CRUCE POLÍTICO

Llegó el día: hoy el presidente Luis Lacalle Pou enviará al Parlamento la iniciativa más importante de su mandato: la ley de urgente consideración (LUC). Una comisión especial de 15 miembros analizará cada uno de los 502 artículos del proyecto, que según un informe del Frente Amplio es “inconstitucional”.

La comisión especial para el tratamiento de la LUC se compone de 15 miembros. Por el Partido Nacional participarán: Gustavo Penadés, Jorge Gandini, Sergio Abreu, Carmen Asiaín y Sergio Botana. Por el Partido Colorado el senador Adrián Peña y otro legislador a definir, mientras que por Cabildo Abierto asistirá el senador Guillermo Domenech. A nivel del Frente Amplio la comisión estará integrada por Danilo Astori (actualmente con licencia), Amanda Della Ventura (Vertiente Artiguista), Charles Carrera (MPP), Óscar Andrade (PCU), Mario Bergara (Fuerza Renovadora), Daniel Olesker (PS) y Eduardo Bonomi (MPP).

Formalmente se le dará ingreso al Senado la semana próxima, pero los plazos empiezan a correr 24 horas después de la fecha en que remita la iniciativa el presidente. Hay un antecedente del año 1986 en ese sentido y ayer se les informó a los partidos. Los senadores tienen 45 días para el estudio y los diputados 30.

El Frente Amplio cuestionó el proyecto por enviarse en medio de la pandemia y también por su contenido, que se considera una “ley ómnibus”. Della Ventura dijo a El País que la primera discusión que se dará en el Parlamento es sobre la constitucionalidad de la ley y la conveniencia de la misma.

El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo a El País que “hay serios reparos de constitucionalidad, porque en realidad estamos hablando de una ley que no es una sola, sino que son una veintena de leyes que afectan 50 o 60 leyes más”.

Sobre la inconstitucionalidad alertó en un informe elaborado para el Frente Amplio, el constitucionalista José Korzeniak. Para el senador, una solución es desglosar lo urgente y el resto estudiarlo aparte.

No se desestima a nivel del Frente recurrir el conjunto de lo aprobado por la vía del referéndum. “Para nada lo descartamos”, aseguró Rubio. En relación a los temas, preocupan las reformas del Código Penal y del Proceso Penal, cambios en el gobierno de la educación, modificaciones de la inclusión financiera y la desmonopolización de Ancap.

José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), que está ejerciendo como senador en lugar de Astori, dijo a El País que el Ejecutivo al promover una ley de urgente consideración “se busca evitar un debate profundo sobre los temas”. “La metodología que utilizó Lacalle está inspirada en la poca estabilidad de la coalición de gobierno, porque tienen miedo que dure menos de lo que inicialmente pensaban”, señaló. De los contenidos opinó que hay temas como la desmonopolización del combustible o los cambios educativos que se deberían tratar en leyes aparte.

Consultado sobre la posibilidad de convocar a un referéndum en contra de la ley, Mahía dijo que no se discutió dentro de la bancada. “Aún no se planteó”, concluyó. El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo explicó que se usaría el mecanismo de referéndum “si no se tiene en cuenta la opinión del FA” en temas como el monopolio de Ancap, la soberanía en telecomunicaciones o el derecho a huelga. “Es una posibilidad, pero tiempo al tiempo”, agregó.

En el informe de Korzeniak, al que accedió El País, se indica que el envío de una ley al Parlamento que trata prácticamente todos los temas del país “no solo es formalmente inconstitucional, sino un verdadero exabrupto jurídico”.

Parte de la base que el numeral 7° del artículo 168 de la Constitución dice que el Ejecutivo no podrá enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultánea. “¿Cómo ha procedido el Ejecutivo para violar esa prohibición de manera flagrante? Por la manera indirecta de introducir varios proyectos en uno solo, tratando de aglutinar en una ley ómnibus”, contesta Korzeniak. En tal sentido, aconseja plantear desde el inicio “su invalidez total, por defectos jurídicos de inconstitucionalidad que existen en la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo”.