser un año difícil para la empresa”.

El ministro de Educación, Pablo da Silveira, recibió la aprobación en la mayor parte de los temas que propuso.

Consultado sobre el regreso a clases en instituciones privadas, el ministro Da Silveira dijo que es un tema que les preocupa “enormemente”, y que conocen las “dificultades” del sector.

“Poder conciliar la seguridad sanitaria con un regreso paulatino, controlado y seguro a clases es un tema que está en nuestra agenda, que vamos a ir avanzando en la medida que podamos”, dijo Da Silveira.

Por otro lado, sobre el plan de regreso a clases en mayo de las universidades privadas dijo que es un planteo que se está considerando. “Estamos haciendo las consultas técnicas correspondientes dentro del Ministerio de Educación y una vez que tengamos claro eso haremos las consultas al Ministerio de Salud Pública y esperamos estar dando una respuesta en estos días”, dijo.

Hoy se inicia formalmente el tratamiento de la ley de urgente consideración en el Senado. El Frente Amplio presentará una moción para que se le retire justamente ese rótulo por el cual se debe estudiar en un plazo acotado de 45 días en la primera Cámara y de 30 en Diputados.

La definición se adoptó ayer en una reunión de bancada, sobre la base de considerar que la iniciativa del Ejecutivo “representa un verdadero avasallamiento a la democracia y al sano intercambio que debe tener este Parlamento Nacional”, según se justifica en el texto de la moción que presentará hoy en sala el Frente a la que tuvo acceso El País.

Para hacer tal afirmación, la izquierda sostiene que existe “un abuso de las vías constitucionales”, dado que entienden que la facultad extraordinaria del Poder Ejecutivo para enviar un proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento “es de uso restringido y excepcional para situaciones que así lo demanden”.

“La urgencia real es la única determinante para proceder a limitar las garantías parlamentarias, renunciando a una discusión con la mayor amplitud democrática. Por tanto, afirmar que lo urgente refiere al procedimiento de aprobación y no a la urgencia de los contenidos, significa una clara distorsión del instituto, un verdadero atajo jurídico para imponer de manera rápida y soterrada una agenda política, cuasi refundacional”, agrega la bancada parlamentaria del Frente Amplio.

Asimismo, sostienen que discutir más de 500 artículos que abarcan los temas más diversos temas en apenas 75 días constituye una “afectación” a la democracia. A eso agregan que “llama la atención” que no se incorporarán medidas para enfrentar la crisis sanitaria que se vive por el COVID-19.

Luego de exponer sus razones, la izquierda concluye que “no existe mérito alguno para que este proyecto de ley sea declarado de urgente consideración y para garantizar un verdadero debate democrático”, por lo cual hoy se pedirá en sala retirarle tal rótulo. Esta moción no tiene los votos como para ser aprobada, ya que la mayoría del Senado está hoy en manos de la coalición (partidos Nacional, Colorado, Independiente y Cabildo Abierto ).

Partido de la Gente propone un monitoreo de juicios al Estado

En un documento entregado a los socios de la coalición, el Partido de la Gente pidió incluir dentro de la ley de urgente consideración la aplicación de multas a las personas que agredan física o verbalmente a los conductores del servicio de pasajeros.

El artículo 17 de la LUC establece una multa de hasta 80 Unidades Reajustables a los que agredan a trabajadores de la educación y de la salud, por lo que el diputado Daniel Peña (Partido de la Gente) pidió su ampliación. Para que se aplique, la única condición es que la violencia se produzca en momentos donde se está ejerciendo la función.

Por otro lado, el legislador planteó la necesidad de que la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Amepp) -que se creará en la órbita de Presidencia- realice un seguimiento de los juicios que se le hacen al Estado.

Para solicitar este cambio en la LUC, Peña sostiene que hay un “sensible aumento de sentencias desfavorables en juicios promovidos contra distintos organismos, servicios descentralizados y empresas públicas (...) La finalidad de esto es no es solo la auditoría sino además informar y aconsejar modificaciones o políticas preventivas, para evitar que se repitan este tipo de demandas y las condenas que se sucedan”, explica el documento. En tanto, pide que como competencia de la agencia se agregue un relevamiento de los bienes del Estado, ya sean inmuebles o vehículos.