INFORME

Ancap, derribo, pagos en efectivo: las diferencias de los colorados con ley de urgencia

El senador colorado Adrián Peña entregó un documento con comentarios sobre algunos de los artículos del proyecto de la ley de urgente consideración. 

Adrián Peña. Foto: Francisco Flores
Adrián Peña le entregó un informe a la vicepresidenta de la República sobre la ley de urgencia. Foto: Francisco Flores

El proyecto de ley de urgente consideración ingresará al Parlamento el próximo jueves. En la tarde de este lunes el senador colorado Adrián Peña le entregó a la vicepresidenta Beatriz Argimón un informe con la posición de su partido político con respecto a algunos artículos.

En relación al artículo sobre la derogación del monopolio de la "importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo" se expresa que se debe eliminar. "El aditivo al artículo sobre desmonopolización no cambia el fondo de la cuestión", se explica en el documento.

Luego, sobre las manifestaciones se hace mención al artículo 398 donde dice que "el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga". Uno de los pedidos del Partido Colorado es agregar un "inciso al final que clarifique que será el Poder Ejecutivo el que tomará las acciones para garantizar el ejercicio pacífico de la huelga". 

Por otra parte, también plantean la modificación de los artículos 116 y 118 donde se habla del derribo de aeronaves. El proyecto actual dice que será el presidente quien dé la orden. Sin embargo, los colorados se oponen ya que la autorización debería provenir del Poder Ejecutivo. 

"La Presidencia es un órgano de competencia cerrada que no se encuentra sometido al contralor parlamentario. El mando superior de las Fuerzas Armadas y el encargado de preservar el orden y la tranquilidad en el interior es el Presidente, actuando con el ministro o ministros respectivos (art. 168 CN). Por tanto, la orden debe emanar del Poder Ejecutivo en todos los casos", se explica. 

Dentro de la sección de Economía, se sugiere que para la opción de cobro de los honorarios profesionales (artículo 216) en efectivo el tope sea de US$ 100.000.

En el plano de la educación, se considera el artículo 195 un "retroceso grave en la institucionalidad de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación".

Dicho artículo establece: "Al Poder Ejecutivo le compete la fijación de los lineamientos políticos y estratégicos en materia de ciencia, tecnología e innovación. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación se comunicará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. El Poder Ejecutivo aprobará el Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI)".

Por último, en referencia a los artículos 267 y 268 del capítulo Modificación del régimen jurídico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), se estipula: "No votar. Son nuevos en la LUC, no estaban en el compromiso por el país. Son de una envergadura tal que deben ser tratados en una ley macro de regulación de telecomunicaciones".

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