TRAS MODIFICACIONES

Ley de urgencia derogará norma que obligaba a equiparar descuentos para pagos en efectivo y con débito

El lunes pasado el proyecto de ley de urgente consideración sufrió modificaciones luego de una reunión entre parte de los senadores de la coalición multicolor.

Pesos uruguayos. Foto: archivo El País
La ley de inclusión financiera se aprobó en 2014. Foto: archivo El País

El proyecto de ley de urgente consideración incluye desde ayer un artículo que busca derogar otro de la ley de inclusión financiera. En la ley n° 19.210 se establece que los proveedores y comercios que acepten tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico, cuando aplican un descuento, no puede ser menor en comparación con el que se hace en efectivo. 

¿Qué significa esto? Un comercio no pude ofrecer un 10% de descuento para pago en efectivo y un 5% con tarjetas de débito. Los porcentajes deben ser iguales o, en todo caso, uno mayor para el caso de la tarjeta.

Además, en la ley que se aprobó en 2014 se establece que "cualquier promoción que ofrezca beneficios, monetarios o no, a los consumidores" para el pago en efectivo, "deberá extenderse a los pagos realizados con tarjeta de débito o con instrumento de dinero electrónico".

El senador por el Partido Nacional Jorge Gandini en el programa Informativo Carve de Radio Carve informó que ayer se incluyó en el proyecto de ley de urgente consideración un artículo que derogaría dicha normativa. 

El senador, sobre el vínculo entre los comerciantes y las entidades financieras de aprobarse el cambio, expresó que "quedará en el libre juego de las partes" qué suceda. 

El proyecto de ley de urgente consideración sufrió varias modificaciones ayer lunes. Los senadores de la coalición multicolor y, que integran la comisión especial de la Cámara Alta para analizar el proyecto, acordaron retirar 35 artículos e incluir 330 sustitutivos, que implican "cambios formales".

Otro de los cambios que se hizo ayer fue en relación a la regulación de áreas protegidas en Uruguay. Gandini informó que ya no se pedirá el consentimiento al propietario para proteger esas áreas y "se introduce al gobierno departamental" en la decisión. "Hay preocupación por parte de propietarios de tierra de que se nombren áreas protegidas con un criterio tan amplio que se perjudican áreas productivas", agregó. 

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados